Ante las falsas interpretaciones que se dieron a nuestra anterior nota de prensa sobre la problemática de la falta de sangre, queremos hacer constar:
En primer lugar debemos decir que nunca hemos puesto ni pondremos en cuestión la necesidad de la donación como acto voluntario, anónimo, altruista y no remunerado, así como tampoco la necesidad de la prohibición de cualquier comercio con la sangre o sus derivados, tanto la remuneración al donante como la venta de la sangre, es decir, que no se pague la donación ni se cobre al paciente la sangre que recibe. Sin embargo el mercantilismo que todo lo domina impide que las cosas sean así. Es evidente que hay compañías farmacéuticas que comercializan la sangre y que las clínicas privadas se lucran con intervenciones quirúrgicas que no podrían hacer si no tuvieran a su disposición sangre que les facilitan y facturan entidades de hemodonación. Ante ello sugerimos que la sangre que se deriva a la sanidad privada, lo sea en concepto de préstamo, de tal forma que la entidad privada mande donantes al ICHH del mismo modo que en la Sanidad Pública se le pide al paciente que aporte donantes entre familiares y amigos.
Tras hablar con profesionales del ICHH y profundizando en esta cuestión, nos encontramos con una situación francamente irregular. Desde luego no puede ser que este instituto solo tenga un 5% de dotación económica proveniente de los presupuestos públicos y que el 95 % restante provenga de la cuenta comercial, es decir, de la facturación de los hemoderivados sobre todo a los hospitales públicos pero también a los privados. Tal cosa requiere medidas legislativas para convertir al ICHH en una auténtica institución del sistema público de salud y por tanto 100% pública, dotada económicamente de modo total por los presupuestos de la sanidad pública, del Servicio Canario de la Salud, acabando con la figura de la facturación comercial de los hemoderivados. Este estatuto ya se contempla en otras CCAA.
También se nos ha aclarado el peligro que podría suponer nuestra reivindicación de que los centros privados para funcionar se doten de su propio banco de sangre, con la dificultad de controlar el respeto a la seguridad de la donaciones al poder primar en ellas el ánimo de lucro por encima de los criterios mencionadas al principio. Asumiendo que nos movemos en un terreno con muchas contradicciones y posibles efectos adversos, sobre todo para conseguir que no haya lucro con la salud y la enfermedad en medio de un sistema que consagra el lucro con todo lo que tenga a mano, está claro que globalmente la mejor forma de conseguir nuestro declarado propósito habrá de ser alcanzar un potente nivel de desarrollo de la Sanidad Pública de modo que no sea necesario recurrir a la sanidad privada como solución al déficit asistencial de la Sanidad Pública de la cual todos debemos ser participes de forma universal y gratuita.
Opinamos que en estos términos, junto con campañas de información y fidelización, puede darse una plena coincidencia entre profesionales y la ciudadanía para solventar la situación de la hemodonación en Canarias. Pero mucho ojo porque la Alianza de la Sanidad Privada Española cuyo vicepresidente ha sido (¿lo sigue siendo?) José Manuel Baltar ha respondido a nuestro primer comunicado puntualizando que “queremos hacer especial hincapié en que la sanidad privada atiende un 23% de las urgencias en nuestro país y realiza el 30% de los actos quirúrgicos, actividad que difícilmente se podría mantener con las restricciones propuestas por la ADSPC”. Ante eso, cabe preguntarse ¿vamos a seguir permitiendo la parasitación de la pública por la privada?. Creemos firmemente que la respuesta pasa por una Sanidad Pública de calidad optimizada al 100% para responder a las necesidades de nuestra población.
