Por Óscar Izquierdo | Tenerife no cuenta con una red de carreteras suficiente, segura y sostenible, lleva más de tres décadas de retraso en la ejecución de obra pública en infraestructuras viarias en relación con las demás islas del Archipiélago. Siempre ha sido la asignatura suspendida por todos los partidos que han gobernado tanto en Canarias como en nuestra isla en los últimos años. No han sabido, ni podido licitar a tiempo los proyectos que siempre se han quedado en planes sin emprender, ideas ingeniosas, deseos incumplidos, aspiraciones frustradas, diseños futuristas y trazados imposibles.
Al final igual que al principio, nada, todo se ha quedado en presentaciones fastuosas, ruedas de prensa ilusionantes, infografías maravillosas, asfaltados de conservación que no ha quedado más remedio que acometer porque está en peligro la seguridad de los ciudadanos, cubriendo vergüenzas y sacando pecho aparentando que se están haciendo cosas, cuando la realidad que sufrimos es diametralmente opuesta a esa visión ideal pero irreal que nos quieren inocular.
La demostración concreta y probada son las colas y atascos permanentes todos los días a cualquier hora en la geografía insular, no escapa nadie de verse afectado por los retrasos continuados e insoportables, que tienen su significativa repercusión psicosomática personal, pero también económica, afectando negativamente al sistema productivo insular con encarecimiento de costes y manteniendo inversiones empresariales paradas encima del asfalto por la falta de una gestión rápida o cuando menos normal de una maquinaria burocrática que funciona, cuando lo hace, a ritmo tortuga. Las energías y el tiempo se va por la boca tan grande como las de un mero, quedando todo en palabras vacías de contenido o repercusión práctica.
Por otro lado, la puesta en el mercado de viviendas suficientes, en alquiler o propiedad y sobre todo asequible, debe tener precedencia absoluta en cualquier política pública en Tenerife. La construcción de viviendas es una necesidad primaria a nivel personal o familiar, siendo clave en el desarrollo social y económico. La urgencia habitacional, debe y tiene que ser considerada una prioridad fundamental, tanto para los políticos, gobierno y oposición, así como para los representantes de la sociedad civil. Se necesita unidad de acción para conseguirlo, dejando fuera egoísmos ideológicos, partidistas, corporativismos interesados con olor a alcanfor o cualquier otra seducción.
La Administración Pública, dando respuestas posibles y viables, tiene el deber de ser eficiente a la hora de facilitar la construcción de viviendas y no ser como hasta ahora el muro infranqueable que todo lo para. La vivienda es la primera demanda ciudadana en Canarias. En Tenerife, la burocracia y la inflación legislativa hace imposible que en estos momentos se pueda construir al ritmo que exige, angustiosamente, la demanda. Desde las oficinas técnicas o gerencias de casi todos los ayuntamientos de la isla, no hay respuestas contundentes, positivas o hacederas. Todo son disculpas basadas en la falta de personal, tardanza de los informes sectoriales, divergencias entre los empleados públicos, por pruritos o enfrentamientos personales, con interpretaciones jurídicas, urbanísticas y planificadoras divergentes al máximo, que al final lo paga el empresario que no obtiene la licencia en tiempo y forma, así como los ciudadanos que no consiguen viviendas para lograr hacer un hogar protector del núcleo familiar.
El artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice textualmente: “toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable” además de “la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones”. Falta motivación, emprendimiento y productividad en una Función Pública acomodada a lo mínimo.
