Los promotores y constructores en Canarias estamos padeciendo despropósitos por parte de la Administración Pública, que más que proteger, promoviendo nuestro trabajo, como primordial para un desarrollo ordenado y perdurable de la entera actividad económica, se ha convertido en una molestia permanente, como una piedra en el zapato. Fastidiando planes ilusionantes de inversión, importunando ocasiones de crear riqueza social, cansando al más paciente de los empresarios y jorobando con gusto por doquier. Es su sino, molestar, siendo lo contrario de lo que debería ser en teoría o en la práctica, porque como decía el político francés Louis de Bonald, “hay personas que no saben perder el tiempo ellas solas y son el azote de las gentes ocupadas”.
En Canarias tenemos muchas emergencias declaradas oficialmente por la autoridad competente, cada cual con su complejidad y preocupación intrínseca. También sufrimos la emergencia habitacional, según especifica la Exposición de Motivos del Decreto Ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. Por cierto, un paso normativo adelante que hay que valorar.
Se explicita textualmente que, “el acceso a una vivienda digna y adecuada en Canarias, desde la crisis inmobiliaria iniciada en 2008, a la que siguió la crisis económico-financiera que afectó a las Administraciones Públicas, se caracteriza fundamentalmente por la falta de oferta suficiente, tanto de vivienda libre como de vivienda protegida, para atender una demanda en constante crecimiento tanto en régimen de propiedad como en régimen de alquiler”. Además, tiene la gallardía de reconocer que “el reducido número de viviendas protegidas construidas en los últimos años limita las posibilidades de acceso de las personas”. Es decir, el diagnóstico de la enfermedad es claro, no se ha hecho durante décadas lo que se tenía que haberse ejecutado como prioridad, porque la vivienda no sólo es un derecho constitucional importante en sí mismo, sino también una necesidad primaria que significa protección, hogar, intimidad.
Pero la cuestión no se queda ahí, para remarcar que se sabe cuál es la situación gravísima actual y haciendo un símil con los hospitales españoles que tienen una denominación específica que asignan a las Unidades donde se proporciona asistencia a los pacientes más graves, estamos inmersos en una Unidad de Cuidados Críticos (UCC) en cuanto a la vivienda se refiere, ya que se reconoce que “como consecuencia de la crisis inmobiliaria en muchos municipios se ha reducido la oferta de vivienda libre a la que pudieran acceder, en condiciones económicas razonables, personas y familias con rentas medias. A su vez, la existencia de viviendas libres desocupadas, que pudiendo ser destinadas al alquiler no lo están y el impacto sobre el mercado de alquiler de las viviendas vacacionales, con efecto directo en los trabajadores, empleados públicos, incluso estudiantes, desplazados temporalmente en las distintas islas, complica aún más el acceso a una vivienda, ya sea permanente -en régimen de propiedad-, ya sea el temporal -alquiler de media o larga duración-, en función de las distintas necesidades”.
El legislador se sincera y reconoce que en “la respuesta y la superación de esa situación de emergencia habitacional, el papel de los poderes públicos es fundamental”. Pues que pongan medicamentos curativos o terapias verdaderas, como simplificar la profusión de normativa en ocasiones contradictoria, Planes Generales obsoletos enfrentados al Código Técnico de la Edificación, la escasez de personal, que muchas veces esconde una mala distribución del mismo o la falta de control de su productividad, porque otorgar una licencia de obra, en el tiempo que establece la ley es inalcanzable en la mayoría de los ayuntamientos canarios, siendo una verdadera utopía, un sueño inalcanzable.
Oscar Izquierdo
