La Unión de Asociaciones Vecinales de Canarias – 8 Islas (U.AVC) expresa su indignación y rechazo a la hipocresía política. Basta ya de torcer la vista y esconder la responsabilidad en discursos partidistas mientras cientos de personas mueren o desaparecen frente a nuestras costas.

En estas últimas semanas hemos asistido a distintos mensajes navideños en los que los representantes de las distintas instituciones públicas y políticas, entre buenos deseos y cordiales saludos, brindaban expresándonos su felicitación y prosperidad para este nuevo año, mientras que la realidad y la tragedia se abrían paso en nuestras costas.

Cifrándose en cerca de 2.000 personas, las que han llegado, desde el inicio de este nuevo año a las costas de Canarias a través de la ruta Atlántica, la más peligrosa y mortífera de la migración. Mientras que algunos de nuestros políticos alzaban sus copas en un brindis entrañable en su regocijo hogareño, otros muchos olvidados e ignorados, se lanzaban a la mar a bordo de un cascarón de nuez, apiñados como sardinas en lata y marcando un rumbo incierto, y en ocasiones mortales, en busca de un futuro que en sus países de origen difícilmente pueden encontrar o simplemente se les niega.

Somos conscientes de la realidad y de la puerta que se abre desde Canarias a la migración de estos países del continente Africano hacia Europa. Pero lo que no admitimos es la dejación de las funciones instituciones a la que estamos asistiendo y soportando. Y, ya no hablamos del reparto de los menores entre las distintas Comunidades Autónomas para aliviar la presión migratoria que soporta Canarias, porque ni a este asunto han podido llegar a acuerdos nuestros políticos, ya que la coacción y el interés político les importa más a algunos que el bienestar y la expresión de solidaridad hacia estos niños, ante este drama humanitario.

Un total de 9.757 personas murieron en la Ruta Atlántica tratando de alcanzar Canarias en pateras o cayucos durante 2024, lo que supone una media de 28 muertes al día en el que se ha convertido en el año más mortífero hasta la fecha, batiendo el récord de 2023, cuando perecieron 6.007 migrantes. De cuyo total anual, 1.538 se corresponden a menores y 421 a mujeres.

Pero lo que es claramente lamentable e intolerable, se esconde tras las mesas de los despachos oficiales de determinadas instituciones gubernamentales, en las que las prioridades vienen marcadas en otras direcciones. En las que el afán y el ego personal superan a la sensibilidad y a la solidaridad, y en las que el valor de estas vidas se hunden en el más profundo olvido de las frías aguas del océano Atlántico.

Entendemos, desde U.AVC, que a muchos de estos cargos públicos les sea complejo llegar a determinados acuerdos en ciertas cuestiones por diferencias políticas entre ellos, pero lo que no les podemos seguir tolerando es la continua dejación de sus funciones ante este drama humanitario. Buscar y encontrar una respuesta a esta realidad en la que estamos inmensos es sumamente una cuestión de estado prioritaria. Con ella, no solamente estaremos dando una solución a la inmigración irregular, en la que las mafias son las grandes beneficiarias y la muerte, uno de los rumbos que toman muchos de estos migrantes que desesperadamente se echan a la mar con una esperanza hoy denegada.

Llegar y poderse asentar como ciudadanos de la Unión Europea ha convertido a Canarias en una de las principales rutas tomadas, entre otros, por los menores extranjeros no acompañados. Por ello, desde la U.AVC, entendemos que la política en materia de inmigración por parte de la Unión Europea deberá cobrar una vital importancia para conocer y valorar el estado de estos menores en Europa y tomar así acciones encaminadas a mejorar su situación tras su llegada y su eficiente atención sin discriminación alguna por razón de origen.

Atendiendo para ello, a lo dispuesto por la Directiva 2011/95/UE, así como, la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 26 de julio de 1997, relativa a los menores no acompañados nacionales de países terceros y, atendiendo a nuestra propia legislación en esta materia, entendemos que debe de ser de aplicación la Ley 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, garantizando igualmente a estos menores extranjeros no acompañados un marco jurídico de protección del que destacando, de entre la primacía del interés superior del menor, la no discriminación en el goce de los derechos que le hayan sido reconocidos a los menores nacionales con carácter general.

El artículo 35 contenido en la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su apartado 12 tan cuestionado, viene a establecer que: Las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración.

Un valor potestativo que, entendemos, atenta contra los derechos que por ley, como menores, les son reconocidos y, que entendemos, deben prevalecer ante los intereses partidistas y de egos políticos demostrados por nuestros representantes políticos.

Por consiguiente y públicamente, a través de estas líneas, la U.AVC insta la intervención de la Fiscalía General del Estado por entender que el derecho de estos menores está siendo vulnerado.

Por: Francisco C. Barreto Rodríguez
Presidente de la U.AVC