Una crisis económica se puede definir, de forma generalizada y simplificada, como una recesión, es decir, una disminución de la actividad del sistema productivo que lleva aparejada la pérdida de empleo, el cierre o dificultades serias para mantener vivo el tejido empresarial, el descenso cuantificable del consumo y el retraimiento de la inversión. Los factores que la producen son variables, desde el aumento del precio de las materias primas, el encarecimiento de los productos energéticos, la realidad política que se vive cuando no hay estabilidad, que viene dada por gobiernos fuertes definidos por contar con apoyos parlamentarios y partidistas suficientes, así como el descenso del crédito financiero. Puede ser que estemos en el comienzo de una situación de agotamiento económico, porque los datos empiezan a reflejar un enfriamiento evidente.
En Canarias, la construcción, que lleva más de cinco años creando empleo, actividad económica, emprendimiento empresarial y riqueza social, se ha parado en los últimos tres meses. Estamos esperando los datos del último trimestre del año para corroborar la tendencia negativa o reformular el análisis. No es una cuestión estacional, al contrario, es estructural. No olvidemos que cuando la construcción tiene un resfriado, los demás sectores económicos cogen un gripazo. Además, el incremento imparable del índice de precios al consumo, IPC, dificulta la subsistencia ordinaria de los ciudadanos, de los núcleos familiares y, por supuesto, de las empresas.
En este mundo, hay soluciones para casi todo cuando se quiere, poniendo ganas, articulando medidas oportunas o efectivas. Hay que hacer un buen diagnóstico de lo que sucede para aplicar la medicina correspondiente que sirva para curar rápidamente la enfermedad. Todos sabemos cuál es, a saber, una Administración Pública que no sirve ni funciona adecuadamente, resolviendo, cuando lo hace, que ya de por sí es un verdadero milagro, tarde, mal y con todos los ingredientes, para que los ciudadanos y los empresarios tengamos que ir a los juzgados a defender nuestros derechos ante el atropello continuo, vergonzoso y despiadado al que estamos expuestos por una Función Pública empoderada, bastante soberbia e intocable.
Pues ha llegado el momento, de que una vez por todas, poniendo valentía, sin miedo a huelgas, represalias o cualquier otra acción corporativista, el Gobierno de Canarias, que es conocedor de lo que pasa porque lo sufre también, tome cartas en el asunto urgentemente, asuma su responsabilidad, arreglando lo que está desconchado que, a decir verdad, es todo el aparato burocrático. Los verdaderos empleados públicos profesionales, serios y cumplidores, son los primeros que lo están pidiendo desesperadamente.
Además, hay que aclarar de una vez por todas a los que se creen sesudos garantistas lo que significa “seguridad jurídica”, que es un principio constitucional de certeza, legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad y prohibición de la arbitrariedad. En nuestra Comunidad Autónoma, se ha montado en las últimas décadas una maraña legislativa, una verdadera madeja inflacionista, donde precisamente por ello y las propias contradicciones entre las normas, lo que se ha conseguido es precisamente lo contrario, una total “inseguridad jurídica”, donde estamos expuestos al parecer arbitrario, de interpretaciones personales del funcionario de turno que, en algunos casos, verídicos en muchas ocasiones, toma decisiones según se haya levantado ese día. Para que después no se diga, maliciosamente, que nos estamos refiriendo al conjunto, es porque nuestro terruño es pequeño y aquí nos conocemos todos, tanto para lo bueno como para lo malo.
En estos momentos, hay millones de euros de inversión encima de las mesas o dentro de los ordenadores de las oficinas técnicas o gerencias municipales, esperando la resolución de licencias de obra. La tardanza supera los tres años, a todas luces insoportable y sinónimo de crisis. Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO
