Por Arturo Borges Álamo
Continuamente se nos bombardea, desde los poderes económicos y su influencia tanto en los poderes públicos como en los medios de comunicación, acerca de la insostenibilidad del sistema sanitario público, abundando en datos que dejan constancia del enorme gasto sanitario y basando toda su estrategia en la reducción del mismo, los conocidos recortes, como una de las alternativas que derivan de su idea de insostenibilidad. Además proponen también una aproximación cada vez más intensa hacia lo que presentan como una futura solución final, empezando por la llamada colaboración público-privada para avanzar hacia un papel determinante de la privatización en un modelo que supere el que estableció el llamado Estado del Bienestar.
Ante eso y negando la mayor, es decir, que lo descrito sea el camino inevitable, desde una perspectiva que apueste decididamente por una Sanidad Pública sostenible, universal y de calidad debemos señalar que efectivamente el modelo actual, con un gasto sanitario mediatizado por los intereses comerciales de las multinacionales farmacéuticas y de tecnología sanitaria y con unos efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria que son un problema de salud pública debido a su magnitud (en torno al 10% de los pacientes que son atendidos en los hospitales sufren un efecto adverso relacionado con la atención recibida), debe ser declarado insostenible. Pero que quede claro que hablamos de una insostenibilidad diferente, lo que es insostenible es el negocio, con sus consecuencias, que las multinacionales hacen con la sanidad pública y también el que ha venido haciendo la sanidad privada, en la mencionada colaboración público-privada, con el dinero público que debería haber servido para potenciar la atención de salud, sobre todo en programas de atención primaria y de promoción de la salud pública.
En Canarias tenemos una prevalencia del 33,9% de hipercolesterolemia, frente a la media estatal del 23%, siendo la primera comunidad en mortalidad cardiovascular de todo el Estado español. Así mismo, nuestra población tiene una de las cifras más altas de incidencia y la mayor mortalidad por cáncer de mama. También registra una mortalidad por Diabetes 2 veces y media mayor que la media estatal, sufriendo la población canaria por esta enfermedad el triple de complicaciones. Además el 24,4% de la población canaria padece el síndrome metabólico (es decir obesidad, diabetes e hipertensión) que termina por llevar a la insuficiencia renal y a la necesidad de diálisis y de trasplante renal. Por otra parte, según diferentes estudios impulsados en los últimos años por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se sabe que más de la mitad de los efectos adversos de la atención sanitaria se podrían evitar y hasta el 40% están relacionados con la medicación.
Efectivamente, lo que procede es un cambio de modelo, pero no hacia el que quieren y promueven los poderes económicos y financieros sino hacia un modelo de prevención de las enfermedades, tanto de las que genera el propio sistema sanitario actual como de prácticamente el 90% del total, causado por un amplio espectro de factores relacionados con las condiciones de vida y ambientales en un sentido amplio de ambiente físico, social, político, económico y cultural, mediante políticas intersectoriales saludables, “salud en todas las políticas”. Este modelo sería mucho menos costoso y con muchos menos efectos adversos para la salud. La clave radicaría en el efecto de disminución de las desigualdades sociales en la salud de las referidas políticas intersectoriales. Sería una herramienta potencialmente coste-efectiva para obtener ganancias en salud. Sin embargo, los recortes en las políticas de protección social han aumentado las desigualdades sociales en salud cuyas causas, desempleo, pobreza, marginación social, desigualdad de ingresos, y consecuencias, alimentación, medioambiente y vivienda insalubres, etc., han provocado que el deterioro de la salud junto con el de la asistencia sanitaria de la población hayan llegado a los extremos inasumibles que conocemos.
Como herramientas para el abordaje de dicho cambio de modelo necesitamos en primer lugar una política gubernamental, apoyada en una mayoría parlamentaria que apueste por el mismo, condiciones necesarias para aplicar otras dos herramientas, una nueva Ley de Salud y Sanidad Canaria y un sólido Plan de Salud, ambas ya con referencias de partida tanto en la ILP “para la Promoción de la Salud y la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias” como en el actual Plan de Salud de Canarias. Solo queda “imponer” la cordura al Gobierno y al Parlamento de Canarias y en eso habrá de intervenir de modo determinante la ciudadanía canaria con su movilización contundente en la calle.
Ahora o nunca, tenemos varias citas por delante, entre ellas el 6 de abril en el acto de la Plaza de La Candelaria y el 18 de mayo en las manifestaciones convocadas. También el Parlamento de Canarias tendrá que hacer su labor, esperamos que en consonancia con lo que suceda en la calle y también que el Gobierno de Canarias tome nota y actúe en consecuencia.
Arturo Borges Álamo, miembro de la ADSPC y de la Marea Blanca de Tenerife.
