Una empresa pública la podemos definir como una entidad organizacional, gestionada en su totalidad o en parte, por el poder constituido, en cualquier ámbito territorial. Sus fines originales, no son precisamente conseguir beneficios económicos, sino asegurar una serie de obras o servicios, que es donde toman protagonismo, porque no puede llegar la iniciativa privada, por el motivo que sea.
Es la tendencia favorable, a la participación subsidiaria del Estado, en apoyo de las actividades privadas o comunitarias. Para entendernos de una manera sencilla y haciendo un símil con el futbol, las empresas públicas deberían ser como los jugadores suplentes, que salen al campo, cuando los titulares ya no pueden más o hay que dar un cambio de juego al equipo.
Es decir, su función principal es suplir, en mayor o menor medida, exigencias de interés público, para garantizar servicios de necesidad básica. Su propia naturaleza, les permite comenzar actividades con escasas rentabilidades o por otro lado, con altas barreras de inversión, persiguiendo el bien común. Todo lo dicho es la teoría y lo que debería ser un funcionamiento ordinario de las mismas.
La realidad en Canarias, como siempre, es diferente y peor. Ya el CEO de la empresa Sony, Akio Morita, advertía, “Una empresa no logrará nada, si todo el pensamiento se deja a la administración.” Aquí las empresas públicas, pululan a sus anchas, cómodamente, con plena libertad, acaparando la mayoría de las obras o servicios públicos, superando, con creces, los entornos que tienen específicamente establecidos en sus objetivos sociales, simplemente “se los pasan por el forro” y perdón por el vulgarismo.
La tesitura a la que nos enfrentamos los profesionales y las empresas de la construcción demuestra, por sí sólo, la afirmación contundente que llevamos denunciando desde hace muchos años, en relación con una Administración Pública que no funciona.
Cuantas más encomiendas, para entendernos mejor, encargos, se hacen a medios propios, significa, la plasmación de la incapacidad burocrática para gestionar con solvencia los procedimientos administrativos. Es el fracaso de la eficacia de la función pública, como servidora del interés general.
Llegan los fondos europeos, estatales y los propios canarios y no entran en el circuito del mercado libre y de la iniciativa privada, sino que se los queda avariciosamente la propia Administración, que se lo guisa y se lo come todo, engordando con una bulimia enfermiza, mientras las empresas locales canarias, frente a esta competencia desleal, pasamos hambre y mortandad.
No se puede seguir en la dinámica actual, con un funcionamiento extraordinario y anómalo, a través de continuas y numerosas encomiendas a empresas públicas, especialmente a GESPLAN, TRAGSA, TRAGSATEC y GESTUR. La situación está llegando a ser escandalosa, especialmente en La Palma, La Gomera y Tenerife.
Con esta manera de actuar, exageradamente ocurrente, se sustrae del mercado, la licitación pública, que tiene todas las garantías de publicidad, transparencia y mejor precio, por encomiendas a empresas públicas, con precios más caros y procedimientos más opacos.
Claramente, se vulnera la competencia empresarial, estorbando la actividad ordinaria de la iniciativa privada en el sector de la construcción, debilitando y haciendo peligrar la propia supervivencia de las empresas, por la competencia desleal que sufrimos, por quienes precisamente, deberían ser los máximos valedores para nuestro fortalecimiento.
Por último, hay que recordar que acudir a medios propios, por parte de las administraciones públicas, tiene que ser en casos muy restrictivos y sólo en las competencias que tienen asignadas, que suelen ser muy concretas y para situaciones excepcionales, porque si no es así, se debe obrar, por el procedimiento establecido en la Normativa vigente, de publicidad y competitividad libre entre las empresas privadas. Oscar Izquierdo, Presidente de FEPECO.
