La Policía Nacional, La Seguridad Social y La Inspección de Trabajo, actúan contra la simulación de contratos de trabajo.

Los cuatro detenidos simulaban contratos de trabajo a personas que no realizaban actividad laboral alguna.

La finalidad era cobrar “el paro” y la regularización administrativa de ciudadanos extranjeros.

Agentes de la Policía Nacional, en  Santa Cruz de Tenerife, han procedido a la detención de un grupo de cuatro personas  como presuntos autores de un delito contra la Hacienda Pública y a la Seguridad Social.  Los mismos simulaban contratos de trabajo a personas que no realizaban actividad laboral alguna, teniendo como finalidad beneficiarse de una prestación, así como la regularización de la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en nuestro país.

Las investigaciones comenzaron a principios del mes de enero, cuando se puso en conocimiento de la Policía Nacional por parte de la Seguridad Social de que una empresa pudiera estar realizando contratos simulados a diferentes personas, finalizando la operación denominada “Mina” a principios del mes de marzo con el resultado total de cuatro detenidos.

Forma de actuar:

Las pesquisas realizadas por los policías pudieron determinar que una empresa dedicada al sector de la construcción y radicada en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, realizaba altas de trabajadores ficticios en la Seguridad Social durante un periodo de tiempo determinado para beneficiarse, principalmente, de una prestación por desempleo.

Lo que destaca es que esta empresa, legal, además de empleados ficticios tenía trabajadores reales, encontrándonos ante una empresa “mixta”, por lo que tuvo que discernirse a que grupo pertenecía cada trabajador, resultado que 03 de ellos de un total de 07, no realizaban actividad laboral alguna para la empresa y sus altas eran falsas, buscando sólo un beneficio social.

En un determinado caso, una trabajadora enmarcada en el grupo de trabajadores “ficticios”, solo utilizó ese alta en la Seguridad Social para demostrar ante la administración, “recursos económicos suficientes” para la tramitación de una autorización de residencia de familiar comunitario, (su madre), abonando por ello al administrador de la empresa 250 euros mensuales para hacerse cargo de los seguros sociales, ascendiendo el total de lo abonado a 1.000 euros.

Los detenidos:

La actuación policial llevó a la detención del administrador de la empresa, R.P.M., y el asesor de la misma C.S.B.C., los cuales eran los encargados de la captación y recepción de trabajadores que necesitaran el contrato de trabajo para un beneficio propio.

Los otros dos detenidos corresponden a dos afiliados a la empresa,  O.G.K. e I.E.B.M. los cuales utilizaron el periodo de cotización para acceder a cobrar el “paro”.

Instruido el correspondiente atestado policial se dio cuenta a la Autoridad Judicial competente.

La investigación fue llevada a cabo por policías nacionales adscritos a la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (U.C.R.I.F.) de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Santa Cruz de Tenerife en colaboración con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y la  Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife.