El vicepresidente destacó que mientras el Estado no abone lo que corresponde a Canarias, los intereses legales seguirán incrementándose 1,2 millones de euros cada mes.
El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, se ha reunido esta tarde en Madrid con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para buscar fórmulas que permitan ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo que estiman los recursos contenciosos administrativos interpuestos por el Ejecutivo canario frente al incumplimiento del Ministerio de Fomento que declaran la obligación de la Administración General del Estado de transferir a la comunidad autónoma las cantidades comprometidas en el convenio de carreteras entre 2012 y 2017, incrementadas con los intereses legales correspondientes, un total de 945 millones de euros.
En esta línea, el vicepresidente afirmó: “Ambas administraciones están trabajando de manera conjunta para encontrar una solución que satisfaga a ambas partes, de hecho en los últimos días el Gobierno de Canarias ha mantenido contactos con el Gobierno del Estado para tratar de encontrar una fórmula para ejecutar la sentencia”. Y añadió: “El Estado interpreta que debe abonar a Canarias cerca de 600 millones de euros, sin embargo, el Gobierno autonómico no renuncia a los aproximadamente 345 millones de euros más del convenio anterior. Se ha planteado buscar una solución para que se le transfiera a Canarias el total de la deuda o un texto alternativo que transfiera los 600 millones de euros que el Ministerio de Fomento entiende que debe transferir sin que Canarias tenga que renunciar a lo que considera que le corresponde”.
Mientras el Estado no abone a Canarias la cantidad que corresponde, los intereses legales seguirán incrementándose apróximadamente 1,2 millones de euros al mes”, y añadió: “No vamos a renunciar ni a un solo euro que nos corresponde de forma legítima.El Gobierno de Canarias no va a renunciar a un derecho reconocido por sentencia y va hacer todo lo posible para que los canarios tengan lo que se merecen por justicia”.
En este sentido, el consejero recordó que el pasado 22 de diciembre el Gobierno de Canarias firmó el nuevo convenio de carreteras porque era necesario para ejecutar obras que son estratégicas y claves para la movilidad de las islas, un documentoque era indispensable para dotar de cobertura económica plurianual y jurídica a las obras que son prioridad, y afirmó con contundencia:”Pero no se firmaron ni la adenda ni el acuerdo extrajudicial porque no recogía la deuda al completo del anterior convenio, y por lo tanto, no era lo mejor para Canarias”.
En la reunión también estuvieron presentes el director general de la vicepresidencia, Luis Suárez y la secretaria general técnica, Rosa Déniz.
