Por Óscar Izquierdo | La prioridad de contar con una vivienda como protección, hogar, confort, bienestar, calidad de vida, para una plena vivencia personal o familiar es un derecho primario y constitucional. Actualmente no se dan las circunstancias que propicien la ejecución práctica de este principio básico y trascendental. Por lo tanto, su consecución tiene que ser puesta en las primeras metas a lograr por cualquier política a perseguir de modo preferente sin dilación alguna, porque en este asunto, por responsabilidad y servicio público, no valen las trifulcas entre partidos políticos o ideologías. Aquí no cabe el frentismo o como se ha puesto de moda ahora la “polarización” entre gestores públicos gobernantes y oposición. Todos deberían hacer un esfuerzo, cosa bastante improbable por sus comportamientos habituales para, conjuntamente, quitar todos los obstáculos que impiden establecer en el mercado el número suficiente de edificaciones, tanto en alquiler como en compraventa, que la demanda, en algunos casos extrema, solicita angustiosamente.
Es de todo modo urgente aumentar la construcción de cualquiera de las tipologías de vivienda, tanto libres, como asequibles y por supuesto sociales, ya que hay que equilibrar la oferta y la demanda, respondiendo con hechos a la creciente necesidad y así acabar con el tremendo déficit que sufrimos en estos momentos, que impide unos precios razonables, estables y proporcionados. Contar con suelo suficiente y finalista es otra de las claves que solucionarían el problema. Para eso es perentorio una gestión del mismo de forma ágil, que a su vez lleve implícita todas las garantías oportunas y la seguridad jurídica adecuada.
Aquí llegamos al cogollo que todo lo para, obstaculiza, frena, estorba y detiene, nos referimos a la inútil burocracia, incapaz de gestionar en tiempo y forma los expedientes, las licencias de obras mayores o cualquier tipo de informe sectorial. Primero hay que contar con un marco regulador y estable de una Función Pública moderna y comprometida, que no lo hay, donde se exijan a raja tabla, cumplimientos de resolución sin demoras con una productividad operativa cuantificable y ganas de aportar soluciones y no de imponer escollos con interpretaciones personales de la Normativa vigente que llevan después, necesariamente en defensa de los derechos adquiridos o sobrevenidos, a los tribunales cualquier gestión burocrática por parte del ciudadano o empresario, donde todo se retrasa aún más sine die. Hay que quitar las arbitrariedades imponiendo criterios seguros y unificados sin una tramitación compleja. En este momento es bueno recordar que la Administración Pública tiene el deber, más la obligación, de contar con los medios materiales y recursos humanos suficientes y eficientes, maximizándolos cuando sea preciso, para cumplir como mínimo, con la legalidad vigente y no para incorporar allegados, amigos, burócratas del partido que sea o alguna que otra deuda personal que tenga el líder que corresponda.
La fiscalidad sobre la vivienda es escandalosa, por no mentar su afán recaudatorio, de todo punto excesivo, aguantando una carga fiscal que después tiene que ser repercutida en el comprador final suponiendo un 25% del precio a pagar, es decir, cuando se compra una edificación, una cuarta parte va para la Administración Pública, que tiene un afán de imponer y cobrar impuestos más grandes que la boca de un mero. Los incentivos fiscales para la promoción de la vivienda asequible tienen que ser cuasi obligatorios, aumentando las posibilidades de financiación, tanto pública como privada, a través de canales o convenios de colaboración, entre los gobiernos central y autonómicos, con las entidades bancarias privadas.
La eficiencia energética, sostenibilidad, industrialización, así como una arquitectura bonita, provocadora de una simbiosis con el territorio es la apuesta del sector, siendo creíble conseguirlo.
