Las víctimas eran obligadas a prostituirse en clubes de alterne y en la vía pública para pagar la deuda contraída de 50.000 euros.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Han sido detenidas 11 personas que conformaban una red que operaba en España y Reino Unido y que, además, contaba con un fuerte estructura y un claro reparto de funciones. Las víctimas eran obligadas a prostituirse en clubes de alterne y en la vía pública para pagar la deuda contraída de 50.000 euros. Los arrestos se han llevado a cabo en Madrid (7), Almería (1), Las Palmas (1) y Málaga (2) donde, además, se ha realizado la entrada y registro de una vivienda donde se incautó diversa documentación, equipos informáticos, teléfonos móviles, tablets, soportes físicos de memoria externa y 8.000 euros en efectivo.

La investigación se inició tras la denuncia de una víctima de trata, quien manifestó a los agentes que había sido captada y explotada sexualmente por la organización delictiva, informando que se encontraban asentados en diversas ciudades de España y en Wolverhamptom (Reino Unido).

Deudas de 50.000 euros

La organización estaba compuesta en nuestro país por 11 personas que mantenían estrecho contacto con otras personas que, desde Nigeria, se encargaban de captar a mujeres jóvenes de los estratos más deprimidos del país. Allí contactaban con los familiares de las víctimas haciéndoles falsas promesas de que ellas tendrían mayor bienestar en España para que autorizaran los viajes. Antes de ser trasladadas a nuestro país, eran sometidas al juramento vudú-juju donde se comprometían a pagar la deuda y a no denunciar a sus explotadores.

Para el traslado de las mujeres, la organización optaba por diversas vías para no despertar sospechas en la frontera. Una de las vías era aérea, utilizando documentación falsificada y un visado apto para viajar a Europa y, en otras ocasiones, el traslado era terrestre y aéreo hasta Marruecos para, posteriormente, coger un barco con destino a España de manera clandestina.

Una vez en nuestro país, les retiraban el pasaporte y les comunicaban que la deuda que habían contraído era de 50.000 euros, siendo trasladadas hasta los clubes de alterne donde iban a ejercer la prostitución. En ocasiones eran prostituidas en la vía pública, controlándolas constantemente para impedir que se fugasen. Para evitar ser expulsadas del territorio, eran obligadas a solicitar asilo y refugio e instruidas en la forma de comportarse durante las para que se lo concedieran.

Fuerte estructura organizacional

Tras la investigación se ha descubierto la estructura organizativa y el perfecto reparto de papeles entre sus miembros. Mientras unos captaban a las víctimas en Nigeria, otros se encargaban de su traslado y prostitución en varias ciudades españolas, asegurándose unos beneficios ingentes que transferían simulando ayudas a sus familias en Nigeria, cuando en realidad eran invertidos en construir edificaciones en su país.

La operación ha finalizado con 11 detenidos -dos en Málaga, uno en Las Palmas, siete en Madrid y otro en Almería-, como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y blanqueo de capitales. Tras su puesta a disposición judicial, cuatro de ellos han ingresado en prisión. En la operación han sido liberados dos víctimas, una en Madrid y otra en Las Palmas de Gran Canaria.

Los agentes llevaron a cabo la entrada y registro de un domicilio de Málaga donde se intervino diversa documentación, equipos informáticos, teléfonos móviles, tablets, soportes físicos de memoria externa y 8.000 euros.

El teléfono de la trata: 900 10 50 90 no refleja la llamada en la factura

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y un correo electrónico [email protected] para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.