Ante la falta de recursos de las corporaciones autonómicas y locales, los juristas señalan que se debe concienciar a la ciudadanía para que se atreva a denunciar situaciones irregulares con el fin de evitar el fraude fiscal, la gentrificación y el cambio de la identidad cultural de los barrios, y que por otro lado es urgente un cambio de la legislación actual.
Más de 30 expertos han debatido sobre la situación jurídica actual del turismo vacacional durante el I Congreso Internacional sobre Economía Colaborativa organizado por el Grupo TOTMA, del Instituto Universitario ECOAQUA.
Controlar la ilegalidad del alquiler vacacional y llegar a una regulación jurídica óptima que sea efectiva y contente a los distintos interlocutores del sector es algo que está superando a la administración pública al no contar con suficientes recursos. En esto coincidieron hoy numerosos juristas y expertos en el sector del turismo vacacional, durante el I Congreso Internacional sobre Economía Colaborativa que se desarrolla desde ayer en la Facultad de Ciencias Jurídicas (FCCJJ) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y que está organizado por el Grupo de Investigación de Turismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (TOTMA), del Instituto Universitario ECOAQUA.
Es por ello que este grupo de ponentes expuso que debe ser la ciudadanía, en primer término, quien tome cartas en el asunto y se atreva a “denunciar” la explotación de estas viviendas irregulares, con el fin de evitar el fraude fiscal, la gentrificación y el cambio de la identidad cultural de los barrios, y que también es urgente un cambio y una mejora de los actuales decretos que están regulando el sector.
Para Humberto Gosálbez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, la problemática con la que se encuentra actualmente la administración se debe, en primer lugar, a que ésta no cuenta con suficientes inspectores turísticos, en segundo lugar, a que tampoco ha integrado a un grupo de juristas expertos en el sector para desarrollar una legislación que sea efectiva, y en tercer lugar, al no integrar a avalistas del sistema.
“En Madrid o Barcelona están funcionando algunos programas piloto, como portales webs de denuncia de las administraciones o la contratación de encuestadores para sondear situaciones irregulares en los barrios con los vecinos. También las asociaciones privadas han desarrollado modelos de denuncia fáciles de cumplimentar para presentar a nivel autonómico que son fácilmente descargables en internet”, explicó, y puntualizó: “este fenómeno ha estallado de tal manera que los gobiernos no han reaccionado adoptando las medidas adecuadas, por lo que en esta situación son los ciudadanos son los que deben tomar medidas para combatir a las viviendas turísticas ilegales si quieren proteger su entorno”.
Es algo en lo que coincidió con Fabrizio Fracchia, catedrático de la Universidad de Bocconi de Milán: “la realidad de la situación actual, es que no solo se ha dudado en el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, sino que la legislación actual no ha medido bien el balance de los diferentes intereses involucrados (a nivel fiscal, civil y turístico).
“Todo debería haber partido de una correcta planificación urbanística y se debería haber hecho una regulación diferenciada y proporcional que tuviera en cuenta el peso e interés de los diferentes actores”, añadió. En esto sentido señalaba las diferencias entre las plataformas vacacionales, las empresas de alojamientos turísticos, los propietarios de viviendas, los profesionales relacionados con la explotación de viviendas turísticas, los colectivos de víctimas (turísticas y vecinos) así como las diferentes administraciones implicadas.
Fracchia explicó que la situación en Italia es similar porque la explosión del negocio con las plataformas de alquiler vacacional ha sido fulminante, y esto ha provocado que la “intervención administrativa y la regulación jurídica se haya realizado tarde, y que controlarlo de forma óptima esté siendo difícil”.
Amplio debate sobre la regulación del sector
El I Congreso Internacional sobre Economía Colaborativa se cerró esta tarde con la intervención de Rafael Robaina Romero, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y de Felipe Afonso El Jaber, adjunto primero del Diputado del Común.
Este foro que reúne a una treintena de académicos de diversas universidades españolas y a expertos juristas y profesionales del sector, ha contado con seis paneles en los que se ha discutido sobre diferentes perspectivas del turismo vacacional: ‘Las viviendas vacacionales ¿Entre la economía colaborativa y la actividad mercantil?’, ‘La cuestión competencial desde la perspectiva Pública y Privada’, ‘Las medidas adoptadas para la regulación de las viviendas de uso turístico en distintos ordenamientos’, ‘La regulación de la explotación de las viviendas vacacionales desde la perspectiva de la Administración, titulares y de los profesionales’, ‘La intervención fiscal y administrativa sobre la explotación de las viviendas vacacionales’ y ‘Otros aspectos controvertidos de la explotación de las viviendas vacacionales.
Todos estos contenidos los ha ido trabajando TOTMA durante el primer año de ejecución del proyecto de I+D+I “Desmontando la Economía Colaborativa: Hacia una nueva forma de comercialización de productos y servicios”, que se ha desarrollado para el paraguas del Ministerio de Economía y Empresa (MINECO DER2017-85616-R).
