La crisis económica que se está incubando derivada de la tragedia sanitaria nos coge en un mal momento, aunque ninguno sea bueno.
El actual se acentúa por la inseguridad social.
La seguridad del ciudadano ante las administraciones y fundamentalmente ante la Administración de Justicia es una ficción, únicamente comprobada por aquellos que se han visto en situaciones en las que han podido apreciar directamente el nivel de insolvencia e inmoralidad de muchos funcionarios públicos.
El resto suele creer que vivimos en un país democrático donde impera la libertad y la justicia.
El Tribunal Constitucional tiene dicho como axioma de la Seguridad Jurídica el principio de que el legislador debe procurar “huir de provocar situaciones objetivamente confusas”.
Sin embargo, aunque la legislación sea clara el Consejo de Europa destaca que respecto a España continúa existiendo “una amplia brecha entre la legislación y su implantación en la práctica”.
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), en su reunión de noviembre de 2019, subraya que España debe “mejorar su Marco Legal para evitar la corrupción” proponiéndose la adopción de Códigos de Conducta para los jueces y también Fiscalía, que a Canarias parece no haber llegado.
La corrupción en las instituciones públicas, ha hecho que los ciudadanos tengan poca confianza en las mismas, siendo una de sus preocupaciones.
En este marco de inseguridad para todos (y todas), el más tonto de la clase es sin duda el empresario.
A principios de siglo, mientras se reforzaban legítimamente los derechos laborales de los trabajadores y la doctrina social se convertía en un campo de minas para la pequeña y mediana empresa, cuestión no tan legítima, los líderes empresariales se dedicaron fundamentalmente a sus negocios y a los de sus amigos, convirtiendo las asociaciones de empresarios en meras oficinas de información.
Si en algún momento se discutió sobre la necesidad de un liderazgo empresarial independiente y al margen de la contienda política, esa batalla se perdió hace tiempo (al menos hasta ahora) y no hay más que visualizar el organigrama de cualquier asociación nacional o local para concluir que están en manos de buscavidas o políticos y en la cúpula, los grandes bancos. Toda clase de fauna, menos empresarios en activo.
No se conoce ninguna asociación que en defensa de un asociado o empresa, haya presentado demanda o querella alguna.
La representación institucional en defensa de las empresas es inexistente y esta asignatura pendiente que hemos dejado los más viejos, tiene que resolverse por las nuevas generaciones, no por aves de paso con intereses personales alejados de los verdaderos anhelos de los empresarios.
Acabamos de conocer que el Reino Unido, principal proveedor de turistas para Tenerife, ha dado el golpe de gracia al turismo en esta provincia.
¿Alguien puede negar que esta medida es ajena a la inseguridad de la marca España?
Por: José Ana Pérez Labajos.
