La administración autonómica ha identificado 53 áreas prioritarias de intervención en las carreteras de las islas con el fin de mitigar el impacto del tráfico que sufren los vecinos residentes en sus aledaños. Este diagnóstico forma parte de la cuarta fase de los planes de acción contra el ruido en los grandes ejes viarios del archipiélago, un documento que abarca el ciclo 2023-2027 y que sitúa la reducción actual de la contaminación sonora en el entorno del 26%. Esta cifra aproxima a la comunidad autónoma al umbral del 30% de disminución exigido por la Unión Europea para el año 2030.

El diseño de esta estrategia introduce un cambio de competencias en el seno del Ejecutivo autonómico. Por primera vez, es la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad —a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria— quien asume la gestión de los mapas estratégicos y la redacción de los planes de acción contra el ruido asociados a las grandes vías, una labor que hasta la fecha recaía históricamente en el área de medio ambiente y contaminación. Con este traspaso, el Gobierno pretende recuperar y actualizar el trabajo previo para pasar de forma más directa del diagnóstico a la ejecución de medidas concretas sobre las infraestructuras.

Estos planes se elaboran a partir de los mapas estratégicos de ruido, que miden la exposición poblacional, y se rigen por una metodología comunitaria común que opera en ciclos de revisión de cinco años. La actual directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha defendido esta integración de áreas señalando que “la contaminación acústica es también una cuestión de calidad de vida y, por tanto, debe formar parte de la planificación de unas carreteras más sostenibles, seguras y adaptadas a las personas que viven en su entorno”.

La responsable autonómica ha detallado que el nuevo marco permitirá localizar con exactitud técnica las áreas de mayor afectación. “Este plan nos permite saber dónde están las zonas en las que existe una mayor exposición al ruido y establecer prioridades para actuar con criterios técnicos y de manera ordenada”, apuntó. “No se trata únicamente de identificar el problema, sino de disponer de una hoja de ruta que nos permita avanzar hacia soluciones concretas y mejorar progresivamente el entorno de las personas que viven junto a nuestras carreteras”, añadió la directora.

El reto, según ha justificado Melián, se ve condicionado por el hecho de que “Canarias presenta unas características territoriales muy singulares, con una orografía compleja, una elevada concentración de población en determinados corredores y núcleos urbanos próximos a grandes infraestructuras viarias”.

Por este motivo, Infraestructura Viaria considera indispensable “abordar la gestión del ruido desde el conocimiento preciso de cada territorio y contando también con la participación de las administraciones y de la ciudadanía”. En esta línea, la Consejería ha impulsado un proceso de participación ciudadana para dar a conocer el contenido del plan, que actualmente se encuentra en fase de elaboración, y recoger las observaciones y propuestas de las personas y entidades interesadas.

Estas jornadas de presentación y debate han arrancado esta semana con dos encuentros presenciales. El primero se celebró ayer jueves en Gran Canaria, mientras que la segunda sesión ha tenido lugar hoy viernes, 9 de octubre, en el salón de actos del Edificio de Usos Múltiples I de Tenerife.

Una vez concluya este proceso de participación inicial y finalice la redacción del documento, el plan deberá someterse a una aprobación provisional. Posteriormente, se abrirá un trámite de información pública formal donde se analizarán todas las alegaciones y aportaciones recibidas para decidir si se incorporan al texto. Finalizada la criba técnica, se procederá a la aprobación definitiva del plan de acción y a su preceptiva comunicación a las autoridades de la Unión Europea.