Costas está condenando al cierre a las empresas que prestan servicios náuticos

Servicios náuticos en las playas del sur.

El CEST exige que se apliquen en Tenerife Sur los mismos criterios de uso del litoral que en el Sur de Gran Canaria

Los empresarios y profesionales del Sur han denunciado el tratamiento desigual que por parte de Costas se está dando a las playas de Tenerife y Gran Canaria. En este sentido, desde el Círculo se exige que “se utilicen con las playas tinerfeñas los mismos criterios que vienen aplicándose en Gran Canaria y el resto del litoral español, donde las medidas de protección de la fauna marina se llevan a cabo permitiendo un margen para las zonas de actividades náuticas turísticas”. Considera el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife que Costas, a través del Servicio Provincial de Tenerife, está provocando “un agravio comparativo aplicando diferentes varas de medir al prohibir en Tenerife lo que permite en Gran Canaria”.

El CEST defiende la necesidad de proteger nuestra fauna marina pero pone de manifiesto que es igualmente necesario “compatibilizar ese  compromiso compartido con las particularidades de nuestra economía”. En esa dirección, proponen los empresarios y profesionales del Sur que “sin desatender dicha protección se otorgue un margen como en el caso de Gran Canaria, más aún cuando la zona de referencia no es de cría o puesta de huevos de las especies que se pretende proteger”.




El Servicio de Costas de Tenerife ha denegado las primeras renovaciones de servicios náuticos desde las playas en el sur de la Isla, servicios que llevan otorgándose en muchos casos más de veinte años. La Orden 2417/2011, de 30 de agosto, conforme al plan estatal Red Natura 2000, restringe las actividades turísticas en la costa sur  con especial incidencia en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Teno-Rasca, afectando por tanto dichas prohibiciones a las playas urbanas más turísticas.

A raíz de dicha Orden, que declara estas zonas costeras como lugares marinos de importancia comunitaria (LIC), se establecen limitaciones en su uso sin reparar en el grave impacto que esto provoca en la economía con la destrucción de puestos de trabajo, la desaparición de pequeñas y medianas empresas o, entre otras consecuencias, que nuestros turistas dejen de disfrutar de los servicios náuticos en las playas urbanas (motos acuáticas en circuitos, parascending, bananas, y otros).

Se calcula que cerca quinientos puestos de trabajo directos e indirectos se verán afectados si no se actualiza y desarrolla de forma adecuada la aplicación de dicha Orden. “La normativa que desarrolla el Plan Estatal Red Natura 2000 se pensó para proteger los espacios marinos naturales así como la flora y fauna, sin embargo lo  que comenzó siendo una iniciativa bien acogida por los ciudadanos, empresarios y profesionales ha desembocado, fruto de una aplicación errónea y a todas luces desmedida, en la desaparición de una infinidad de servicios que exigen quienes nos visitan y, por lo tanto, en una injustificada e injusta desprotección de cientos de trabajadores”, recalcan desde el Círculo. En este orden de cosas, desde el CEST se apunta que la Orden se está aplicando “de espaldas a los intereses de la Isla, generando importantes daños que si no se corrige la situación irán a más”.

El Servicio Provincial de Costas de Tenerife ya ha denegado la obtención de licencias para las actividades náuticas, resultando por lo tanto también imposible crear empresas que atiendan a una creciente demanda de cientos de miles de turistas.  “Se ha prohibido la renovación de las autorizaciones existentes, lo que a todas luces condena al cierre de prácticamente todas las pequeñas y medianas empresas, con los consiguientes despidos y el deterioro de la oferta a los visitantes”, recalcan  desde el CEST, alertando además de que “es gravísimo que en lo que a la oferta de ocio se refiere no se pueda hacer uso de las playas urbanas en la principal zona

turística de la Isla. La situación consolida un golpe muy duro a nuestro destino y nos debilita de forma más que significativa, poniéndonos a la cola, frente a nuestros principales competidores”.

El Círculo de Empresarios del Sur recuerda que prohibiciones de este tipo, así como la aplicación errónea de la Orden citada, no se da en ninguna otra parte del país.  “Sin ir más lejos, en Gran Canaria no se da esta situación porque se ha establecido una solución más sensata y razonable, con una franja costera reservada al ocio y  otra de protección marina, compatibilizando así ambos intereses, protegiendo la costa pero también los puestos de trabajo”, afirman.

Con estos antecedentes, y atendiendo a la necesidad de que no se incurra en injusticias o agravios, así como en la oportunidad de respetar un margen para actividades que generan directa e indirectamente más de mil de puestos de trabajo, el Círculo insiste en que la aplicación e interpretación restrictiva esta normativa está causando importantes problemas a la oferta de ocio y a los empleos del sector, una situación que supone un duro golpe para la economía, para los trabajadores y para los empresarios. El CEST denuncia “las graves incongruencias de la regulación, que al prohibir el uso de embarcaciones recreativas rápidas veta el uso de las costas en una Isla cuya economía depende del turismo”.

El Círculo del Sur considera que la protección del litoral debe compatibilizarse con  las necesidades de las playas urbanas, advirtiendo además de que la ZEC Teno-Rasca no permite disponer de la arena que las playas urbanas necesitan para su regeneración, como así se hizo cuando se construyeron. Al restringirse el uso de la arena que hay delante de las playas, en el fondo marino, se obliga a adquirir arena artificial “más sucia e incómoda para los usuarios”, señalan.

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