El presidente del Cabildo subraya que la sentencia en respuesta a un recurso de Podemos, reafirma los objetivos defendidos desde La Gomera para lograr una planificación turística centrada en un modelo de crecimiento sostenible y que permita el desarrollo socioeconómico de la Isla.

Casimiro Curbelo recuerda que la importancia de la norma radica en que se adecúa a las necesidades que presentan las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, valoró este miércoles la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la Ley de Islas Verdes, después de que 50 diputados del grupo parlamento de Unidos Podemos – En Común Podem y En Marea, presentarán un recurso de inconstitucionalidad sobre el articulado de dicha ley.

Para el dirigente gomero, el pronunciamiento del TC ratifica la postura defendida desde las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro para dotarlas de una normativa que recogiera sus singularidades en materia de desarrollo turístico desde la sostenibilidad y el avance socioeconómico. “Este nuevo espaldarazo a la Ley de Islas Verdes es una garantía para seguir en el camino de la diversificación del tejido económico insular y la puesta en marcha de proyectos sostenibles”, apuntó.

Explicó que este hecho supone una garantía para aquellos proyectos inversores que ven en La Gomera un buen lugar en el que poner en marcha sus iniciativas. “La sentencia de unas garantías jurídicas que, sin duda, repercutirán en el desarrollo de iniciativas turísticas acordes a la Isla”, comentó Curbelo.

La decisión del Constitucional mantiene los instrumentos de Planificación Singular Turística y respeta la implantación de hoteles rurales y casas rurales en cualquier tipo de suelo rústico. Asimismo, Curbelo aclaró que las enmiendas presentadas por ASG a la Ley del Suelo para modificar la Ley Islas Verdes se mantienen, garantizando, por ejemplo, el establecimiento del alquiler vacacional en La Gomera.

Además, señaló que esta norma supone una herramienta para la generación de empleo y riqueza en la Isla, permitiendo un modelo turístico competitivo, que apuesta por la excelencia y la calidad a través de la preservación de los valores naturales y ambientales, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de los gomeros.

Por último, aludió al desarrollo social y demográfico “razonable” que permite la Ley en aquellas islas donde sus características demográficas impiden el fomento de otras actividades económicas, “permitiendo el incremento de oportunidades laborales y de bienestar para los que viven en ellas”.