Viqueira despide a los trabajadores y suspende el contrato con la constructora, subcontratas y proveedores

En relación con la nueva orden de paralización cautelar remitida por el MITECO y recibida por nuestra empresa el pasado 26 de junio de 2020, Viqueira desea informar que ha procedido (como no puede ser de otra forma) a acatar la orden de paralizar totalmente los trabajos que veníamos llevando a cabo ante la imposibilidad de realizar el proyecto autorizado en base a la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona con fecha 19 de septiembre de 2017, así como del resto de autorizaciones sectoriales obtenidas, entre ellas, la del organismo competente en materia de protección de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre. Ello sin perjuicio de que vamos a ejercitar todas las acciones legales que correspondan contra esta orden de paralización manifiestamente ilegal y arbitraria, dictada por la Administración tras ceder a las presiones de delincuentes que actúan al margen de la ley y trasladan a la sociedad declaraciones falsas y tendenciosas.

Queremos manifestar que consideramos los hechos ocurridos en las últimas semanas como un gravísimo atentado contra nuestros derechos y libertades y hacia el mismo estado de derecho, que impide que por medio de amenazas y coacciones se dejen sin efecto los títulos administrativos firmes legitimadores para la ejecución de unas obras. Además de dejarnos en una situación muy delicada, ha provocado multitud de ataques y agresiones contra el honor de nuestra empresa familiar, que cuenta con una historia de más de 60 años, más de 36 años en las Islas Canarias.

Como ya hemos venido informando, hemos cumplido escrupulosamente todos los requisitos y normas para la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de este proyecto. En concreto, las obras fueron autorizadas expresamente por el Gobierno de Canarias, Administración competente en materia de protección de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, previo informe favorable del Servicio Provincial de Costas de Tenerife, que también replanteó el deslinde sobre el terreno el 22 de junio de 2018 entre los vértices cuestionados en el procedimiento de revisión del deslinde. Así lo acredita toda la documentación que está disponible en la siguiente página web: https://transparentesconelhotellatejita.info/, donde hemos publicado y seguiremos haciéndolo, en un ejercicio de transparencia, documentación pública, autorizaciones, licencias y comunicados a través de los cuales la opinión pública, medios de comunicación e interesados podrán comprobar directamente la veracidad de nuestras afirmaciones y que el proyecto del hotel ha sido informado favorablemente y autorizado por todos los organismos intervinientes con anterioridad a la iniciación del expediente de revisión del deslinde.

Frente a las difamaciones, falsedades y coacciones de los que quieren impedir a toda costa la ejecución de este proyecto hotelero y cuyas pretensiones han sido ilegítimamente acogidas por la Administración Pública, esta empresa ejercitará las acciones legales que correspondan ante los Tribunales de Justicia, solicitando la tutela y defensa de los derechos que le corresponden y de los que se ha visto privada de forma ilegal. Las implicaciones que acarrea la paralización del proyecto del hotel son desgraciadamente de considerable magnitud, pero nos hemos visto obligados a ejecutarlas de manera inmediata:

  • El despido de todos los trabajadores encargados de la ejecución material de los trabajos.
  • La suspensión de todos los contratos celebrados con las subcontratas y proveedores.
  • La suspensión del contrato con la constructora.

Quien conozca nuestra empresa sabrá que es una organización que se caracteriza por la seriedad y la prudencia. Precisamente gracias a nuestra política empresarial conservadora hemos conseguido resistir los envites de todas y cada una de las duras crisis que hemos tenido que vivir durante nuestra historia. Nos resulta inconcebible que, por circunstancias ajenas al mercado o a nuestra actividad, nuestra empresa afronte un episodio de alto riesgo en un Proyecto que cuenta con el visto bueno de todas las Administraciones públicas, derivado de un cambio de criterio político para dar soporte jurídico a las pretensiones de una minoría en la Isla que se erige como supuesta defensora de los valores ambientales de la zona, tratando de impedir a toda costa la ejecución de un proyecto que, insistimos, cuenta con todas las autorizaciones preceptivas, en las que se ha verificado que ningún valor ambiental resultaba afectado. La paralización de las obras del hotel es ilegal y arbitraria, dictada con manifiesta desviación de poder y se emprenderán las acciones legales que correspondan frente a este acto ilegal y dictado con abuso de poder.

Por último, ratificar nuestro firme propósito de ejecutar el proyecto del hotel que fue debidamente autorizado y tenemos derecho a realizar, para lo cual acudiremos hasta las últimas instancias judiciales, de ser preciso, impugnando la paralización ilegal de las obras que ha sido ordenada. Esta forma de actuar es la única admisible en un estado de derecho y se contrapone a la empleada por los opositores del hotel que, con amenazas, coacciones, falsedades y ocupaciones ilegales, han conseguido que la Administración paralice un proyecto legal, fomentando de esta manera la desobediencia y el incumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico español.