Por Óscar Izquierdo | Cuando los empleados públicos entran en la dinámica de la confrontación mutua, que pueden ser por distintos motivos, quienes salen perjudicados realmente son terceros, porque ellos de todas maneras seguirán cobrando su sueldo puntualmente a final de mes y encima con el plus de productividad. La eficiencia del funcionamiento institucional es clave para el desarrollo económico de cualquier territorio. Sin embargo, cuando los funcionarios, ya sea por diferencias personales, políticas, criterios técnicos, incluidas vanidades personales, se encuentran enfrentados, las consecuencias no sólo se quedan en el ámbito interno de la Administración. Las principales perjudicadas son, sin duda, las empresas, que ven cómo sus proyectos se retrasan, sus trámites se complican y su confianza en el sistema se erosiona.

En muchos organismos públicos, especialmente aquellos que gestionan licencias, subvenciones o contratos administrativos, la coordinación entre departamentos y técnicos resulta esencial. Cuando esa coordinación se rompe por conflictos internos, las decisiones se bloquean. Lo que debería resolverse en semanas se dilata durante meses o incluso años. Las empresas, atrapadas en medio de disputas burocráticas, padecen un limbo administrativo que afecta a su productividad, planificación y viabilidad económica.

Los motivos de estos enfrentamientos entre funcionarios pueden ser diversos. A veces responden a rivalidades personales, casi siempre, luchas de poder o enfrentamientos por cuestiones técnicas o jurídicas. En otras ocasiones, se trata de desavenencias entre niveles jerárquicos o entre distintos departamentos con competencias superpuestas. Además, la evidente politización de la Función Pública también contribuye a crear tensiones que nada tienen que ver con la calidad del servicio prestado al ciudadano o al tejido empresarial.

Uno de los efectos más perniciosos de estos conflictos es la paralización de expedientes. Por temor a firmar decisiones que puedan ser cuestionadas por un compañero enfrentado, muchos funcionarios optan por la inacción o el absentismo laboral. Generando una cultura del miedo y del bloqueo, donde lo más seguro es no hacer nada. En ese contexto, los empresarios que esperan una resolución para una licencia de obra o un permiso de actividad se convierten en víctimas colaterales de unas guerras internas que no comprenden ni pueden controlar y por ende enfadan mucho.

Este tipo de situaciones generan una enorme inseguridad jurídica. Las empresas no saben a qué atenerse. Un informe favorable puede quedar invalidado por un segundo informe contradictorio, procedente de otro departamento. Las interpretaciones legales difieren según quién las firme. La Administración Pública, lejos de actuar como facilitadora de actividad económica, se convierte en un obstáculo. Ahuyentando inversiones, desincentivando la innovación y deteriorando el tejido productivo local.

La solución no es sencilla, pero pasa por una profesionalización real de la Función Pública, quitando privilegios corporativos, donde prime el interés general y la vocación de servicio. También es necesario establecer mecanismos internos de mediación y coordinación que resuelvan los conflictos sin que lleguen a perjudicar a terceros. La transparencia en los procedimientos, la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño pueden ayudar a minimizar estos comportamientos disfuncionales.

Los funcionarios deben entender que su labor no es una isla aislada del entorno. Cada expediente bloqueado puede significar empleos que no se crean, inversiones que se pierden o empresas que cierran. La economía necesita agilidad, no estructuras burocráticas anquilosadas por luchas internas y personalismos soberbios.

Los conflictos funcionariales no solo afectan al sector público. Son un factor de riesgo para la competitividad económica y para la confianza ciudadana en las instituciones. Si se quiere fomentar un entorno empresarial dinámico, es urgente abordar estas disfunciones con valentía y voluntad de mejora, exigiendo las resoluciones en tiempo y forma, porque de lo contrario, tendrá que establecerse algún tipo de sanción.