La reciente concesión por parte de Marruecos de una licencia exclusiva a una empresa israelí para explorar yacimientos de gas y petróleo al sureste de Canarias, en las costas del Sáhara Occidental, añade una gran preocupación para los ciudadanos y las instituciones españolas, y en particular para los hombres y mujeres de Canarias, a la que no se puede dar la espalda. No es un hecho aislado; la operación se enmarca en los intensos esfuerzos del régimen de Marruecos por consolidar una posición de hegemonía en la región del Atlántico Oriental. Esa dinámica está en el origen de la cadena de conflictos que impiden el desarrollo equilibrado y sostenible de la región africana más próxima al Archipiélago y se consolida como una seria amenaza para la integridad de Canarias, en la medida en que desprecia la política de buena vecindad y hace peligrar la gestión de los recursos naturales del Archipiélago y de sus aguas. Tenemos además muy presente la experiencia de la pérdida del banco de pesca canario-sahariano.
La monarquía y el Gobierno marroquí mantienen una posición desafiante en la región que enturbia cualquier posibilidad de convivencia serena, al violentar los derechos de Canarias como pueblo y al generar una amenaza constante en muy diversos escenarios, que alteran la paz en nuestra tierra y en su entorno. Por ello, el Gobierno de España debe abandonar de forma urgente la pasividad aplicada en las últimas décadas. La extrema debilidad que sufre Canarias tiene una de sus raíces en la ausencia de alternativas estratégicas en la política exterior del Estado, que impide una defensa más activa y contundente de los derechos humanos y de la identidad de los pueblos de la zona.
Los episodios de tensión se suceden a un ritmo de aceleración creciente. El incremento de la inmigración desde las costas africanas hacia el Archipiélago canario no es ajeno a la ausencia de controles de las fuerzas que Marruecos tiene desplegadas en los territorios de origen de las pateras. Una buena parte de las personas que se juegan la vida cruzando el mar sin garantías de supervivencia son de procedencia marroquí, a pesar de las enormes ayudas que desde la Unión Europea se aportan cada año al Gobierno de Marruecos para mitigar este fenómeno. Las vidas de muchos migrantes se han convertido en moneda de cambio de esta dinámica de tensiones, como ha quedado en evidencia en los recientes acontecimientos sufridos en Ceuta y como, desde mucho antes, viene sucediendo en las costas de Canarias cada vez que surge alguna dificultad en otros escenarios. En este contexto, España no puede dar respuestas distintas al fenómeno de la inmigración en función de la cercanía a la península de los puertos de llegada y es por eso mismo que Canarias no puede convertirse en el patio trasero – cuando no cárcel- donde se acumulan las víctimas de este trato inhumano, ni los canarios vamos a permitirlo. La prioridad de la diplomacia española debe dirigirse a exigir el cumplimiento de los objetivos de la cooperación entre Europa y Marruecos no sólo en la aplicación de medidas de seguridad fronteriza sino en el desarrollo de políticas activas de protección de los migrantes, que acaben con la aportación de recursos a fondo perdido.
El conflicto sobre la soberanía del Sáhara Occidental está en la raíz de esta dinámica de pulsos que el régimen político de Marruecos aplica a sus vecinos. Canarias no sólo es testigo directo de la tensión acumulada en la región desde que España abandonó el Sáhara en 1975; es también víctima directa de los distintos fracasos de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución pacífica y duradera para este conflicto.
La responsabilidad de España no es sólo la que se deriva de las convulsiones históricas sufridas por el pueblo saharaui, cuyo derecho a la autodeterminación mantiene plena vigencia ante la comunidad internacional. Es también la que implica a Canarias en la configuración de un modelo de convivencia en la región impulsor del respeto a los derechos humanos y al pleno reconocimiento de la identidad de los pueblos. No puede ser que la diplomacia española se conforme con auspiciar de forma cada vez más elocuente una solución que consolide la ocupación marroquí del Sáhara, como vienen pregonando sin pudor los distintos grupos de presión afines a los intereses de la potencia invasora. Antes debe evidenciarse el esfuerzo por cumplir con los mandatos de la Organización de Naciones Unidas, y completar el proceso del referéndum de autodeterminación como la solución que permita superar el actual estado de las cosas en la región.
El Gobierno español tiene una gran oportunidad de contribuir a esta solución aportando toda la colaboración posible al nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, que desde el pasado 1 de noviembre ejerce el papel de mediador en el conflicto por mandato del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. La reciente ruptura del alto el fuego y los distintos incidentes que se vienen registrando desde hace meses en zonas como el paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania, obligan a redoblar los esfuerzos para imponer la paz en la región, frente a los muchos intereses partidarios de mantener el actual status quo. A nadie se le esconde que los distintos fracasos de los anteriores mediadores y la tensión acumulada en la zona pueden provocar en cualquier momento un proceso incontrolable, que deje la región a merced de la ley del más fuerte. Y puede pasar en estos días con el ataque mortal del ejercito marroquí a tres ciudadanos argelinos en el Sáhara.
Este escenario resultaría del todo inaceptable para Canarias, por el dolor y la dinámica de violencia que impondría a sus habitantes. Y es por eso que los gobiernos y las instituciones canarias, españolas y europeas no pueden renunciar a sus obligaciones en defensa de un modelo de convivencia basado en el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica. No es el momento de callarse, sino de redoblar los esfuerzos en esta dirección. Por eso invito a todas las entidades públicas y privadas de Canarias a reafirmar públicamente el compromiso del Archipiélago con la paz en la región.
La explotación de los recursos naturales en los territorios y las aguas del Sáhara Occidental está condicionada a la solución definitiva de la soberanía del pueblo saharaui. De forma reiterada lo han sentenciado todos los organismos internacionales consultados, como recientemente ha expuesto el Tribunal General de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Ese contrato suscrito por Marruecos con una compañía israelí constituye un desafío, otro más, en contra de los esfuerzos por alcanzar una solución justa y duradera en la región, y aunque sólo fuese por eso, merece el rechazo frontal de todos los demócratas. El régimen marroquí trata de aprovechar la ventaja de los acuerdos con Israel apadrinados el año pasado por el anterior Gobierno de Estados Unidos, que fuerzan un escenario de mayores conflictos en la región, en cuanto afectan a las políticas de sostenibilidad ambiental y de generación, comercio y consumo de energías fósiles.
Ese contrato prevé prospecciones petrolíferas y de gas en las aguas del Sáhara Occidental que lindan o invaden las aguas canarias, y por eso ya está tardando en conocerse algún pronunciamiento del Gobierno español que advierta de las injerencias que acarrea esa actividad. La inmensa mayoría del pueblo canario ya mostró con contundencia su rechazo a la pretensión de la industria petrolera de explorar los yacimientos marinos en las aguas canarias cuando el gobierno del Partido Popular, animado por el ministro José Manuel Soria, consintió las perforaciones al noreste del Archipiélago. El nuevo planteamiento no es distinto; la misma industria, con actores diferentes, tratando de forzar la voluntad de los canarios en un escenario internacional de agotamiento de los combustibles fósiles. Ya está tardando el Gobierno de España en definir una estrategia ante las actuaciones que violentan la voluntad de los canarios, que debe incluir el tratamiento sobre las tierras raras situadas en aguas de jurisdicción española.
Otra decisión marroquí que no ha sido contestada es la aprobación por su Cámara Alta de la ampliación a 200 millas de su zona económica exclusiva y la plataforma continental la extiende a 350 millas, lo que supone asignarse, además, las aguas del Sáhara Occidental. Esta ampliación afecta directamente a aguas canarias y se hace para la explotación del subsuelo rico en telurio, cobalto y tierras raras y como medio de presión, de nuevo, al gobierno español y canario. Como se puede deducir sin dificultad, las decisiones marroquíes son de todo menos amistosas y propias de un país amigo. Por el contrario, mantiene una posición de extorsión y de hechos consumados – como la marcha verde, coincidiendo con un gobierno débil, el último de la dictadura- que necesitan una respuesta contundente y unánime de la sociedad canaria y del gobierno de España. Las razones de Estado no pueden estar por encima de las razones de Canarias. Desde el Cabildo de Gran Canaria apoyaremos todas las medidas que nos hagan avanzar en la dirección de ser contundentes en la defensa de los derechos de Canarias.
Antonio Morales Méndez.
Presidente del Cabildo de Gran Canaria.
