El consejero Sebastián Franquis informa al diputado del Común que la Consejería ha gestionado este año el pago de 40,8 millones de euros en distintas ayudas al alquiler que benefician a más de 30.000 canarios en vulnerabilidad económica.
La Consejería prepara un Decreto Ley que va a desarrollar los programas del nuevo Plan de Vivienda y permitirá agilizar los pagos de la ayuda al alquiler a los afectados por COVID con el abono anticipado a aquellos beneficiarios más vulnerables.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado hoy que la Consejería ha gestionado en lo que va de año más 40,8 millones de euros en distintas líneas de ayudas al alquiler de viviendas que de las que se van a beneficiar 30.909 familias canarias con pocos recursos o que afrontan una situación de vulnerabilidad debido a la crisis económica provocada por el COVID-19. En este sentido, el consejero Franquis informó al diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes, con el que mantuvo un encuentro hoy para tratar asuntos relacionados con la política regional de vivienda, que la Consejería está ultimando un Decreto Ley de Medidas Extraordinarias en Materia de Vivienda, que presentará en el Consejo de Gobierno para su aprobación, para desarrollar los programas del Plan de Vivienda y que incluye también medidas para agilizar el pago de las diferentes ayudas que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) concede a las familias más vulnerables, como las extraordinarias para ayudar al pago del alquiler a aquellos hogares afectadas por el COVID-19, estableciendo el abono anticipado de estas ayudas a los beneficiarios con mayores necesidades.
Durante la reunión con el diputado del Común, el consejero Franquis recordó que durante este año se han articulado cuatro líneas de ayudas distintas, dos de carácter ordinario y otras dos de manera extraordinaria por los efectos económicos y sociales generados por el coronavirus. En marzo la Consejería abonó los 3,7 millones de euros de las ayudas al alquiler para menores de 35 años (con 1.067 beneficiarios). En abril, y en pleno estado de alarma, se activó la primera de las ayudas extraordinarias al eximir a 17.725 familias vulnerables del Archipiélago del pago del alquiler de sus viviendas sociales (12.725 viviendas dependientes de ICAVI y 4.528 viviendas de VISOCAN), con un coste para la Consejería de 2,7 millones de euros. En julio se finalizó también el abono de los 13,7 millones de las ayudas regulares al alquiler del año anterior y que han beneficiado a 4.579 personas en todo el Archipiélago. De esta forma, en verano la Consejería ya había concedido ayudas a vivienda que beneficiaron a 23.370 canarios.
Finalmente, en octubre se inició el pago de la línea de ayudas más cuantiosa de todas las subvenciones al alquiler gestionadas por el ICAVI este año, la ayuda a las familias afectadas por el COVID-19 para pagar seis meses del alquiler de sus viviendas habituales. Esta línea extraordinaria de ayudas se activó en mayo con una aportación inicial del Estado de 5,3 millones de euros. El Gobierno canario, consciente de la realidad económica y social de las Islas decidió en ese mismo momento aumentar con recursos propios las ayudas hasta alcanzar los 8 millones de euros, fondo que fue ampliado con más recursos propios hasta en cuatro ocasiones más, siendo el último y definitivo incremento de esta misma semana, aportando el Gobierno canario otros 4,4 millones de euros hasta llegar a un total de 20,6 millones para el pago de estas ayudas al alquiler. De esta forma, el Ejecutivo regional aporta el 74% de toda la partida de estas ayudas extraordinarias. Canarias es la segunda que más fondos propios ha aportado a estas ayudas con 15,3 millones de euros, después de Madrid con 17,3 millones.
Este cuarto y definitivo incremento de los fondos para las ayudas extraordinarias al alquiler a los afectados por COVID permitirá ampliar el número de beneficiarios hasta llegar a más de 7.500 familias, unas 1.500 más que las previstas cuando se inició el pago a principios de octubre.
Sebastián Franquis confirmó también hoy a Rafel Yanes que la Consejería está ultimando para su aprobación en los próximos días del Decreto Ley que permitirá entre otras medidas el abono anticipado de estas subvenciones a aquellas familias que mantengan un nivel alto de vulnerabilidad social y económica, como seguir en desempleo o situación de ERTE. A los que reúnan estas condiciones les será abonado el 50% de la ayuda y el resto cuando se haya aportado toda la documentación que justifique la percepción de esta subvención según los requisitos del Real Decreto Ley del pasado mes de abril. Además, se va a desarrollar un plan de control y seguimiento del abono anticipado de estas ayudas para certificar que los beneficiarios cumplen con todas las premisas.
El consejero Franquis aseguró al diputado del Común que al convocar esta línea de ayudas se estudiaron varias alternativas para que el ingreso de las mismas se pagara los antes posible, siempre dentro del plazo de suspensión de desahucios y lanzamientos que finaliza el 31 de enero de 2021. La única solución, aseguró Franquis, era el abono anticipado de las ayudas y su posterior justificación. Esta alternativa, sim embargo, contó con el reparo de la Intervención General de la Comunidad Autónoma al encontrarse el ICAVI con un saldo pendiente de justificar de 50,8 millones de euros de ejercicios anteriores a 2011. Es por ello, que se estableció que a partir de esa fecha los pagos en el ICAVI se realizan una vez el beneficiario justifique toda la documentación. Sin embargo, el Decreto Ley que se aprobará en unos días permitirá el pago anticipado parcial para aquellas familias más vulnerables.
La gestión de esta ayuda extraordinaria por parte del ICAVI ha resultado compleja por el alto número de solicitudes, 24.803 en solo 33 días que duró el plazo de presentación de las mismas. Canarias fue la segunda comunidad autónoma de España (después de Asturias) que abrió el plazo de presentación de solicitudes, el 8 de mayo. Cataluña, por ejemplo, sólo mantuvo el plazo de presentación de peticiones de ayuda durante 15 días y lo cerró con 14.395 solicitudes.
