En opinión de Comisiones Obreras los centros educativos necesitan más recursos materiales y humanos, y apoyo por parte de la Administración educativa, y no invadir la intimidad o privacidad de alumnado y profesorado.

La afirmación de la Fiscalía General del Estado, en el Capítulo IV de su Memoria Anual, respecto a que “La gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etc.) podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados (despachos, aulas…)”, ha abierto un debate en la comunidad educativa. Desde CCOO, además de considerar la medida como ineficaz y contraria a las libertades, entendemos que no resuelve el problema de fondo: la falta de recursos humanos y materiales producto de las políticas de recorte de los últimos años.

Según CCOO, hay dos consideraciones importantes que se alejan de los discursos fáciles, que no hacen sino apoyar el actual modelo educativo que propone la LOMCE. La primera consideración es que el modelo educativo extremadamente conservador, que en España representa la LOMCE, ha pretendido convertir las escuelas e institutos en centros de instrucción donde sobreviven los más fuertes y con más recursos, obviando todas las evidencias que demuestran como los centros educativos son, desde hace mucho tiempo, espacios de convivencia y educación colectiva de una extraordinaria diversidad, no exento de los problemas que se producen en cualquier otro espacio social, e integrados en un sistema educativo mucho más amplio en el que interacciona con el espacio familiar y el entorno sociocultural.

La segunda consideración es que el sistema educativo, en este concepto más amplio que anteriormente hemos tenido en cuenta, se ha ido viendo privado, hace ya casi una década, de cualquier recurso material y humano que pudiera haber posibilitado la acción educativa pertinente para prevenir conductas antisociales y gestionar adecuadamente los problemas de convivencia que se originan en el día a día de la actividad educativa.

El Informe de la Fiscalía, al no tener en cuenta estas consideraciones, y al obviar los años de recortes y penurias del sistema educativo, recomienda una medida tan ineficaz como de poco recorrido –colocar cámaras de seguridad en las aulas–, que no va a la raíz del problema y que, además, engorda el corporativismo más negativo y es contraria a las libertades.

Además obvia los pronunciamientos de la Agencia estatal de Protección de Datos sobre el uso de cámaras de vigilancia así como los criterios restrictivos aconsejados para su instalación.

CCOO se declara radicalmente en contra de una medida más coactiva que preventiva y pedagógica, entendiendo que los centros educativos no necesitan cámaras de vigilancia en las aulas, sino más y mejores recursos materiales y humanos; coordinación, colaboración y una interacción positiva con las familias y el entorno sociocultural; y la confianza, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y de la Administración educativa.