Por Óscar Izquierdo | La demanda de vivienda, en propiedad o en alquiler en todas sus formas o tipos, está muy por encima de la oferta que hay en el mercado, produciéndose como consecuencia, un injusto y evidente desequilibrio social, además de un quebranto económico en el conjunto de agentes que participan en el proceso constructivo, ya que no pueden ejercer sus funciones empresariales, profesionales o técnicas con la diligencia que quieren y pueden.

La verdad es que la problemática que envuelve la emergencia habitacional es de una actualidad incuestionable porque estamos tratando de un derecho fundamental, constitucional, primario. Afectando a personas o familias con todas las consecuencias desgarradoras que supone no poder contar, como mínimo, con un hogar como protección física.   Lo paradójico de la cuestión es que las ganas por construir o rehabilitar, en su caso, son máximas. Los promotores, haciendo las diligencias conducentes para su logro, quieren y pueden promover, tanto la edificación nueva como reforma de la desfasada, otra cosa es que, desde las esferas públicas siempre entorpecedoras, pongan todos los obstáculos para hacer inviable cualquier proyecto, por muy ilusionante que sea, para el emprendedor o el ciudadano, que esperan sacarlo adelante lo más rápido posible, para su disfrute.

Es indudable que asistimos a una creciente indignación generalizada, ya no sólo desde el estricto ámbito empresarial, por cierto, más que comprensible, sino aumentado en el conjunto de la ciudadanía, por la excesiva tardanza en la concesión de licencias de obras mayores por parte de las administraciones locales. Aquí es donde aparecen los ayuntamientos fallidos, casi todos, porque las excepciones son pocas y que también podríamos denominar ayuntamientos marrados, que viene a significar fallones y desacertados.

La licencia de obra mayor es un permiso de construcción que tiene que solicitarse ante la administración local para ejecutar aquellos tipos de obras que suelen ser de envergadura, añadiendo complejidad técnica y un importante costo económico, sumando el ceñirse tanto a las normas de seguridad como a la legalidad vigente. Lo que debería ser un trámite ágil y transparente se ha convertido en una muralla burocrática inabordable que paraliza proyectos, genera inseguridad jurídica y encarece los costes de las empresas, impidiendo poner en el mercado las viviendas que se necesitan. Las demoras incomprensibles y fuera de la periodicidad que exige la Normativa urbanística vigente superan años de espera, estorbando el inicio de promociones residenciales, infraestructuras o reformas, retrasando la construcción de viviendas, limitando la oferta en el ámbito inmobiliario y perdiendo oportunidades de empleo. Insistimos que este descalabro no sólo afecta a las empresas constructoras y promotoras, sino que repercute directamente en el conjunto de la sociedad.

Faltan recursos humanos en las oficinas técnicas municipales o gerencias, que es el argumento para escudarse en el alargamiento en la consecución de las licencias en tiempo y forma, provocando un colapso de graves consecuencias. Recordamos que cada proyecto paralizado supone una inversión bloqueada, un freno a la economía y un retraso a la construcción de viviendas. Las demoras generan un sobrecoste añadido para las empresas, obligadas a soportar gastos financieros por la espera, lo que pone en riesgo su propia viabilidad.

Reclamamos medidas urgentes y viables, como más personal cualificado en los servicios de urbanismo, digitalización real de los procedimientos y plazos de resolución garantizados por ley. La construcción, aparte de ser un motor económico, también es resolutiva socialmente, pero sin licencias no hay obras y sin obras no hay ni casas, ni edificios. La sensación general es de hartazgo, la burocracia, en lugar de facilitar, se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo urbano y económico.