Cuando se menciona la palabra empresario/empresaria, por experiencia personal o por haber tenido la fortuna de lidiar con ellos, de manera directa, constante y diaria, durante ya más de tres décadas, lo primero que me viene a la cabeza, es definirlos con una palabra que engloba todo su quehacer y que es con letras mayúsculas, VALENTÍA, entendida como la acción material o inmaterial, esforzada y vigorosa, que en muchas ocasiones parece exceder a las fuerzas naturales personales. No es fácil aventurarse en la creación de una empresa, definida como unidad de organización, dedicada a actividades industriales, mercantiles, prestación de obras o servicios, con fines lucrativos.
En primer lugar, porque es una apuesta personal y en la mayoría de los casos familiar, para emprender una actividad económica, que va a tener una incidencia global, en su vivencia individual, íntima o subjetiva. Además, servirá para engrandecer el entorno comunitario, creando una diversidad de labores interactivas, que engrandecen, enriqueciendo, al conjunto societario. El empresario/empresaria, es la base sustentadora del sistema productivo de cualquier territorio, lo que equivale a decir, que son pilares, es decir, elementos estructurales resistentes, con función, esencialmente de soporte. Por lo tanto, tienen una función no sólo imprescindible, sino más bien, imperiosa, fuerte e ineludible.
El valor que tiene, no que se le supone, al empresario/empresaria, como una fuerza que engendra una actividad, con eficacia, incluyendo en la mayoría de los casos la virtud, significando, vigor para producir o causar efectos francos y colaterales válidos, ocasiona indefectiblemente efectos provechosos. Por lo que, el apoyo, al tejido empresarial privado, tiene que ser una obligación, por parte de la prosapia política y de la Administración Pública. Aquí es donde encontramos el problema, que incluso podríamos denominar genético, a saber, la obstrucción total, deliberada y torpe de una burocracia, que se convierte en un muro infranqueable, que imposibilita aflorar toda la potencialidad que genera el empresariado. En vez de ser y ejercer como Servicio Público, se convierten en hostiles adversarios, oponentes a iniciativas inversoras, innovadoras, enriquecedoras y empleadoras. En los últimos años, la gobernanza pública, en todos sus niveles territoriales, Estado, Autonomía, Insular o Local, embrollan la actividad empresarial, con una inseguridad jurídica galopante y con el insaciable incremento de impuestos, que ahogan literalmente.
Empresario/empresaria es sinónimo de libertad, para lanzarse a la aventura de promover, poniendo en juego su seguridad personal, económica y como ya dijimos, familiar, en la búsqueda del beneficio individual, totalmente legítimo, pero que, a su vez, con la responsabilidad social que implica su propia labor, contribuyendo al bien común, creando las condiciones convenientes, para mejorar la calidad de vida ciudadana y el bienestar comunitario. No hay que avergonzarse, al contrario, decirlo con la voz clara, alta y digna, porque es el principio y fin de su existencia, al declarar públicamente, que las decisiones de actuación operativas empresariales, tienen el objetivo de conseguir el mayor beneficio económico y por lo tanto, con influencia social innegable, porque van acompasados, nunca pueden estar enfrentadas estas dos variables, de ser así, el sistema está quebrado y disfuncional.
La competencia, entendida como la situación de empresas que rivalizan en un mercado, ofreciendo o demandando un mismo servicio, obra o producto, implica mejorar constantemente, superarse en cada momento, innovar para ganar, sufrir para ser el primero en la meta. Es una contienda generosa, esforzada, que lleva implícita mucha imaginación, vueltas a la cabeza, ímpetu ganador. Es agotadora, esforzada, pero es el motor que hace avanzar. España cuenta con más de 1.317.000 empresas, nuestro Archipiélago aporta 60.000, preferentemente, pymes, microempresas y autónomos. Empresarios/empresarias temerarios y titanes, orgullosos de serlo. Oscar Izquierdo.
