El Parlamento de Canarias se ha alzado contra el creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas en el archipiélago, aprobando una Proposición No de Ley impulsada por el Grupo Parlamentario Popular. La iniciativa insta al Gobierno de Pedro Sánchez a modificar la actual Ley estatal de Vivienda y a tramitar con urgencia la Ley Antiokupas del Partido Popular, que lleva más de un año estancada en el Congreso de los Diputados.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, quien lideró la propuesta, manifestó la preocupación por la constante alza de la “lacra” de la ocupación ilegal de viviendas en Canarias. Reverón subrayó la gravedad de la situación en las islas, donde, según sus palabras, “se ocupan dos viviendas cada día porque para Pedro Sánchez y para el PSOE, la ocupación les resulta un asunto meramente anecdótico”.
La diputada popular aportó datos contundentes para ilustrar el alcance del problema: “En Canarias, cada 13 horas se ocupa una vivienda. Hoy, al término de esta sesión plenaria, dos hogares han sido ocupados ilegalmente. Dos familias más condenadas a la incertidumbre, al miedo y a la impotencia, y a sufrir el injusto daño económico”.
Reverón alertó que en los últimos siete años se han ocupado más de 4.000 viviendas en las islas, y que solo en 2024 se registró un número récord de ocupaciones ilegales en Canarias “mientras el partido socialista mira para otro lado”. La diputada criticó duramente la postura del PSOE, argumentando que “han tejido un tinglado ideológico que protege al ilegal y castiga al legal, que ampara al ocupa y abandona al propietario”.
Reverón afirmó que “no puede ser que en España hoy, quien ocupa ilegalmente una vivienda tiene más garantías que su legítimo dueño. Y esto no es un fallo del sistema: es el resultado de un modelo que ha convertido el oportunismo ideológico en política de Estado”.
El acuerdo alcanzado en el pleno del Parlamento de Canarias busca presionar al Gobierno de España para que la Ley Antiokupas sea finalmente tramitada. Esta ley, según Reverón, permitiría el desalojo de la vivienda en 24 horas, ya sea de forma voluntaria tras ser requerido por la autoridad, o de forma forzosa si no se cumple el requerimiento. Además, la normativa impediría que los okupas puedan empadronarse en la vivienda ocupada e incrementaría las penas previstas, entre otras medidas.
Para concluir, Reverón enfatizó que las administraciones públicas deben dar solución a la falta de viviendas y atender las necesidades de las personas y familias vulnerables, “pero sin poner en riesgo la defensa de la propiedad privada ni fomentando la ocupación de los bienes de otros ciudadanos”.
