Canarias recibirá este año 1.462.509 euros del Fondo de Recuperación Europeo Next Generation para la implantación de reformas estructurales en la administración de Justicia en las Islas. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, destinará dicha partida a proyectos tecnológicos como la deslocalización del puesto de trabajo y la mejora de los sistemas de grabación y salas de vistas. Se trata de la parte acordada para 2021, a la que seguirán otras en los próximos años.

El reparto de dichos fondos se acordó este jueves en la Conferencia Sectorial de Justicia, presidida por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, y de la que forma parte el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. En la reunión participaron de manera telemática el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet.

La Conferencia Sectorial acordó que estos fondos actúen en cuatro líneas. La primera de ellas es la inmediación digital y tiene como objetivo ampliar la posibilidad de realizar actuaciones judiciales telemáticas, en especial juicios, con plena seguridad jurídica. Se busca con ello que, para el año 2022, entre un 30 y un 50% de los órganos jurisdiccionales puedan realizar  sus actuaciones online.

La línea de puesto de trabajo deslocalizado busca ampliar el concepto tradicional de teletrabajo a una modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el desempeño del puesto de trabajo puede desarrollarse, cuando las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, reuniendo las condiciones de seguridad necesarias.

Por su parte, la línea de atención ciudadana y cita previa habilitará un nuevo canal de atención a la ciudadanía y profesionales, que permita prestarla de manera ordenada mediante sitios web corporativos de cita previa, para la selección del día y turno para la prestación del Servicio Público de Justicia, canal conectará con los restantes de atención ciudadana basados en la inmediación digital.

Por último, está la línea de ciberseguridad, con la que se pretende establecer un servicio de seguridad gestionado destinado a proporcionar protección a las Administraciones y mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, buscando sinergias con otros organismos europeos en esta materia.

Así mismo, la Conferencia Sectorial también ha aprobado por unanimidad un protocolo de teletrabajo que elaboraron los integrantes de la Comisión y que se constituyó en grupo de trabajo, entre los cuales estaba Canarias.

El protocolo permitirá la regulación de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo y su fin es la creación de un marco de seguridad jurídica para promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia, la transformación digital y el incremento de la sostenibilidad, así como para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios de la Administración de Justicia.

Como explica la viceconsejera de Justicia, la necesidad de regular estos parámetros se ha puesto “muy de manifiesto” con la actual crisis sanitaria y para su implantación será necesaria, previamente, pasar por negociación sindical.