El Responsable de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ha hecho entrega hoy de la propuesta de pacto que quiere consensuar con los principales actores políticos, sociales y empresariales del Archipiélago y que marcará la hoja de ruta del nuevo Plan de Vivienda.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha hecho entrega hoy a los diputados portavoces de sus respectivas formaciones políticas en la Comisión de este área del Parlamento regional, de su propuesta para poner en marcha un Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, tal y como se comprometió en su primera intervención ante esta comisión en septiembre pasado. Franquis ha invitado a todos los grupos políticos con representación en la Cámara regional a realizar aportaciones y a integrarse activamente en la redacción final de este pacto.

El documento presentado hoy en sede parlamentaria contempla una propuesta de Pacto que se completará con las aportaciones que susciten el mayor grado de consenso posible para su consecución por parte de los Grupos Parlamentarios, las administraciones públicas y los interlocutores sociales y empresariales de las Islas. Los fundamentos básicos de este Pacto se reflejarán en el articulado del nuevo Plan de Vivienda de Canarias que se presentará próximamente.

“Es necesario alcanzar un acuerdo que nos permita desarrollar una estrategia común en materia de vivienda enfocada a resolver el problema al que se enfrentan miles de ciudadanos cada día con una política integral en este sentido que sea sistemática, coherente y sostenible”, describió Franquis, “se trata de alcanzar un acuerdo que sea la hoja de ruta para impulsar un nuevo Plan de Vivienda de Canarias que surja de un diagnóstico más realista, adaptado y coherente con las circunstancias económicas, financieras y sociales de hoy”.

Por este motivo, para adaptarse a la realidad social de hoy en día, el documento con la propuesta del Pacto recoge la necesidad construir viviendas de promoción pública, garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler social, favorecer el acceso a ella de los colectivos con especiales dificultades, y en particular de las personas mayores, y mejorar las condiciones de las viviendas con criterios de ahorro energético y cuidado del medio ambiente.

De acuerdo, con el Registro Público de Demandantes de Canarias un total de 17.023 personas son demandantes de vivienda, una realidad que choca radicalmente con el hecho de que actualmente, son 138.262 las viviendas que se encuentran vacías en el Archipiélago, de acuerdo con los últimos datos oficiales publicados por el ISTAC. “Estos datos evidencian la imperiosa necesidad de movilizar y poner viviendas en el mercado para dar respuesta a esta demanda esencial de miles de canarios y canarias”, añadió Franquis.

El objetivo principal del Pacto presentado hoy es actuar directa e indirectamente sobre el mercado de la vivienda con objeto de mejorar la situación residencial de la población en general y, en especial, de incrementar las posibilidades de acceso a una vivienda de las personas con mayores dificultades, incluyendo a los jóvenes, a los mayores, a las personas encuadradas en colectivos desfavorecidos, las afectadas por situaciones de desahucio, de pobreza energética, mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, etc.

Los objetivos de la política de vivienda que se desarrollará desde la Consejería regional se articularán sobre seis ejes principales:

Eje 1. Garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler.

Eje 2. Construcción de viviendas de promoción pública.

Eje 3. El acceso a la vivienda de los colectivos con especiales dificultades.

Eje 4. Rehabilitación.

Eje 5. Mejora en los procedimientos de adjudicación y revisión de los requisitos de acceso a las viviendas.

Eje 6. Creación de redes de colaboración.

Cada uno de estos ejes propone una serie de medidas y actuaciones a llevar a cabo por las administraciones en colaboración con otros agentes sociales y económicos que garanticen el acceso a una vivienda digna a miles de familias canarias.

Entre esas propuestas se encuentra incrementar la dotación para las ayudas al alquilar social destinadas a sectores de población con escasos medios económicos, la creación de una bolsa de viviendas de alquiler con aportaciones tanto de instituciones públicas como de empresas o particulares que se beneficiarían de una serie de ayudas, la elaboración de un censo de viviendas vacías para destinar al alquiler; en cuanto a la construcción, se propone la construcción de varias

promociones de viviendas en los próximos cuatro años por parte del Ejecutivo regional, atraer a la iniciativa privada hacia la promoción y la gestión de viviendas protegidas de alquiler, incorporar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética y económica en los pliegos de construcción de vivienda pública, y en cuanto a la rehabilitación se propone incentivarla con ventajas fiscales; para los colectivos con dificultades especiales se propone estudiar la implantación de modalidades nuevas de acceso a la vivienda para los mayores y jóvenes, especialmente y apoyar iniciativas de viviendas colaborativas (cohousing), modelos de vivienda que combinan espacios privados y espacios comunes.

Además, se propone favorecer la convivencia de diferentes colectivos en las adjudicaciones para reforzar la cohesión social. Se tratará de favorecer la convivencia entre los y las residentes de los edificios de vivienda protegida (personas mayores, jóvenes, hogares de diferentes tramos de ingresos), y reservar cupos específicos para los colectivos prioritarios de atención, otorgando más puntuación en la baremación a determinados colectivos, tales como la población joven, la población mayor de 65 años, las familias procedentes de desahucios, las personas víctimas de violencia de género en situación de exclusión residencial grave, los hogares monoparentales y monomarentales, las familias numerosas, etcétera.

Tras el respaldo alcanzado hoy por los grupos parlamentarios a la propuesta de este Pacto por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna, el consejero Sebastián Franquis comenzará una ronda de contactos con otras administraciones, colectivos sociales y empresariales para hacerles entrega del documento y pedirles su implicación en el mismo.