Las dos entidades diocesanas han acompañado a unas 4.000 personas migrantes en lo que va de año en las Islas.

Con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de las Personas Migrantes, hoy 18 de diciembre, Cáritas del Archipiélago Canario (Cáritas Diocesana de Canarias y Cáritas Diocesana de Tenerife) queremos aprovechar para poner el foco en algunas vulneraciones de derechos que sufren las aproximadamente 4.000 personas migrantes a las que hemos acompañado este año 2020.

En Canarias, las personas migrantes en situación irregular solo tienen acceso a ayudas puntuales. La solicitud del ingreso mínimo vital queda reducida a aquellas personas con permiso de residencia legal de más de un año. Al ingreso canario de emergencia no tuvieron acceso las familias migrantes en situación irregular ya que, aunque pudieron solicitarlo, se les pidió posteriormente un requerimiento con 20 días de plazo para un trámite que puede tardar meses en completarse. Las familias que acompañamos no cuentan con la posibilidad de un ingreso y, por tanto, han de depender de ayudas puntuales públicas o de organizaciones como Cáritas sin poder planificar a corto, medio plazo

En algunos municipios, las normativas impiden el acceso a las ayudas de emergencia a las personas en situación administrativa irregular.

La posibilidad de acceso a una cuenta corriente es nula cuando la persona se encuentra en una situación irregular o si carece de recursos. Las cuentas online sin comisiones podrían ser una respuesta si no fuera por la brecha digital que impide que muchas personas sepan realizar ese tipo de gestiones y la documentación que se les exige. Además, las cuentas de pago básicas para personas en situación de exclusión no se están facilitando. Esto dificulta que las personas puedan contar con apoyos económicos, como pueden ser el ingreso canario de emergencia o el ingreso mínimo vital.

La saturación de los servicios públicos implica meses de espera para ser atendidos por los servicios sociales. Sin redes de apoyo que les permitan mantenerse mientras esperan, las personas migrantes no pueden acceder a una atención básica de calidad.

Toda persona debería de tener asistencia sanitaria gratuita. En muchas ocasiones nos vemos con personas en situación de exclusión teniendo que hacer frente a facturas médicas. Además, consideramos que en momentos como los actuales deberían reforzarse la atención psicológica en el sistema público de salud.

Algunas tarjetas de transporte se han hecho nominativas y para retirarlas hay que tener documentación en vigor. Muchas familias extranjeras a las que atendemos no cuentan con esta documentación y no pueden acceder a esas tarjetas de transporte.

La dificultad añadida de la insularidad en la renovación de documentación identificativa como pasaportes, que dificulta a las personas migrantes realizar los trámites de regularización de su situación administrativa, ya que deben trasladarse a consulados o embajadas en la península, sin posibilidad de realizar dicho trayecto al estar indocumentadas o sin documentación vigente.

La saturación en los sistemas de cita previa de las oficinas de extranjería y comisarías de policía nacional, que dificultan el acceso a los trámites de regularización, alargando la situación de irregularidad; o en el caso de los trámites de renovación de las autorizaciones, impidiendo el cumplimiento de los plazos establecidos para ello.

Las personas migrantes que salen de los centros de acogida para menores tras cumplir los 18 años salen indocumentadas en muchas ocasiones y sin la posibilidad de regularizar su situación, por lo que pasan de vivir en un centro a una situación de desprotección total.

En cuanto a los casos de las llegadas de personas migrantes a nuestras costas, lamentamos profundamente las carencias, las vulneraciones de derechos y la mala gestión de la acogida de miles de personas. Hemos detectado que durante el proceso de acogida se ha vulnerado el derecho a una atención jurídica y el derecho a contar con traductores. Muchas de las personas que llegan tienen derecho a solicitar asilo y es fundamental facilitar la comunicación con las personas para conocer su situación. Además, muchas de estas personas han pasado por situaciones traumáticas y no han tenido una atención psicológica adecuada.

Todo esto se ve agravado cuando la persona migrante en cuestión es mujer. La violencia específica que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres y su discriminación política, social y económica, las vuelve extremadamente vulnerables frente a las redes de traficantes y tratantes de personas.

Desde Cáritas proponemos dar respuesta a todas estas situaciones a través de la creación de un plan de acogida que promueva la integración de las personas migrantes. También es fundamental combatir los discursos racistas y xenófobos basados en noticias falsas y bulos. La respuesta al desafío planteado por las migraciones contemporáneas se puede resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. La cultura del encuentro que promueve la Iglesia pasa por dar un trato digno a las personas migrantes, por darles la acogida, la atención y el respeto que como seres humanos merecen.