El Gobierno central, a través de una propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha aprobado este 15 de septiembre de 2026 una asignación de 5,9 millones de euros destinada específicamente a la Comunidad Autónoma de Canarias. Este capital tiene como objetivo principal la formación continua y especializada de los trabajadores y trabajadoras del archipiélago.
La partida canaria forma parte de una distribución general de 107,4 millones de euros entre todas las comunidades autónomas, autorizada por el Consejo de Ministros. Estos fondos deben canalizarse hacia acciones formativas impartidas en centros públicos, centradas prioritariamente en sectores estratégicos de gran impacto económico y social asociados a programas estatales, así como en las áreas que el propio Ejecutivo autonómico determine en sus planes estratégicos. La normativa establece que un 30% de esta inversión autonómica debe reservarse de manera imperativa para personas en situación de vulnerabilidad económica o social, en riesgo de pobreza o exclusión, y para los migrantes que han formado parte del reciente proceso de regularización llevado a cabo este mismo año 2026.
De forma paralela a las transferencias territoriales, la administración estatal ha tramitado cuatro convocatorias de gestión directa que suman 126,7 millones de euros, alcanzando así una inyección total de 234 millones. Estas líneas de actuación del Ministerio buscan solucionar los problemas de relevo generacional y la falta de mano de obra cualificada detectada en áreas clave de la economía, prestando especial atención a los perfiles con mayores necesidades de inserción.
La primera de estas convocatorias estatales cuenta con 25 millones de euros para financiar la modernización del sector de la construcción industrial y sostenible. Su finalidad operativa es incrementar la eficiencia de los procesos, modernizar el sector y agilizar la oferta de vivienda asequible y de calidad. Una segunda línea, dotada con 35 millones de euros, se enfoca en los oficios y desempeños estratégicos, abarcando una decena de familias de Formación Profesional con alta necesidad de cobertura de puestos de trabajo, tales como Edificación y Obra Civil, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, y Seguridad y Medio Ambiente.
En tercer lugar, se destinan 20 millones de euros al turismo patrimonial, cultural y sostenible. Esta inversión busca potenciar el valor del patrimonio etnográfico y natural, fomentar el desarrollo territorial local, diversificar la economía y contribuir a fijar la población en los entornos rurales. Finalmente, una cuarta convocatoria de 46,7 millones de euros se dirige a financiar acciones formativas para personas en situación de especial vulnerabilidad, con particular énfasis en la población migrante.
Esta última línea de 46,7 millones y el 30% de los fondos autonómicos mencionados anteriormente se integran dentro de las directrices del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, una iniciativa anunciada por el presidente Pedro Sánchez el pasado mes de julio.
En cuanto al modelo de enseñanza, tanto las cuotas distribuidas a las comunidades autónomas como las tres primeras convocatorias gestionadas por el Ministerio ofrecen formación acreditable y acumulable. Esto incluye el Grado A relativo a microacreditaciones, el Grado B correspondiente a módulos profesionales y el Grado C referente a certificados profesionales. La única excepción a este sistema es la convocatoria específica para personas vulnerables. Dicha línea financiará exclusivamente certificados profesionales completos, los cuales integrarán hasta un 25% de complementos formativos destinados a adquirir competencias básicas en los ámbitos lingüístico, digital y empresarial.
