El próximo mes de Junio se cumplen diez años de la rueda de prensa que el Presidente de la patronal y yo celebramos para advertir las consecuencias que para el acceso a la vivienda y el empleo supondría la apertura de las viviendas al uso turístico: no sólo supondría una competencia desleal respecto a los establecimientos turísticos, podría repercutir en el empleo al no tener trabajadores/as respecto a los hoteles y apartamentos, sino que desplazaría a los/as trabajadores/as del acceso a la vivienda en las zonas turísticas, lo que coloquialmente definimos “de la autopista hacia abajo”.

Finalmente el Decreto 113/2015 se publicó el 22 de Mayo que incorporó a las viviendas vacacionales como una nueva tipología de establecimiento alojativo turístico en la modalidad extrahotelera, estableciendo textualmente unos requisitos específicos  para los mismos sobre la base de que “debido a las características de esta tipología extrahotelera, a desarrollar en viviendas que han sido construidas o rehabilitadas conforme a unos requisitos ya regulados por su normativa específica, que las diferencian del resto de las tipologías de establecimientos turísticos de alojamiento, no le deben resultar de aplicación ni los requisitos constructivos ni los de equipamientos o servicios aplicables al resto de los establecimientos turísticos de alojamiento”, sin que el mencionado Decreto en estos diez años haya sido acompañado de ninguna otra norma sectorial específica en relación al uso turístico de la vivienda.

Hoy, diez años después, nuestra advertencia es un hecho, con más de 60.000 viviendas vacacionales ya con el incremento disparado de altas de “declaraciones responsables” de nuevas viviendas vacacionales ante el anuncio del anteproyecto de ley de su regulación y limitación, y cerca ya de 250.000 plazas turísticas en vivienda vacacional, el 37% del conjunto de las plazas turísticas en Canarias, con record de visitantes extranjeros en Canarias en 2023, cerca de 14 millones, al que sumar el turismo nacional, el problema del acceso a la vivienda es el principal problema para la población canaria, y en especial para las personas trabajadoras del sector turístico, al que se unen los problemas de movilidad a los centros de trabajo, con el colapso de las carreteras, y las condiciones laborales y salariales del sector turístico que cada vez, en su conjunto hacen menos atractivos los puestos de trabajo que requieren urgentemente, y no consiguen, los hoteles y apartamentos de Canarias.

Todo, en su conjunto, ha determinado que la sociedad Canaria haya dicho basta en las masivas manifestaciones del pasado sábado 20 de Abril, movilizaciones que se están extendiendo por el resto de zonas turísticas y principales ciudades de nuestro país, que se extienden igualmente a otros países, y que está corriendo el riesgo de convertirse en una ola de “turismofobia”, muy peligrosa para Canarias, que, nos guste o no, el turismo es y será el motor de nuestra economía.

Ya advertimos tras la repercusión en Canarias de la dependencia del turismo que quedo en evidencia en la pandemia de Covid 19 y la paralización de la movilidad y el cierre de todos los establecimientos turísticos, que debíamos de una vez pensar en diversificar nuestra economía. Ante la poca posibilidad de que fábricas e industrias se implantaran en Canarias por nuestra condición insular y ultraperiférica, era importante impulsar nuestro sector terciario, la agricultura, pesca y ganadería, y la industria vinculada a energías renovables de la que Canarias es un referente en sol, mar y viento, pero, pasó el Covid, y nuestra dependencia del turismo, directa e indirecta, sigue siendo total.

La vivienda vacacional ya no sólo ha colapsado las viviendas en zonas turísticas, sino se ha desplazado a zonas residenciales de los municipios turísticos y de nuestra ciudades, generando no sólo el rechazo de los residentes, sino el incremento de los precios en las zonas que viven la mayoría de los/as trabajadores/as del sector turístico: el precio del alquiler en el Fraile, Guargacho, Guaza, Cabo blanco, Valle San Lorenzo, Armeñime, San Isidro, etc en Tenerife, Vecindario y el Tablero en Gran Canaria, Gran Tarajal en Fuerteventura, son inasumibles para los trabajadores del sector, y no sólo supone que los miles de trabajadores que fueron temporalmente a su tierra durante los ERTES Covid no hayan vuelvo a ocupar los puestos de trabajo que desesperadamente demandan las empresas del sector turístico ante la imposibilidad de encontrar un lugar donde vivir dignamente, sino que muchos trabajadores están abandonando canarias y volviendo a su tierra ante la imposibilidad de poder afrontar la subida del precio del alquiler, o directamente su expulsión porque su propietario ha decidido convertir su apartamento en vivienda vacacional. Lo cierto es que cada vez es más habitual encontrar a trabajadores/as del sector turístico viviendo en autocaravanas o durmiendo en furgonetas.

Esta situación está repercutiendo directamente en el aumento del absentismo laboral en el sector turístico que se sitúa entre el 15 y el 20% y que aumenta al 30% en el colectivo de Camareras de Pisos.

El informe del SCS en la Comisión de Absentismo del Convenio de Hostelería de Santa Cruz de Tenerife es concluyente, más del 90% de los procesos de incapacidad temporal en el sector de la hostelería vienen derivados de trastornos musculo-esqueléticos y dorso-lumbares y enfermedades relacionadas con la salud mental: blanco y en botella … cargas de trabajo inasumibles que sufren diariamente los/as trabajadores/as del sector turístico, incapacidades que se alargan por el tiempo que se demora por la atención de los especialistas y realización de las pruebas diagnósticas que requieren sus procesos de incapacidad ante la situación que atraviesa la Sanidad en Canarias.

Lo cierto es que el sector se acerca al colapso de no tener trabajadores/as nuestros hoteles y apartamentos, el absentismo sigue creciendo, no hay trabajadores/as y las condiciones de trabajo y salario de las personas trabajadoras del sector deben mejorar, se deben también incrementar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo, empezando por eliminar el turno partido, la falta de trabajadores/as no sólo está repercutiendo en su sobre carga física y mental, sino también en el deterioro a los millones de turistas que nos visitan cada año. Las personas trabajadoras buscan cada vez más poder conciliar su vida laboral y familiar que el trabajo en la hostelería les dificulta, siendo un ejemplo el incremento de excedencias que solicitan las personas trabajadoras en sus empresas del sector turísticos para trabajar en ellas a través de ETT, donde deciden cuando y en que condiciones de turnos de trabajo trabajan, y en cuales no, y la falta generalizada de personal en todos los hoteles les permite elegir y la empresa aceptar, sería mejor generalizar esas condiciones de trabajo para sus trabajadores/as fijos en la empresa.

Empresarios del sector y administraciones, lejos del falso mito de que no trabajan porque no quieren, deben analizar cuáles son los verdaderos motivos por lo que Canarias mantenga 167.468b personas registradas como paradas en las oficinas del paro, y los empresarios del sector turísticos estén pidiendo desesperados los puestos de trabajo que requieren para mantener su actividad … evidentemente el trabajo en el sector turístico ha dejado de ser atractivo para la sociedad Canaria y sus trabajadores y trabajadoras reclaman mejores condiciones laborales, conciliación de la vida familiar y personal, y mejora en sus salarios ante el incremento de la inflación

La situación no ha cambiado y una prueba evidente ha sido que la Federación Sindical Canaria y Sindicalistas de Base de Canarias salieron el pasado 1º de Mayo en Tenerife con la misma pancarta y el mismo lema que en 2023: Derechos y Salarios contra la Inflación … Acceso a la Vivienda, Colapso Carreteras, Solución Ya!!!

No debemos sin embargo culpabilizar únicamente a la vivienda vacacional de la situación, primero hay que distinguir y conocer el censo de propietarios de las más de 65.000 viviendas vacacionales en Canarias, cuantas pertenecen a los pequeños propietarios, que tanto defiende la ASCAV, y cuantas a grandes tenedores, que acumulan decenas de viviendas, incluso empresarios hoteleros que han visto una oportunidad de negocio que elimina los costes de personal del sector turístico, y que deberían estar obligados a constituir una empresa de explotación turística y no darse de alta con la “declaración responsable” que actualmente requiere la legislación, desde el vacío normativo, y que es imposible controlar por los apenas 35 Inspectores Turísticos con los que cuenta Canarias para controlar que las mismas se ajusten a la normativa, y vigilar otras seguro miles de viviendas que se alquilan por temporada sin la regulación de vivienda vacacional.

La vivienda vacacional es un grave problema para el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes y de las personas trabajadoras del sector turístico, pero también la inacción de nuestras administraciones en los últimos años, y no será porque no llevemos largos años advirtiéndolo, no se invierte en un parque de vivienda pública de alquiler social o asequible, no se cede suelo para la construcción de viviendas reguladas de alquiler asequible para los/as trabajadores/as, las empresas no desarrollan una política de movilidad a los centros de trabajo de sus trabajadores/as desde sus zonas residenciales para aliviar el colapso de la carretera, seguimos sin terminar el cinturón del norte al sur de la isla, sin el tercer carril en la autopista sur.

La Federación Sindical Canaria considera correcto la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas pero también hay que establecer una serie de medidas para que los pequeños propietarios vuelvan a ver positivo sacar sus viviendas del alquiler vacacional al alquiler residencial de larga temporada. El alquiler vacacional te garantiza mayores ingresos, seguridad del pago adelantado, el turista viene y se va, y no ven el riesgo de impago y ocupación de su vivienda. Se deben establecer mayores incentivos fiscales al alquiler residencial sobre el vacacional, defensa jurídica y avales contra el impago de la renta y la ocupación y que vaya a cargo de la administración cuando sean familias vulnerables mientras dure la situación de vulnerabilidad.

Es evidente que desde la Federación Sindical Canaria defendemos que en todo momento debe primar el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna y asequible para las familias trabajadoras sobre la llegada masiva de turistas a nuestras islas que se ha disparado en los últimos años por el crecimiento incontrolado de la vivienda vacacional, ya que la planta hotelera y extrahotelera en los últimos años ha tenido un incremento porcentual mínimo respecto al conjunto de plazas turísticas en Canarias.

Consideramos que en las zonas tensionadas se debe establecer una moratoria en nuevas licencias de explotación de viviendas en alquiler vacacional, y potenciar la capacidad de regulación de los municipios y de decisión de las Comunidades de Propietarios que, por mayoría, decidan si en su Comunidad deben convivir residentes con turistas, porque es te hecho es el principal motivo de turismo fobia que vamos viendo cada día prolifera en las ciudades que se ven invadidas de turistas que expulsan a sus vecinos de sus barrios.

La Federación Sindical Canaria sostiene la necesidad de sostenibilidad del sector turístico, pero entendiendo la sostenibilidad desde los tres aspectos que deben buscar el equilibrio: la sostenibilidad medioambiental, económica, y sobre todo social, para una población que supera en canarias los 2,24 millones de personas y que ha aumentado su población en los últimos doce meses en 20.000 personas, una sociedad que requiere que los grandes beneficios que genera el turismo repercutan en estructuras y servicios a sus ciudadanos, la ecotasa genera un gran debate, pero un incremento del IGIC podría suponer unos ingresos extraordinarios para invertir en carreteras, construcción de viviendas destinadas a un alquiler social o asequible, mejorar nuestra sanidad, y en general invertir en las estructuras y servicios que deben mejorar para el conjunto de la ciudadanía.

Manuel Fitas Ramírez. Secretario Organización Federación Sindical Canarias