La  paralización  de  las  mesas  de  negociación  ha  bloqueado asuntos de igual relevancia para las empleadas y empleados públicos.

En reunión mantenida en la pasada semana y en su condición de sindicatos más  representativos  en  el  sector  de  las  Administraciones  Públicas,  las centrales sindicales CSIF, UGT y CCOO, han valorado la situación de bloqueo en  la que está  inmersa  la  negociación  colectiva  en el ámbito  de la Administración General del Gobierno de Canarias. Los grandes asuntos que, por  su  transcendencia,  han  de  ser  tratados  en  las  respectivas  mesas  de negociación,  han  quedado  estancados  y  pendientes  con  la  convocatoria  de huelga  planteada,  a  mediados  del  mes  de  diciembre  pasado,  por  los sindicatos SEPCA, IC y COBAS, y la plataforma PEFRALCA.

Sin  entrar  a  valorar  las  cuestiones  reivindicativas  planteadas  por  el  Comité de  Huelga  en  este  conflicto,  del  que  nos  hemos  mantenido  al  margen,  si debemos  ser  críticos  de  su  efecto  en  el  colapso  que  está  afectado  a  la negociación  de  otros  grandes  asuntos  que,  por  sus  antecedentes  y consideraciones de interés general, se extienden al ámbito de la población en su  conjunto  de  empleadas  y  empleados  públicos  de  la  administración general.

Las tres centrales sindicales han confluido en instar a la Dirección General de Función  Púbica  la  convocatoria  de  la  Mesa  General  de  Negociación  de Empleados Públicos, como órgano de representación y de negociación de las materias  referidas  a  las  condiciones  de  trabajo  sociales  y  económicas  del personal funcionario y laboral en general.

La implantación progresiva del teletrabajo en el sector público ha  tenido un doble efecto, por un lado, una de las medidas tomadas en el control sanitario contra  la  propagación  del  coronavirus  Covid-19,  y,  por  otro  lado,  la prestación  de  los  servicios  públicos  y  facilitando  la  actividad  administrativa con cierta normalidad, en la que, siendo realistas, la improvisación salvó a la carencia, en ese momento, de su reglamentación.

El teletrabajo como modalidad se ha incorporado como una más a las rutinas diarias  con  las  que  las  Administraciones  Públicas  prestan  sus  servicios  y, como cualquier otra, requiere de su reglamentación específica, teniendo para ello  marcada  como  fecha  límite  el  día  31  de  marzo de  2021.  Por  lo  que  no podemos admitir que cualquier conflicto, como es el caso de esta huelga, se utilice por las partes en un obstáculo en la negociación colectiva.

Quedan  pendientes  y,  tal  vez,  en  la  misma  mesa  del  mismo  despacho, asuntos de igual trascendencia como el impulsar, antes de finalizar el primer semestre de este año, las convocatorias de los procedimientos para cubrir los puestos  de  trabajo  por  el  sistema  de  concursos  de  méritos  entre  las empleadas  y  empleados  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias.

Igualmente,  debemos  recordar  que,  junto  a  estos  procesos,  aún  están pendientes  de  finalizar  algunos  procesos  selectivos  para  la  incorporación  de nuevo personal con el que se podrá descargar el peso de trabajo que se está soportando  administrativamente  por  el  actual  personal  ante  la  carencia  de estos efectivos.

El  derecho  a  huelga  es  incuestionable  y  como  sindicalistas  lo  respetamos hasta  el  punto  de  que,  sin  ser  una  de  las  partes  implicadas,  nos  hemos mantenido  al  margen  en  este  conflicto.  No  obstante,  el  ejercicio  de  este derecho  no  debe  de  ser  un  obstáculo  para  que  las  centrales  sindicales ejerciten su acción sindical.

En  lo  referente  a  las  ofertas  públicas  de  empleo  para  la  reducción  de  la temporalidad  en  la  Administración  General  de  Canarias  que  se  deberán  de aprobar  con  anterioridad  al  31  de  diciembre  de  2021,  las  tres  centrales sindicales concurrimos en la opinión de impulsar estas ofertas y no perder la oportunidad que, con su carácter de extraordinarias, se nos brinda.

Con  la  aprobación de  estas  ofertas  se  determinarán a  quiénes  van dirigidassin entrar en otras valoraciones tendentes a vincularlas a procesos selectivos, ya que, para definir estos sistemas tendremos, al menos, tres años desde su aprobación.  Pero,  es  más,  sí  por  cualquier  circunstancia  se  produjera  un cambio  legislativo  a  favor  de  este  colectivo,  el  tener  aprobadas  estas  OPES nos  permitirá  identificar  al  personal  temporal  que  será  beneficiario  de  esta nueva regulación.

Estas OPES extraordinarias tienen un doble efecto sobre el personal temporal no  fijo  acogido  a  ellas,  en  un  primer  lugar,  facilitar  a  este  colectivo  la negociación  ante  la  Administración  de  unos  procesos  acorde  a  sus circunstancias  laborales,  primando  la  antigüedad  y  la  experiencia  adquirida en la administración pública. Y por el otro, blindar a este colectivo evitando que estas plazas sean objeto de ser incluidas en ofertas públicas ordinarias, o, en su caso, motivos de ser amortizadas.

En  consecuencia,  las  centrales  sindicales,  instan  a  la  Dirección  General  de Función Pública a convocar, con carácter de urgencia, a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos reactivando con ella la normalidad en la negociación  colectiva  y  teniendo  como  puntos  a  tratar  en  la  misma  los asuntos  anteriormente  relacionados  que  por  su  interés  son  del  ámbito  y  de extensión  a  la  totalidad  de  las  empleadas  y  empleados  públicos  de  la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.