El proyecto de presupuestos presentado por el gobierno de Canarias para 2019, respecto a la educación y los servicios públicos, son un ejemplo de publicidad engañosa y manipulación informativa.

Centrándonos en el ámbito educativo, la divulgación del proyecto por parte del gobierno contiene varias falsedades que los datos desmienten con rotundidad. Por no extendernos, lo ilustraremos con dos ejemplos

El gobierno dice que “los 1.713 millones de euros del presupuesto de educación son el mayor presupuesto con fondos propios”. Primera falsedad. En el año 2009 –una década atrás, el presupuesto de educación era de 1.750 millones de euros, es decir, 37 millones más. La afirmación del gobierno es escandalosamente engañosa ya que el PIB de 2019 será un 17% más alto que el de 2009 por lo que, siendo rigurosos, para que fueran equiparables, el presupuesto de 2019 debería crecer en 335 millones de euros. Es decir, debería alcanzar los 2.048 millones de euros. Esto nos puede dar una idea de la gravedad de los recortes sufridos por la educación canaria en esta década.

El gobierno también afirma que “esta cifra nos coloca en la senda de superar el objetivo del 5% del PIB en 2022”. Segunda falsedad. Los 53 millones de euros que aumenta el presupuesto de educación respecto al año anterior representa un crecimiento de 0,03 puntos. Esto nos sitúa en el 3,6% del PIB, muy lejos de la senda necesaria para llegar al objetivo. A ese ritmo de crecimiento tardaríamos 49 años en llegar al 5%, mientras que la Ley Canaria de Educación establece que deberíamos llegar en 3 años.

El análisis del proyecto de presupuestos para 2019 nos permite concluir lo siguiente:

1. Aunque aparentemente el presupuesto crece –como dice el gobierno-, ese crecimiento es bajo y ridículo respecto al PIB. Cuando se aprueba la Ley Canaria de Educación en 2014, el presupuesto de educación representaba el 3,79% del PIB. Cuando se agote esta legislatura estaremos en el 3,63%. Es decir, bajaremos en estos 5 años un 0,16% respecto al PIB.
2. Queda acreditado que la educación no es una prioridad para los firmantes del pacto presupuestario. PP, CC y ASG incumplen su compromiso de “incorporar en el Proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria para 2019 un presupuesto de Educación que se sitúe como mínimo en el 4% del PIB”. Pero además de incumplir la ley, el Presidente Clavijo rompe su promesa electoral de “incrementar el presupuesto de inversión en educación hasta alcanzar la media europea”.
3. Los 270 millones de euros de rebajas fiscales contenidas en los dos últimos presupuestos son innecesarias e injustas. Innecesarias porque tenemos la fiscalidad más baja del Estado y dichos ingresos son imprescindibles para recuperar los recortes sufridos por nuestros debilitados servicios públicos. E injustas porque los más beneficiados serán las clases medias altas y ciertos grupos empresariales, ya que para ese 40% de la población canaria que se encuentra en el umbral de la pobreza (parados y trabajadores pobres), la bajada del IGIC les repercutirá de forma mínima y no se beneficiarán de las deducciones en el IRPF ya que, la gran mayoría, no presenta la declaración de la renta por no estar obligados a ello.
4. Estos presupuestos no son solidarios con la desigualdad económica y social. No contienen ninguna medida que mejore la contribución fiscal de los sectores que más beneficios obtuvieron durante la crisis y la recuperación y, con ello, impiden disponer de unos ingresos y un techo de gasto suficientes para afrontar una verdadera política de redistribución de la riqueza y recuperación de los servicios públicos.

En definitiva, pese a la publicidad engañosa que trata de ocultar la realidad, estos presupuestos no trasladan la recuperación económica a los servicios públicos. La financiación de la educación, en concreto, se encuentra entre las más bajas de la historia en relación con el PIB.

Fernando Redondo Rodríguez y Pablo Joel Santana Bonilla (miembros de la Plataforma por el 5% del PIB para la Educación)