La Comisión de directores y directoras generales de Formación Profesional está ultimando los trabajos previos a la aprobación del Real Decreto que sentará las bases de esta etapa educativa en todo el Estado.

El director general de Formación Profesional y Educación de Adultos del Gobierno de Canarias, Manuel Jorge, propuso a la Comisión de directores y directoras generales de FP que la última reunión para delimitar el marco de la nueva Formación Profesional Dual se celebre en las Islas el próximo mes de junio.

Durante la última reunión de este órgano, celebrada en Santiago de Compostela, Manuel Jorge señaló el compromiso existente en el Archipiélago para revitalizar los estudios de la Formación Profesional “y, en especial, para desarrollar todas aquellas fórmulas que permitan aumentar la empleabilidad de los estudios y faciliten al alumnado tener un mayor contacto con las empresas en las que habrán de trabajar en el futuro”.

En este sentido, el marco que se está diseñando entre todas las comunidades autónomas y el Estado para dar estabilidad a la FP Dual “avanza en la delimitación clara de estos estudios y de las relaciones entre los centros educativos, las empresas, el alumnado y las administraciones educativas”.

Con la vista puesta en la formación de las personas a lo largo de toda la vida “como vía para mejorar la competitividad de toda la sociedad”, Jorge resaltó el acuerdo alcanzado ya en la comisión para no fijar una edad máxima para cursar este tipo de enseñanza, que basa su fórmula en que el alumnado, desde los primeros cursos, realice al menos un tercio de sus horas lectivas de forma práctica en las empresas que colaboren en su formación.

En este nuevo concepto formativo, se apostará también por la participación de las administraciones autonómicas responsables del área de Empleo, de manera que se pueda articular un tipo de contrato, bien de aprendizaje o de cualquier otra modalidad que se acuerde, que condicione la realización de las prácticas en empresa a que el alumnado reciba una contraprestación económica mientras se forma, “de manera que se vayan introduciendo desde el inicio en un perfil profesional de exigencia productiva” -explicó del director general.

LA FP Dual se creó en principio de forma experimental y ahora todas las comunidades autónomas y el Estado están poniendo en común sus experiencias para fijar un marco estable que permita su expansión más allá de los acuerdos iniciales ya suscritos en las diferentes comunidades autónomas.

Además de la necesaria implicación de las áreas de Empleo, “que podría combinarse con otros programas de impulso al empleo, como el de Garantía Juvenil”, Manuel Jorge señaló cómo el nuevo modelo incluirá modelos consensuados para el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos, “de forma que podamos ajustar cada vez más el modelo hacia el éxito académico del alumnado y sirva de promoción y difusión de estas enseñanzas”.

Para Canarias, el documento de bases que se acuerde en la reunión de junio, a partir del que se elaborará el Real Decreto para la ordenación de la FP Dual, supone una “oportunidad de elevar el nivel de exigencia de esta formación, pero también el prestigio de la Formación Profesional, en general”, en palabras de su titular en las Islas.

Sobre el trabajo que queda por hacer para alcanzar el consenso, Manuel Jorge incidió en las “enormes” posibilidades de desarrollo que abrirá el Real Decreto y señaló algunas vías que se abren “para tener un modelo más flexible, que permita a las empresas formar a su futuro personal en necesidades específicas del área en la que se desempeñan, ya desde su etapa académica y que puede incluir ventajas, como el que la empresa incorpore a sus planes de formación propia una formación complementaria no formal”.

Como conclusión, el director general de FP y Educación de Adultos indicó que “esto supondría que el alumnado se beneficiara de las innovaciones y de un conocimiento que, en muchos casos, no está en las aulas, por lo que este conocimiento no formal sería vital para acercar al alumnado aún más a la inserción laboral”.

A partir de la reunión de Santiago de Compostela, todas las comunidades autónomas y el Estado trabajan en el ajuste de este documento de base, que se plasmará en el Real Decreto sobre el que trabajará cada comunidad para adaptar la normativa a sus particularidades.