La Conferencia Sectorial de Infancia, convocada para este 8 de abril, fue suspendida por falta de cuórum tras la incomparecencia de los representantes de las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular. En este encuentro institucional estaba previsto informar sobre el nuevo Real Decreto que establecerá las nuevas capacidades ordinarias y los límites de contingencia para la acogida de menores migrantes en cada territorio. Ante la paralización del órgano de cooperación, el Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado que agilice los trámites y apruebe el documento lo antes posible en el Consejo de Ministros.
A pesar de este escenario, el archipiélago mantendrá el traslado de los menores a otras regiones. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha explicado que las derivaciones seguirán su curso amparándose en la misma normativa aplicada hasta el momento, la cual ya contemplaba una prórroga de los procedimientos durante un año adicional.
Respecto a la coordinación interadministrativa para ejecutar estos traslados, la consejera ha señalado una mejora en los trámites. “Ahora mismo, estamos trabajando muy bien con las subdelegaciones en las dos provincias, se ha engrasado una maquinaria que inicialmente era lenta, pero que en este momento está funcionando correctamente, y vamos realizando las derivaciones previstas”, afirmó Delgado.
Hasta la fecha, Canarias ha derivado a otras comunidades autónomas a 719 menores mediante la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, una cifra a la que hay que sumar los jóvenes que han sido reubicados a través del sistema de protección internacional.
Sin embargo, la presión sobre el sistema de acogida de las islas sigue siendo elevada. En la actualidad, la comunidad autónoma asume la tutela de 3.337 menores. Para salir de la situación técnica de contingencia, según los parámetros del real decreto todavía vigente, Canarias no debería superar el límite de los 2.211 menores acogidos.
Desde el Ejecutivo autonómico reiteran que la gestión de la crisis migratoria requiere de la implicación de todas las administraciones territoriales. El Gobierno canario insiste en que el conjunto del Estado debe ser solidario para garantizar los derechos y el interés superior de estos menores, subrayando que su atención y acogida no puede ser una obligación exclusiva de Canarias por su situación geográfica como puerta de entrada de las rutas migratorias.
