El nuevo reglamento es más restrictivo que el anterior y traslada el problema a ayuntamientos y cabildos.
ACEGI entiendo que el borrador no soluciona la inseguridad jurídica que ya existe en el alquiler vacacional.
La ASOCIACION CANARIA DE EMPRESAS DE GESTION INMOBILIARIA (ACEGI), fundada en el año 2008 y que agrupa actualmente a un centenar de empresas en ambas provincias canarias dedicadas a la gestión inmobiliaria, anuncia que presentará alegaciones al borrador del nuevo reglamento para la vivienda vacacional, estando en desacuerdo con la prohibición de hecho que introduce para dicha actividad en las zonas turísticas, y trasladando el problema a los ayuntamientos y cabildos.
Para ACEGI, el borrador publicado el pasado lunes por el Gobierno de Canarias implica una regulación mucho más restrictiva que la actual, pues prohíbe la actividad en la totalidad de las zonas turísticas, lo cual supone una parte mucho más sustancial del territorio que en el decreto vigente. La regulación actual permite dicha actividad en las urbanizaciones de carácter plenamente residencial, aunque se encuentren dentro de la zona turística, por el contrario la nueva regulación propuesta prohibiría el alquiler vacacional en todas las zonas clasificadas como turísticas, es decir, en gran parte de los territorios de las islas afectadas por el reglamento.
Aunque el borrador propuesto abre la puerta a que el planeamiento insular o municipal permitan la actividad en las zonas turísticas, para ACEGI sigue suponiendo una prohibición tácita o cuanto menos una moratoria, pues el desarrollo de tales planeamientos serían procesos largos y con un resultado totalmente incierto. Por tanto, el efecto a corto y medio plazo sería el de prohibición absoluta en dichas zonas.
Para ACEGI, son numerosos los impactos negativos que tendría esta regulación en caso de aprobarse: para empezar, y desde la perspectiva del sector inmobiliario generaría inseguridad jurídica que ahuyentaría tanto a grandes como pequeños inversores, afectando al volumen de negocio de las transacciones inmobiliarias, al valor de mercado de los inmuebles y por tanto al patrimonio de los ciudadanos, a la construcción que empieza tímidamente a repuntar, a la recaudación municipal y a la imagen exterior de Canarias como destino de inversiones.
ACEGI considera que precisamente es en las zonas turísticas donde debe favorecerse la implantación del alquiler vacacional, para evitar la mezcla de usos y posibles conflictos vecinales en zonas residenciales, y también para que afecte lo menos posible a la oferta de vivienda para la población residente. Por otro lado, no es un fenómeno nuevo que la vivienda en zonas turísticas sea más cara e inaccesible, lo cual en opinión de ACEGI, debe abordarse desarrollando políticas adecuadas de vivienda. Finalmente, el análisis de esta patronal es que hay otros factores que tienen más peso en el encarecimiento de la vivienda que el alquiler vacacional, principalmente la reactivación de la economía y también las bolsas de vivienda en manos de entidades financieras y fondos de inversión, quienes modulan su salida al mercado.
Además, ACEGI advierte que el efecto a corto plazo, ya desde la publicación del borrador, puede ser el contrario al deseado, si es que lo que se pretende es controlar el crecimiento de la oferta, pues son de prever un registro masivo de viviendas vacacionales que quieran acogerse a la actual regulación mientras puedan, así como un aumento de solicitudes de licencia de obras antes de la entrada en vigor del decreto, generando por tanto efectos especulativos que desequilibren el mercado.
En definitiva, muchos impactos negativos frente pocos positivos, pues querer alojar a los turistas fuera de las zonas turísticas no resulta ni lógico ni defendible desde el punto de vista del interés general, siendo así que la gran mayoría de colectivos y sectores, tanto privados como públicos, se han manifestado en contra de esta limitación, que frenaría la diversificación de la oferta turística y en general de la economía canaria con consecuencias a medio y largo plazo en el empleo y bienestar social. ACEGI se suma por tanto a las reivindicaciones ya formuladas por otros sectores como el del propio alquiler vacacional, construcción, comercio, ocio y restauración, gran parte de la patronal hotelera y extrahotelera, corporaciones municipales etc., en cuanto a no restringir esta actividad, sino regularla adecuadamente.
ACEGI recuerda que la actual regulación se aprobó con una amplia oposición de los agentes implicados en la tramitación del proyecto de decreto, excluyendo las urbanizaciones turísticas a última hora en el texto definitivo, sin ningún intento de consenso previo. Posteriormente sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han venido a dictar que tal exclusión es contraria a la libre competencia y no obedece al interés general, si bien no son firmes pues el Gobierno de Canarias ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
Por todo ello, para ACEGI no es comprensible ni aceptable que el Gobierno de Canarias no sólo no rectifique, sino que reincida en el error e incluso aumente la escala del mismo, y solicita al Gobierno de Canarias que manifieste cuanto antes su voluntad de modificar el proyecto de decreto en cuanto a permitir, debidamente regulado, el alquiler vacacional en las zonas turísticas con el fin de atajar la inseguridad jurídica que ya se está produciendo., y para que produzca otra fuente de riqueza , ayudando a potenciar una oferta alojativa variada y, en definitiva, a la creación de empleo.
