Colectivos sociales de todas las islas han convocado una nueva jornada de movilización para el sábado 18 de mayo, bajo el lema “Canarias tiene un límite”. La iniciativa surge tras las protestas del pasado 20 de abril, que, recuerdan los organizadores, evidenciaron el amplio rechazo ciudadano al modelo económico actual, basado en la turistificación, la especulación urbanística, la desigualdad social y un crecimiento que consideran insostenible en un territorio limitado.

Los convocantes denuncian que las instituciones han respondido “ignorando las demandas, manipulando el discurso y promoviendo normativas regresivas”. Entre los ejemplos citan la reciente modificación de la Ley del Suelo y la propuesta de una Ley de Residencia que consideran vacía. Aseguran que estas medidas agravan la crisis social, económica y ambiental del archipiélago.

“La ciudadanía dice basta. Si no escuchan en las calles, escucharán en el día a día. La lucha continuará en actos públicos, eventos políticos y símbolos turísticos hasta lograr un cambio real”, afirman en su comunicado conjunto. Las entidades convocantes reclaman un modelo económico justo, sostenible y centrado en las personas, que respete los límites del territorio y mejore la calidad de vida del pueblo canario.

Entre sus demandas figura la paralización de proyectos considerados destructivos, como el hotel de La Tejita, la central de Chira-Soria, Cuna del Alma, el Circuito del Motor de Tenerife y los complejos hoteleros Riu Oliva Beach y Sandos Papagayo en Fuerteventura y Lanzarote. Exigen la cancelación definitiva de estas iniciativas, el derribo inmediato de las construcciones ilegales y la restauración ambiental de las zonas afectadas.

También reclaman una moratoria hotelera y vacacional real que detenga nuevas construcciones turísticas y regule el alquiler vacacional. Piden repensar el modelo económico desde una perspectiva de decrecimiento justo, con reparto equitativo de la riqueza y prioridad para la población local. Insisten en frenar la turistificación de las medianías, barrios y pueblos.

En relación con la Ley de Residencia, los convocantes proponen una normativa que garantice derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, la sanidad o la cohesión social. Señalan que esta debe considerar la capacidad de carga de un territorio limitado como Canarias y orientarse a la protección de los recursos naturales. Insisten en que debe aplicarse sin discriminación por origen, salvo en casos que obedezcan a causas humanitarias.

“Ni un cardón ni una huerta menos”

En cuanto a la transición energética, los convocantes subrayan que esta es imprescindible, pero advierten que no debe ser utilizada como excusa para perpetuar el expolio del territorio. Proponen un modelo que priorice las necesidades de las comunidades locales, respete los ecosistemas y evite que los beneficios se concentren en grandes corporaciones. Aseguran que no se trata de llenar las islas con macro parques eólicos y solares sin una planificación adecuada ni consulta ciudadana, sino de fomentar instalaciones descentralizadas, la autogestión energética y proyectos sostenibles que armonicen con el entorno.

En esa misma línea, insisten en que la defensa del territorio debe pasar por un desarrollo que ponga a las personas y el medio ambiente por encima del “lucro indiscriminado”, proponiendo que se priorice el uso de zonas ya antropizadas, como tejados, cubiertas y aparcamientos, evitando la destrucción de ecosistemas naturales.

La preservación del patrimonio natural en Canarias se considera una prioridad para los convocantes, quienes subrayan la necesidad de evitar de manera efectiva las acciones que deterioran estos espacios. En este sentido, proponen la creación de una tasa turística “real”, cuyos fondos se destinarían exclusivamente a la conservación, vigilancia y recuperación de los espacios naturales, así como a fines sociales, buscando asegurar la sostenibilidad del territorio.

Dentro de las propuestas también se destaca la implementación de proyectos de reforestación y restauración ecológica, que no solo contribuirían a recuperar el entorno natural, sino que generarían empleo estable y sostenible. Además, los colectivos recalcan la urgencia de avanzar hacia la autosuficiencia energética, gestionada de forma comunitaria y descentralizada, siempre con el respeto al territorio. Asimismo, abogan por la soberanía alimentaria, defendiendo el sector primario local para reducir la dependencia del exterior.

En cuanto a las infraestructuras, se oponen a la realización de macroproyectos como trenes, ampliaciones de carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos, que consideran que aumentan la presión turística y poblacional en el archipiélago. En lugar de estos proyectos, piden una mejora en la calidad del transporte público y una reducción en el número de vehículos privados y de alquiler, con el fin de promover una movilidad más “sostenible y equitativa” para la población local.

Los colectivos insisten en la urgente necesidad de proteger el patrimonio cultural canario, que actualmente enfrenta el riesgo de desarraigo y aculturación, fenómenos que, según argumentan, son impulsados por la turistificación descontrolada. Consideran que la preservación de las tradiciones y la identidad cultural de los pueblos canarios debe ser una prioridad, para evitar su desaparición en medio del modelo turístico masivo.

En cuanto a la contaminación marina, los convocantes exigen medidas inmediatas para detener los millones de litros de vertidos contaminantes al mar, que están poniendo en grave peligro tanto la biodiversidad marina como la salud de la población. Subrayan que esta problemática requiere una respuesta urgente por parte de las autoridades competentes para salvaguardar los ecosistemas y la calidad de vida en las islas.

Por otro lado, proponen la creación de una ley de restauración ambiental que esté alineada con la legislación comunitaria de la Unión Europea, considerando fundamental su implementación en el actual contexto de crisis y cambio social del archipiélago. Argumentan que los espacios degradados, como mamotretos abandonados, áreas de extracción de áridos y otras zonas dañadas, podrían transformarse en áreas de conservación.

Además, alertan sobre las amenazas que enfrentan los ecosistemas en Canarias, tales como la urbanización masiva, la invasión de especies exóticas, la contaminación y el cambio climático. Según los colectivos, esta ley debería establecer un marco legal para promover la restauración de hábitats degradados y asegurar que los futuros proyectos eviten repetir los errores cometidos en la gestión de estos espacios hasta ahora.

Concentraciones en Canarias y fuera del archipiélago

Las concentraciones del próximo 18 de mayo tendrán lugar a las 11:00 horas: en El Hierro, frente a la Consejería de Turismo, en Valverde; en La Palma, en la Plaza de La Alameda, junto al Cabildo Insular, en Santa Cruz de La Palma; en La Gomera, en la Plaza de Las Américas, frente al Ayuntamiento, en San Sebastián de La Gomera; en Tenerife, en la Plaza Weyler, en Santa Cruz; en Gran Canaria, frente al Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas; en Lanzarote, en el Quiosco de la Música, en Arrecife; y en Fuerteventura, en la Plaza de la Iglesia, en la calle 1º de mayo de Puerto del Rosario.

A las 12:00 horas están previstas movilizaciones en Madrid, en la Puerta del Sol; en Barcelona, frente a la Sagrada Familia; en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento; en Bilbao, en la Plaza del Teatro Arriaga; en Iruña, en la Plaza del Ayuntamiento; en Santiago de Compostela, en la Alameda, junto al monumento de As Dúas Marías; y en Berlín, en Pariser Platz, frente a la Puerta de Brandeburgo.

En Granada, la concentración será a las 12:30 horas en la Plaza Santa Ana, frente al Pilar del Toro y la Iglesia de San Gil y Santa Ana.