El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en nombre y representación del Gobierno de Canarias, ha suscrito hoy mediante una reunión telemática, el acuerdo de adhesión y aceptación del convenio entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres firmado el 6 de abril de 2017. En el acto estuvieron también presentes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent. Además, asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso, el director del Departamento de La Laguna del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, José Antonio Cuellas, y el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico.

El consejero remarcó que, para Canarias, es muy satisfactoria la cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; los Institutos de Medicina Legal (IML), y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Explicó que el convenio constituye un mecanismo básico para mejorar el trabajo conjunto, además de que facilita una línea de actuación importante para las Islas, que es el aumento de la sabiduría científica a través de la capacidad de investigación de los IML y el Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Asimismo, añadió, la adhesión de Canarias al convenio es relevante porque la identificación de cadáveres tiene una gran importancia para la opinión pública, que lógicamente es muy sensible ante estas situaciones, por escasa que sea su incidencia numérica.

Con la adhesión de la Comunidad Autónoma, Canarias se compromete a llevar a cabo todas las actuaciones que sean posibles para garantizar la identificación y entrega a sus familiares de los restos de las personas migrantes que fallezcan en nuestras costas. En las Islas cobra especial relevancia dadas las circunstancias en las que se produce el tránsito migratorio mediante pateras hacia el territorio del Archipiélago, en condiciones de gran riesgo, y que lleva a que muchas de las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor fallezcan en el camino. De esta manera, se garantiza que, al menos, su sepultura se produzca en condiciones dignas y que los familiares y allegados puedan tener una respuesta cierta sobre el destino de sus seres queridos al establecerse un proceso que facilita su identificación y contacto.

El objeto del convenio se centra en el intercambio de datos de personas desaparecidas entre los IML y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y el Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española. Así, el objetivo es dar servicio a aquellos familiares inmersos en los procesos de búsqueda de personas separadas de sus seres queridos como consecuencia de procesos migratorios, catástrofes naturales, conflictos bélicos y disturbios internos, en razón del interés conjunto en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres a tal fin.

En la actualidad, esas personas quedan sin identificar en la mayoría de los casos y no existe información suficiente para su identificación posterior. Mediante este convenio, se prevé que por parte de los IML se lleve a cabo una labor de recogida de muestras y acopio de información que constituirá una base de datos que se cruzará con la que tiene el Servicio de restablecimiento del contacto familiar de Cruz Roja Española y Cruz Roja internacional.

En el caso de que se halle una posible coincidencia, se llevarán a cabo las pruebas de ADN y se cotejarán con las muestras de los familiares recogidas en origen por Cruz Roja con el fin de determinar el parentesco. Si este es positivo, se podrán arbitrar las medidas necesarias para la correcta identificación de las personas fallecidas y la entrega de sus restos a las familias.

Con la firma de hoy, la Comunidad Autónoma de Canarias ratificó la voluntad de adherirse a todas y cada una de las cláusulas del citado convenio de colaboración, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todo lo estipulado.

El citado convenio, que no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para las partes, recoge que las comunidades autónomas con traspasos en medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia y que lo soliciten podrán acogerse a la colaboración.