Por Toño Linares. A estas alturas y transcurrido los años creía que no podría sorprenderme, indignarme, ni cabreare por las acciones de esa organización, presuntamente representativa, que se llama Gobierno de Canarias, pero me he equivocado, cada día pueden sorprendernos más, cada día practican la tropelía a la ciudadanía y visto lo visto no pararan de hacerlo.

He adquirido en territorio peninsular unas impresiones en papel por un coste de 8,18 euros, abonando un coste de envío de 12, 40 euros, pero la sorpresa me llega cuando al recibir el paquete me dicen que tengo que abonar 23 euros (aproximadamente), en concepto de AIM (Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias). Obviamente solicité explicaciones y que se me detallase ese importe, porque no es lógico que con una base imponible de 8,18 euros me apliquen impuesto alguno por un importe de 23 euros. Pues ni cortos ni perezosos en su Web, la empresa repartidora (correos exprés), me pone que he rehusado el envío y que no pago los importes, siendo mentiras pues no he rehusado el envío ni me he negado a pagar, sólo he pedido explicaciones.

El teléfono que tienen en la Web es un 902 que esta informatizado y no te permite hablar con alguien de la empresa, vía e-mail les he enviado dos mensajes, sin tener respuesta y, contactado con el teléfono del repartidor, dejando dos menajes de voz, he obtenido el silencio por respuesta.

La situación no es agradable para mí, porque la ley dice que en este caso yo soy el obligado tributario, con lo cual si no lo pago, o no logro contactar con ellos, podrán emprender acciones contra mí, legítimas por ley pero injustas. ¡No porque un hecho sea legal es justo!.

La Ley 20/1991 modificada por la Ley 4/2014 son los textos legislativos que regulan este impuesto, y en ellas se detalla que el porcentaje a aplicar por estas transacciones económicas van desde del 5 al 15% y un gravamen del 25% al tabaco (que no es el caso). Pues si aplicásemos el máximo (15%) sobre 8,18 euros nos daría 1,23 euros, resultando poco entendible o irracional que pretendan cobrar 23 euros, por este concepto.

Es lamentable el leer la exposición de motivos de estas leyes reguladoras de este arbitrio de impostación, ya que dicen que están diseñadas para grabar las importaciones sobre los bienes importados para facilitar la producción canaria, ¡manda narices el asunto!. La producción canaria, especialmente la local ha sido exterminada, por la falta de apoyo institucional y especialmente por el R.E.A. (Régimen Específico de Abastecimiento), con el cual se subvencionan a multinacionales y transnacionales para la importación de productos a Canarias, cuya subvención es superior a los costes de producción de los productores canarios, con el argumento de bajar la bolsa de la compra para los residentes en Canarias, siendo la más alta del Estado español. Utilizando el eufemismo de ayudar la producción propia, nos roban a la ciudadanía para entregárselo a las multinacionales.

Eso de todos somos iguales ante la ley es una mentira y, en este caso queda claro, pues una persona que resida en península es beneficiado por la obtención de productos a un precio inferior, en cambio al residente en Canarias es castigado por ello. Ya lo decía Martin Luther King: “No sólo tenemos que ser iguales ante la ley, sino que la ley debe ser igual ante todos”.

Legalizan su robo y nos marginan legalmente. ¡VIVA EL NACIONALISMO ESTAFADOR CANARIO!