Hace unos días, el periódico Diario de Avisos publicó un interesante artículo que aborda el tema candente del precio de los alquileres, que han alcanzado un nivel insostenible.

Alquilar una casa en la zona turística se ha vuelto prohibitivo, lo que ha obligado a muchas personas a mudarse a otro lugar, lejos de su lugar de trabajo o empresa.

Pero el precio ha crecido enormemente incluso en áreas no turísticas, tanto que para alquilar una casa de dos dormitorios en países como Cabo Blanco, Las Chafiras, San Isidro y en muchos otros lugares incluso Santa Cruz y La Laguna, comienza a subir desde 600 euros por mes.

Precios desorbitados y familias en dificultades

En 4-5 años, el precio del alquiler se ha duplicado, mientras que los salarios no han crecido, si no ligeramente. Obviamente, esta situación está causando serios problemas a miles de familias, obligadas a lidiar con una fuerte reducción de sus recursos financieros con la consiguiente disminución de la calidad de vida.

Sin embargo, muchas familias de un solo ingreso o con niños se han deslizado en la pobreza, obligadas a renunciar incluso a las necesidades básicas para sobrevivir.

Las razones de los costosos alquileres

El alto precio del alquiler se debe a la escasa disponibilidad de viviendas en el mercado, frente a una demanda creciente. Una escasez debido a tres factores: la falta de inversión por parte de las instituciones para construirviviendas públicas,

La burocracia que bloquea la construcción de nuevos edificios y por último pero no menos importante (de hecho, es probablemente el principal problema) alquileres turísticos ilegales. Cientos de casas que se alquilan ilegalmente a turistas y, por lo tanto, se retiran del mercado de alquiler a largo plazo.

El tema de las “Viviendas Vacacionales”

En teoría, el alquiler de una casa para turistas está permitido solo en algunas áreas de la isla, al obtener un permiso específico, La “VV” (Vivienda Vacacional). En las zonas turísticas, este permiso no se otorga, y alquilar la casa por semana sin licencia es ilegal.

Los que alquilan ilegalmente corren el riesgo de una fuerte multa, sin embargo, la ley en cuestión está mal aplicada.

Los controles son muy pocos, y sitios como Booking, Airbnb y muchos otros, incluso las redes sociales, están llenos de casas alquiladas a la luz del sol sin permiso, y casi siempre en negro, evitando el departamento de impuestos.

Por lo tanto, cientos de casas que deberían ser habitadas por los propietarios o alquiladas por larga temporada se desvían ilegalmente al mercado turístico, lo que provoca la escasez de propiedades que ha empujado esta loca subida de los precios.

El alquiler a turistas es más rentable.

Para los propietarios de viviendas, el alquiler a turistas vale la pena enormemente, ya que pueden ganar el doble de lo que pondrían en su bolsillo con un contrato de arrendamiento a largo plazo.

Pero esto crea una distorsión del mercado inmobiliario que tiene un impacto negativo en la sociedad y la economía de la isla. El beneficio de unos pocos cientos de personas está poniendo de rodillas a decenas, si no a cientos de miles.

Una ganancia hecha ilegalmente, en violación de las leyes que, de aplicarse, deberían haber evitado la creación de una situación como la que se ha producido.

Grandes repercusiones e injusticia social.

Quienes ganan dinero con esta situación se justifican afirmando que “un propietario debe ser libre de administrar su propiedad como lo considere conveniente”, pero esto es correcto siempre que una persona actúe de conformidad con las regulaciones.

Las leyes que rigen y limitan los alquileres turísticos deberían haber garantizado un equilibrio en el mercado inmobiliario. Equilibrio que ahora se ha roto.

Y así, mientras unos cientos de personas ponen 2.000 euros al mes en el bolsillo con una casa pagada hace unos años 100.000 euros, miles de familias luchan por llegar a fin de mes debido al alto alquiler.

El daño a la economía

Además de dañar directamente a miles de familias, esta situación también desacelera la economía de la isla. Quienes alquilan en negro, sin pagar impuestos, pueden permitirse de aplicar precios más bajos, dañando y compitiendo injustamente con quienes alquilan legalmente y deben pagar impuestos.

El sector hotelero también está dañado por esta situación, como lo destaca la asociación comercial en el artículo en el Diario de Avisos mencionado anteriormente.

El sector hotelero está perdiendo ganancias, y esto frena su desarrollo y, obviamente, la cantidad de empleos que pueden garantizar, en un momento en que el turismo está disminuyendo y garantizar niveles de empleo es cada vez más difícil.

En conclusión, las ganancias fáciles de una pequeña minoría de personas adineradas (unos cientos) que poseen una o más casas para alquilar en negro a los turistas están poniendo en crisis a una gran parte de los ciudadanos, dañando la economía de la isla.

Las actividades empresariales tienen una utilidad social: pagan impuestos, garantizan empleos y ofrecen servicios enriqueciendo un territorio. Quienes alquilan ilegalmente y en negro no tienen ninguna utilidad social, y de hecho empobrecen y privan al territorio.

Ha llegado el momento de que las instituciones tomen medidas para poner fin a esta situación.

Averiguar quién alquila casas  ilegalmente es fácil si hay voluntad de hacerlo. Sería suficiente activar los controles y multar a un puñado de personas para inducir a los listos a retirar sus casas del mercado turístico ilegal, haciendo que regresen al mercado de la larga temporada.