El Decreto establece medidas para garantizar la prestación del servicio en todo el territorio canario, en especial en aquellas islas en las que la limitada demanda pueda retraer a la iniciativa privada a operar estaciones de ITV.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el decreto que regula la Inspección Técnica de Vehículos ITV que aborda las cuestiones más importantes que afectan al sector.

La regulación de la inspección técnica de vehículos está enfocada a incrementar la seguridad vial, entendiendo que mejorar las características de seguridad de los vehículos en circulación tiene una repercusión directa en la disminución de los accidentes de tráfico.

El sector de la ITV en Canarias ha experimentado un auge notable desde 2007, motivado por la introducción de la liberalización en el sector y, se manifiesta especialmente, en que en los últimos años se ha duplicado el número de estaciones ITV implantadas en el Archipiélago, con un incremento muy notable en el personal contratado en estas estaciones.

El proceso liberalizador afianzó las mejoras experimentadas en el sector en estos años, pero también estableció determinadas salvaguardias para garantizar la prestación del servicio en todos los territorios de la Comunidad Autónoma, en especial en aquellas islas en las que la limitada demanda pueda retraer a la iniciativa privada a operar estaciones ITV.

El Reglamento especifica el tipo de inspecciones a realizar; las pruebas a efectuar a los vehículos; concreta las consecuencias del resultado de las inspecciones y define cómo abordar situaciones especiales, como la de los vehículos que no pueden acceder a una estación ITV, bien sea por su tamaño o por circular en una isla que no disponga de estación ITV.

Asimismo, se establecen las condiciones para que unidades móviles asociadas a las estaciones ITV puedan operar en zonas geográficas alejadas de los núcleos con más población.

Por lo que se refiere al régimen tarifario, el Consejo Económico y Social de Canarias ha manifestado su oposición a establecer un sistema de precios libres, dado que el escaso número de grupos empresariales presentes en cada isla no permite garantizar una competencia mínima entre empresas, sino que, por el contrario, podría favorecer un acuerdo de precios o mercados, que terminaran perjudicando a los usuarios del servicio.

Teniendo en cuenta esta recomendación, el Reglamento mantiene para las inspecciones periódicas obligatorias el sistema de precios máximos. Para las inspecciones de comprobación de taxímetros, el presente Decreto establece la prevalencia de la normativa de metrología, que ya define un sistema de precios comunicados.

Para el resto de inspecciones, el Reglamento opta por un sistema de precios libres, al considerar que estas inspecciones se efectúan a instancia de las personas usuarias del servicio, que en estos casos dichas personas afrontan voluntariamente otros gastos en proyectos técnicos, talleres mecánicos o laboratorios, y que estos gastos están totalmente liberalizados.

Asimismo se establece la dotación de personal mínima en cada estación ITV, para garantizar la calidad del servicio prestado, definiendo las funciones de los diferentes puestos técnicos y los requisitos para el acceso a los mismos; los procesos de formación específica y certificación del personal técnico de estaciones ITV, así como los requisitos a cumplir por parte de las entidades de formación.

Por lo que se refiere a los criterios técnicos y de mercado vinculados al territorio, regula el tamaño de las estaciones, las excepciones para estaciones de una única línea, y la garantía de prestación del servicio en las islas menos pobladas.

La norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, en tanto que con ella se consigue el fin perseguido de adecuar la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias al actual marco legal europeo y estatal.