Sagardoy Abogados explica las principales novedades en materia de planes de igualdad, empresas obligadas a negociarlos, períodos transitorios legalmente establecidos y sanciones en casos de incumplimiento.

Maria del Mar Ropero Campos, socia directora del despacho en Canarias participó en una Jornada sobre los Planes de Igualdad organizada por la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

Sagardoy Abogados ha participado en una jornada organizada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria en la que se mostraron las novedades de los Planes de Igualdad de la mano de Maria del Mar Ropero Campos, socia directora del despacho especializado en asesoramiento legal en el ámbito laboral.

La Ley de Igualdad establece que todas las empresas con independencia del número de personas trabajadoras en plantilla están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar, previa negociación, medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, así como promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos tanto para su prevención como para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. Dicha Ley establecía la obligatoriedad de que todas las empresas con más de doscientos cincuenta trabajadores elaboraran y aplicaran un plan de igualdad.

El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, amplió dicha obligación a las empresas con cincuenta o más trabajadores y el Real Decreto 901/2020 del 13 de octubre ha venido a concretar algunos importantes aspectos relacionados con el contenido y los sujetos llamados a negociar los planes de igualdad.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en la provincia de Las Palmas existen unas 600 empresas con cincuenta o más trabajadores*, empresas que se ven afectadas directamente por la nueva regulación sobre planes de igualdad y que deberán proceder a su elaboración y aplicación. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta o negociación con la representación legal de las personas trabajadoras.

En la elaboración del Plan de Igualdad, las empresas estarán obligadas a realizar un diagnóstico sobre los siguientes aspectos: proceso de selección, clasificación profesional, formación y promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida la denominada “Auditoría salarial entre hombres y mujeres”, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones, prevención del acoso sexual y por razón de sexo. El diagnóstico deberá ser negociado con la representación de los trabajadores. Finalmente, los planes de igualdad deberán ser inscritos en registro público.

Esta norma que entrará en vigor a los tres meses de su publicación (el 14 de enero de 2021), pero las empresas que ya tuvieran un plan de igualdad dispondrán de un año más para adaptar su plan a la nueva normativa. Los planes de igualdad tendrán la vigencia que convengan las partes, pero en ningún caso puede ser superior a 4 años.

“Se abre, por tanto, una etapa de mucho trabajo para empresas, trabajadores y agentes sociales, que requiere un amplio conocimiento de los cambios introducidos, pues obligará a revisar los planes de igualdad existentes a fin de poner en práctica las modificaciones normativas así como a elaborar planes de igualdad a empresas no obligadas con anterioridad ya que las empresas de entre 100 y 150 trabajadores deben acometer dicha elaboración antes de marzo de 2021”, concluyó Maria del Mar Ropero Campos, Socia directora de Sagardoy Abogados en Canarias, durante su intervención en la Cámara de Comercio de Gran Canaria.