Lamentan la falta de voluntad para resolver conflicto de los contadores contraincendios en Santa Cruz

CAF Tenerife Intervención abogado contadores agua.

El letrado Manuel Martín explicó a los administradores de fincas colegiados la situación de las demandas judiciales de la empresa del agua contra las comunidades por un servicio que no presta y que comienza a cobrar en 2011, tras la privatización de Emmasa.  

El abogado Manuel Martín, y con él los administradores de fincas colegiados de la provincia tinerfeña, lamentan  la falta de voluntad política del Ayuntamiento de Santa Cruz para modificar la tarifa y el reglamento en los que se ampara Emmasa/Sacyr para el cobro a las comunidades de las cuotas por el supuesto servicio y por el contador de agua de la instalación contraincendios.

El letrado estima que sería posible “alejarse del debate jurídico sobre si es legal este cobro o no”, si por parte del Ayuntamiento se estableciera cobrar una tarifa mínima de servicio por contador, conforme a la realidad de la instalación contraincendios, que está destinada a ser usada solo en caso de incendio del inmueble.

Los administradores de fincas colegiados, interesados en aliviar a las comunidades de este pago que consideran injustificado, comparten el parecer del abogado en cuanto a la falta de voluntad del Ayuntamiento por resolver un conflicto que se ha planteado en varias ocasiones en reuniones con las partes, sin llegar a un acuerdo, y que prueba la falta de respuesta a sus propuestas de cambios en la ordenanza municipal que hicieron llegar a los responsables municipales hace más de un año.

Manuel Martín intervino el pasado viernes en un curso de formación en el CAF tinerfeño, en el que explicó la situación de las demandas judiciales presentadas Emmasa/Sacyr contra las comunidades en las que exige el cobro de cuotas por el supuesto sistema contraincendios (ya que no se garantiza el servicio ni el suministro, y tampoco  hay mantenimiento), y  recordó que el conflicto judicial comienza con la privatización de la empresa del agua en 2011. A partir de esa fecha pasa a cobrarse por un concepto que hasta entonces no se pagaba y que no se contempló tampoco en el pliego de condiciones.

En su exposición, quedó patente la inseguridad que supone para las comunidades de propietarios responder a las demandas por impago que interpone Emmasa/Sacyr a tenor de las distintas opiniones que ha habido en los juzgados: la mayoría de los casos juzgados en primera instancia han concluido con sentencias favorables a las comunidades y también, posteriormente,  ocho sentencias de la Audiencia Provincial en respuesta a los recursos presentados dan la razón a las comunidades. Pero existen además un total de tres sentencias a favor de Emmasa, que precisamente se basan en la supuesta existencia de la normativa municipal para dictaminar la legalidad del cobro.

El abogado explicó que lo que menos preocupa a Emmasa/Sacyr son estas demandas judiciales,  puesto que alrededor de un 70 por ciento de las comunidades de propietarios siguen pagando los recibos por este concepto. Esto asegura por sí mismo a la empresa unas entradas millonarias anualmente que compensan con mucho la cuantía que deja de percibir de las comunidades que llegan a pleitear contra la empresa del agua.

En este contexto, el abogado indicó que sólo una sentencia del Tribunal Supremo puede clarificar esta situación, aunque es fácil deducir que a Emmasa/Sacyr no le interesa que se pronuncie el alto tribunal. De hecho, recientemente retiró su recurso ante el Tribunal Supremo, en un cambio de estrategia ante la posibilidad de que el fallo fuera en contra de sus intereses  y que generara la jurisprudencia que reclaman las comunidades.

Hay que tener en cuenta que una sentencia que estimara lo impropio del cobro, derivaría en un aluvión de demandas por parte de las comunidades que han venido pagando una tarifa que no aparecía en la normativa, y que hoy por hoy no se atreven a contestar por falta de recursos económicos y por las distintas sentencias judiciales.

Según la valoración de un colegiado del CAF tinerfeño, “la realidad es que  con los 4 ó 5 millones de euros que están pagando las comunidades, sin tener que hacerlo, están respondiendo a las promesas de inversión que ha hecho Sacyr, puesto que en cinco años le habrán salido gratis las inversiones, que habrán abonado las comunidades de propietarios”.

 

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