AISP Insta al Gobierno canario a dar solución a graves carencias ante el COVID-19, que ellos mismos denunciaron estando en oposición

Se han publicado numerosos artículos en relación con la disminución de la incidencia de COVID en la isla Tenerife durante el periodo Navideño, situación excepcional y única en comparación con en el resto del territorio Nacional. El análisis de las medidas de prevención y control sugieren que existe una correspondencia significativa en la relación causa efecto, es decir, entre las medidas tomadas y la reducción de casos.

En este sentido, y desde el Ejecutivo, se dictaron una ingente cantidad de instrucciones que eran modificadas en función de la evolución de la incidendia de casos. La publicación novedosa de las «medidas semáforo» el pasado mes de diciembre, intentó pautar de una manera más sencilla la aplicación de la normativa para cada fase de la pandemia. No obstante, el cumplimiento de dichas medidas en los distintos ámbitos de aplicación supuso por parte de los titulares de los establecimientos y responsables de actividades una gran dificultad debido en algunos casos a una redacción poco clara que complicaba la interpretación de las normas así como a una continua modificación de las mismas.

A finales del mes de noviembre, en previsión del gran impacto que podía suponer la campaña navideña en los diferentes ámbitos, el Cuerpo de Inspectores de Salud Pública, como Autoridad Sanitaria inició una campaña de inspección tras coordinarse con las Policías Locales y otros Cuerpos de Seguridad del Estado y la Dirección Gerenal de Salud Pública. Se destinó la totalidad de los efectivos de los Servicios de Inspección Sanitaria y Laboratorio de la mayoría de las Áreas, pues las directrices no llegaron con la misma rapidez a Área de Gran Canaria, a la realización de inspecciones masivas de los establecimiento de mayor riesgo de propagación de la pandemia: centros comerciales y de ocio, grandes superficies, supermercados, bares, restaurantes, gimnasios,… entre otros.

Este colectivo, con una experiencia de más de veinticinco años en la prevención y control de enfermedades transmisibles, zoonosis, brotes, etc. informó de forma continuada de la situación real detectada en la calle y del cumplimiento o efectividad de las medidas de control realizándose más de mil actuaciones.

El resultado de las primeras inspecciones realizadas, demostraron que las medidas que se estaban tomando no surtían efecto en aspectos tales como el control de aforos, ya que los porcentajes establecidos en la norma eran incompatibles con el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. También se observó que en la mayoría de los casos no se utilizaban los productos para la desinfección de manos y superficies autorizados, por lo que no se podía garantizar la eficacia en cuanto al control de dispersión del SARS COV-2. Igualmente se comprobó que la dificultad de adoptar los continuos cambios normativos a los que se vieron sometidos los responsables de las actividades inspeccionadas, les conducía a incumplimientos involuntarios de las normas vigentes en cada momento, y por tanto, la eficacia de las mismas se veía comprometida, alargando el tiempo de respuesta y la consecuente reducción de casos.

Por tanto, resultó imprescindible que la Administración recibiera información continua, veraz y contrastada, relativa a la dificultad del cumplimiento de las normas, que fueron en consecuencia adaptando a la realidad descrita y logrando consecuentemente doblegar la curva de contagios en la mayoría de las islas.

Una vez más se demostró que la PREVENCIÓN es un aspecto fundamental en Salud Pública. A pesar de ello, los servicios de inspección sanitaria siguen siendo los grandes olvidados, infradotados tanto en recursos humanos como materiales.

En la gestión de esta crisis sanitaria se ha reforzado, paradójicamente de forma unilateral, la actividad asistencial, olvidando una vez más la sabia frase «más vale prevenir que curar»…o que morir…?

Resulta obvio, que en tiempos de pandemia hay que aunar esfuerzos para evitar la pérdida de vidas, pero para ello es imprescindeible un reparto racional de medios para conseguir el mejor equilibrio entre los niveles preventivo y asistencial. ¿Cúantas vidas se hubieran salvado con un eficaz servicio de prevención?

El Cuerpo de Inspectores de Sanidad (TISP) queremos DENUNCIAR, que llevamos más de tres años comunicando en todos los ámbitos, prensa, Diputado del Común, representantes de Gobierno y partidos políticos… la precaria y grave situación de este colectivo. Se advirtió que la falta de medios era tan grave que si ocurriera algo el sistema sanitario no podría controlarlo. Ahora ha ocurrido la falta de medios de prevención no ha podido frenar el colapso de la parte asistencial.

Los inspectores sanitarios llevan más de veinticinco años sobre el asfalto (que es dónde se ven los problemas, y no en los despachos) actuando sobre la prevención y control de enfermedades tanto en el ámbito alimentario como en el ambiental. Un ejemplo de ello es la legionelosis, cuya forma de infección y síntomas son muy parecidos a los del Covid. Ahora nos enfrentamos a una superpandemia con una capacidad infectiva extraordinaria. Por ello, las medidas que se tomen también deben ser extraordinarias. Sin embargo, la gestión ha seguido una línea que consiste en la publicación desbordada de normativa y la línea del gasto asistencial. Para el Servicio de Inspección Sanitaria, la inversión ha sido NULA, incluso se ha visto mermada.

El cuerpo de Inspección Sanitara no dispone de medios suficientes, tanto personales como materiales, para la realización de sus funciones. Tanto en la primera ola como en las siguientes, seguimos teniendo que poner para la realización de las inspecciones nuestros vehículos particulares en contraposición con otros Cuerpos de inspección o de control como la Policía local. La situación es inadmisible, llegando en algunos casos a tener que denunciar ante los Tribunales de Justicia vulneración de derechos como es el caso del Área de Gran Canaria, más preocupada en hostigar al cuerpo de Inspectores. Actualmente, la rapidez de cualquier actuación depende del vehículo particular o del uso de la guagua, no sólo para la actuación en esta pandemia sino para cualquier otra alerta o actuación que se genere en la islas.

Este Gobierno, a pesar de todas sus promesas y de la grave pandemia que vivimos, en la que la implicación del inspector de sanidad es más que manifiesta, lamentablemete no ha cumplido ni una de ellas, y la única solución que ha dado para el transporte es darnos bonos de guagua para ir a realizar la labor inspectora.

Numerosas voces apuntan a que a pesar de la vacunación nuevas variantes del virus SARS COV-2 podrían escapar del su efecto inmunizador. Así mismo, no se descartan la aparición de nuevas pandemias por transmisión de otros coronavirus.

Insistimos en que la única manera de impedir que el número de infectados aumente es la prevención en el contagio, tal y como ha quedado demostrado.

INSTAMOS,  por tanto, al Gobierno de Canarias,  de una vez por todas a dar solución  a  las graves carencias descritas, que ellos mismos denunciaron cuando estaban en la oposición y que ahora parecen olvidar.

 

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