La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife ha instado al Gobierno de Canarias a agilizar la eliminación del umbral de 150 euros para la exención de derechos de aduana en las compras de comercio electrónico. Esta exigencia se produce tras conocerse la decisión adoptada esta semana por la Comisión Europea de suprimir dicha franquicia a nivel comunitario, una medida que entrará en vigor en 2026.

Victoria González, vicepresidenta de la institución cameral, ha valorado este sábado la resolución de Bruselas como un reconocimiento explícito de que la problemática es real y ha asegurado que el movimiento europeo marca “un punto de no retorno”. Según González, “Europa ha entendido que el modelo actual genera desigualdad y distorsiones en el mercado”, una situación ante la cual, afirma, las Islas siguen yendo “a contracorriente de las políticas europeas”.

Responsabilidad regional ante la normativa europea

La vicepresidenta ha subrayado que, dado el paso al frente de la Unión Europea, el Ejecutivo autonómico tiene ahora “la obligación y la responsabilidad” de actuar en consecuencia. González ha sido tajante al señalar que no se puede permitir que el Archipiélago continúe siendo “un coladero para la entrada de mercancía de bajo valor sin ningún tipo de control fiscal”, una situación que obliga a las empresas locales a competir “con las manos atadas”.

Desde la Cámara recuerdan que llevan años reclamando una revisión profunda de esta medida en el ámbito regional. González reiteró que mantener la exención de 150 euros no solo fomenta una competencia desleal contra el comercio local, sino que “amenaza la sostenibilidad del propio tejido empresarial”, un riesgo que se agrava en un territorio fragmentado y con alta dependencia del consumo interno como es Canarias.

Advertencias previas y el impacto en el comercio local

La entidad cameral ha recordado que ya advirtió de los perjuicios de esta política en el momento en que el Gobierno de Canarias decidió implantarla. Aunque la franquicia se concibió inicialmente como una ayuda, la Cámara sostiene que pronto se demostró que se había convertido en “una exención que beneficia principalmente a las grandes plataformas digitales”, en detrimento directo del comercio canario, tanto en su modalidad física como online.

Consenso político sin ejecución administrativa

Victoria González ha detallado el trabajo institucional realizado desde junio de 2022, fecha desde la cual la Cámara ha mantenido reuniones con todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias. Según explicó la vicepresidenta, la postura fue unánime: “Todos nos trasladaron que esta exención debía eliminarse porque todos entendían que el comercio canario invierte aquí, crea empleo aquí y genera economía aquí, y que esta medida lo estaba perjudicando”.

Fruto de este consenso, en junio de ese mismo año se llevó a la Cámara autonómica una Proposición No de Ley (PNL) que instaba al Gobierno de Canarias a proteger los derechos del comercio local ante el menoscabo causado por la franquicia de bajo valor. La proposición fue aprobada por unanimidad.

Sin embargo, la Cámara denuncia la falta de ejecución de dicho mandato parlamentario. “A día de hoy, no se ha tomado ninguna medida al respecto”, concluyó González, insistiendo en la necesidad de actuar de inmediato tras el respaldo normativo que supone la reciente decisión de la Comisión Europea.