Estoy convencido de que los distintos acontecimientos que está viviendo Canarias durante los últimos meses en relación con el reino de Marruecos no son resultado de la casualidad. El incremento de personas inmigrantes, especialmente jóvenes y menores procedentes de las costas marroquíes sin que las autoridades intervengan o controlen, la pretensión de delimitar unas aguas jurisdiccionales en conflicto con la zona marítima que pertenece a Canarias o la administración de la riqueza del banco canario-sahariano y de los fosfatos en territorios que están pendientes de autodeterminación por pertenecer al pueblo saharaui, no son decisiones aisladas sino que considero que están integradas en una estrategia de presión y de chantaje a Europa y a España para lo que utiliza a Canarias.
El pasado mes de abril, durante el confinamiento por el coronavirus, el Boletín Oficial de Marruecos publicó dos leyes aprobadas por el Parlamento en enero y febrero, con las que el país extendía, de forma unilateral e ilegal, su frontera marítima hacia Canarias. De esta manera, en un acto de expansionismo, Marruecos establece sus aguas territoriales en 12 millas, delimita su zona económica exclusiva en 200 millas y decide ampliar su plataforma continental hasta 350 millas con lo que, además de anexionarse aguas del Sáhara Occidental pese a ser un territorio pendiente de descolonización, incluiría una parte de las aguas canarias que España reclama a la ONU desde 2014.
Pocos meses después se incrementaba, de manera repentina y sin precedentes desde la crisis de los cayucos en 2006, la llegada de personas migrantes en pateras a las costas canarias, en particular a Gran Canaria. En lo que llevamos de año se acerca a las 17.000 personas, de las que casi 11.000 lo han hecho a Gran Canaria. El Muelle de Arguineguín se ha convertido en un “campamento de la vergüenza” en el que miles de personas pasan días y hasta semanas hacinadas en 400 metros cuadrados en condiciones infrahumanas. Muchas de estas personas son ciudadanos marroquíes y muchas de estas embarcaciones partieron de territorio marroquí.
La pasada semana el ejército marroquí atacó a civiles saharauis que se manifestaban pacíficamente en la franja de amortiguación de Guerguerat, al sur del Sáhara, contra la brecha ilegal que había abierto el Gobierno de Marruecos en este lugar. Tanto la brecha como el ataque por parte de efectivos militares suponen una clara vulneración del acuerdo militar y son contrarias al plan de paz establecido. Esto ha generado una escalada de enfrentamientos militares de consecuencias impredecibles.
Solo hace falta ver la concatenación de los hechos para llegar a la conclusión de que Marruecos está utilizando a Canarias como moneda de cambio para presionar al Estado español y que éste no se interponga en sus planes expansionistas sobre nuestras aguas y sobre el Sáhara Occidental, así como para evitar que asuma un papel más activo como potencia colonial del Sáhara (que lo sigue siendo) y exija la celebración del referéndum y la culminación del proceso de descolonización de este territorio.
Esto también explicaría el aumento repentino de los flujos migratorios sobre nuestro archipiélago ya que sería una de las maneras que utilizaría el Reino Alauita para presionar a España en un momento de recrudecimiento del conflicto con el Sáhara Occidental. Porque aunque la vía policial y militar no puede ser la forma de gestionar las migraciones, también es evidente que Marruecos tiene un control sobre su territorio como para poder frenar las llegadas de embarcaciones a nuestras costas, especialmente las de sus propios conciudadanos.
Y no es la primera vez que los intereses económicos y geoestratégicos de ambos territorios entran en conflicto. El caso más flagrante es el del banco de pesca canario sahariano, gestionado de facto por Marruecos pese a no formar parte de su territorio y que incluso incluye en acuerdos pesqueros con la UE (aunque hayan sido posteriormente suspendidos). Según el Sindicato Intersindical Canaria, nuestras islas están perdiendo al menos 400 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos por no poder faenar en aguas que nos corresponden por razones históricas y geográficas.
Al igual que en el caso de la pesca, la maniobra de la apropiación de las aguas saharauis y las pretensiones sobre una parte de las aguas canarias, no solo responden a un afán expansionista sino también económico. Aunque aún se encuentra muy lejos de poder ser explotado, Marruecos está pugnando por el Monte Tropic, situado a unas 269 millas al sur de El Hierro. Se calcula que puede ser el mayor yacimiento de telurio del mundo con una cantidad 6.000 veces mayor que la que se extrae actualmente de la corteza terrestre. A esto se le uniría el cobalto y las tierras raras presentes en la zona pretendida, materias primas fundamentales para la economía del futuro.
Tan grave como lo anterior es la tibieza o incluso la pasividad con la que el Gobierno de España responde a las pretensiones anexionistas y la política de hechos consumados del país vecino. Es más, las dos leyes se aprobaron días antes de la visita oficial a Marruecos de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en un evidente gesto de presión para las negociaciones diplomáticas con España. Hasta el momento la ministra se ha limitado a transmitir calma a Canarias y a garantizar el respaldo del Gobierno a nuestro territorio sin que eso se haya traducido en gestos concretos.
Estoy convencido de que a la postre esta dinámica es perjudicial para ambos territorios. Las relaciones entre Marruecos y Canarias son históricas. Cerca de 40.000 ciudadanos marroquíes conviven con nosotros desde hace años y es evidente que la cooperación en materia comercial, turística o de energías renovables podría ser muy beneficiosa para ambos. Canarias ocupa una posición geoestratégica muy importante y dentro de nuestras aspiraciones está la de tener unas relaciones de paz y cooperación con nuestros vecinos.
Pero para que esto sea posible es imprescindible que Marruecos deje de utilizar a Canarias y las vidas de miles de personas que llegan a nuestras costas en barcazas como medida de presión en sus relaciones diplomáticas con España, relajando el control de sus costas y fronteras para aumentar la presión migratoria cada vez que quiere negociar algo. Y por supuesto es inaceptable que en su afán expansionista pretenda apropiarse de los recursos del banco pesquero canario-sahariano o de los recursos submarinos.
También es imprescindible que Marruecos cumpla con la legalidad internacional, que ponga fin a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, frene sus pretensiones expansionistas y se comprometa a realizar el referéndum para la independencia de este territorio. De lo contrario, como estamos viendo, tarde o temprano nos encontraremos con una escalada bélica a 100 kilómetros de nuestro territorio que supondría un serio riesgo para Canarias y una ruptura total de las relaciones con el país vecino.
Por su parte, el Gobierno de España no puede seguir menospreciando y ninguneando a Canarias, primando sus relaciones diplomáticas con Marruecos al bienestar de nuestro archipiélago. No es aceptable la tibia respuesta del Ministerio de Exteriores frente a lo que podría considerarse una agresión a Canarias como la anexión de una parte de nuestras aguas. Debemos tener voz en la política española hacia Marruecos.
La apuesta de Canarias y de los nacionalistas progresistas canarios no puede ser otra que la de situar a las islas como un territorio de paz, una tierra de acogida con valores democráticos que promueva la cooperación y el progreso entre los pueblos vecinos. Pero esto solo puede ser posible desde la firmeza y la determinación y la exigencia a Marruecos del cumplimiento estricto del derecho internacional y el respeto a la integridad territorial, tanto del Sáhara occidental como de nuestro archipiélago.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
