Las viviendas canarias suspenden en accesibilidad universal

Sólo un 0,6% de los 000 edificios destinados a viviendas en las Islas Canarias cumplen los criterios de Accesibilidad Universal para personas con movilidad reducida o discapacidad.

Un 75% de los edificios canarios no son accesibles de la calle al portal, solo el 34% de las fincas tienen rampa y un 35% carece de ascensor.

En diciembre de 2017 finalizó el plazo para que todos los edificios eliminasen las barreras arquitectónicas, de acuerdo con la normativa vigente.

 Sólo un 0,6% de los edificios de viviendas canarias cumplen los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad, a pesar de que en diciembre de 2017 finalizó el plazo para que las comunidades de propietarios cumpliesen con los requisitos de accesibilidad universal recogidos en el RDL de 2015 que exige el cumplimiento íntegro de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social.

Así lo recoge el estudio “La accesibilidad en las viviendas de España” elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, para conocer el estado actual de la accesibilidad en las diferentes zonas del edificio: desde su acceso desde la calle hasta el interior de la vivienda.

En las Islas Canarias existen 430.498 edificios destinados a viviendas2, de los que un 75% no son accesibles de la calle al portal porque, para empezar, existen escaleras en este punto. Además, solo el 34% de las fincas tienen rampa, que en algunos casos no es plenamente funcional.

La investigación, realizada entre más de 2.000 viviendas, desvela que el 25% de los edificios no poseen portero automático y, de los que lo tienen, el 76% no es accesible para una persona en silla de ruedas. Asimismo, de las viviendas que tiene telefonillo, únicamente un 16% es videoportero, dando un escaso 1% de accesibilidad universal en este punto.

“Se han evidenciado importantes carencias que impiden alcanzar una sociedad más igualitaria y justa en cuanto al acceso físico a la vivienda se refiere” señaló el presidente de la Fundación Mutua de Propietarios, Miquel Perdiguer Andrés. En este punto, el informe señala que el 70% de los encuestados desconocen la norma (art. 10.1 Ley de Propiedad Horizontal) que permite a los propietarios mayores de 70 años o con discapacidad forzar adaptaciones de accesibilidad universal hasta un determinado importe, sin la necesidad del consentimiento de la comunidad de propietarios.

En este punto, Sergio Nasarre, de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la URV, apuntó “que la realización de las oportunas reformas es responsabilidad y deben ser asumidas por la comunidad de propietarios si se refieren a elementos comunes del edificio, siempre que lo solicite un propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores de 70 años, siempre que sean razonables y que el gasto no supere las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, dado que hoy por hoy todos los edificios deberían ya cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad”. No obstante, Nasarre apunta a que “el problema es un parque de viviendas envejecido y cómo ha afectado la crisis a la solvencia económica de las comunidades de propietarios que en su mayoría arrastran problemas de morosidad”, e incide en que “son necesarias más ayudas públicas para aumentar la accesibilidad de las comunidades”.

Continuando por este recorrido de la vivienda, alrededor del 14% de los encuestados encuentra dificultades en abrir el portal de acceso al edificio debido a su peso o por dificultades en utilizar la cerradura. Asimismo, un 42% ha indicado que la puerta no se sujeta sola o se cierra demasiado rápido. Por este motivo, la accesibilidad de la puerta de entrada al edificio desciende al 48%.

La investigación, que se ha dado hoy a conocer en la presentación de la Fundación Mutua de Propietarios creada para mejorar la accesibilidad a la vivienda y su entorno, señala que un 35% de los edificios canarios carece de ascensor, importante indicador de falta de accesibilidad universal. Además, en los que sí hay, el anuncio sonoro solo está incorporado en un 22% de los ascensores, mientras que los botones en braille sí se encentran en el 59% de los casos. En definitiva, solo el 9% de los ascensores de las Islas Canarias son universalmente accesibles. En cuanto a los buzones, en un 78% de los casos no puede accederse a ellos desde una silla de ruedas.

Garaje y zonas comunes

El estudio de la Fundación Mutua de Propietarios analiza también el grado de accesibilidad de las zonas comunes, desvelando que únicamente el 23% de los garajes canarios son plenamente accesibles y que un 52% de los entrevistados considera que las plazas de aparcamiento no son adecuadas para una persona con movilidad reducida.

Además, las personas con necesidades especiales de accesibilidad no pueden tampoco disfrutar plenamente de áreas como la piscina o los jardines, dado que solo se consideran accesibles el 43% de las zonas comunes de los edificios de las Islas Canarias.

¿Pero cuál es el motivo por el que no se llevan a cabos las reformas exigidas? La investigación señala que, aunque un 43% de los canarios cree que deberían hacerse mejoras de accesibilidad en su edificio, el desconocimiento legal y los motivos económicos impiden su materialización.

Sobre la Fundación Mutua de Propietarios

La Fundación Mutua de Propietarios es una institución no lucrativa creada por la aseguradora Mutua de Propietarios con la misión de mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, a la vivienda y a su entorno. Las áreas principales en las que la Fundación Mutua de Propietarios desarrolla sus actividades son la accesibilidad, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la sensibilización de los actores sociales y políticos decisores en esta materia; la acción e inclusión social, mediante el diseño de actividades que favorezcan la integración y la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, y la innovación, con la finalidad de favorecer la integración de las nuevas tecnologías para mejorar las condiciones de vida a las personas con movilidad reducida.

 

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