María Lorenzo denuncia los impedimentos de RTVC para ejercer sus funciones como consejera del ente

María Lorenzo Consejera RTVC.

Sostiene que la reciente ‘convocatoria pública’ para la contratación de nuevos programas no cuenta con el visto bueno del Consejo Rector.

Además critica la falta de transparencia en todo el procedimiento.

La consejera de Radio Televisión Canaria, María Lorenzo, ha denunciado los impedimentos que el Ente Público pone al ejercicio de las labores encomendadas por el Parlamento regional, así como la falta de diligencia y transparencia de la Presidencia en la denominada “convocatoria pública” para la presentación de formatos para la nueva temporada televisiva.

María Lorenzo sostiene que, aunque estas prácticas dictadas por la Presidencia “han sido la forma habitual de actuar del presidente desde el nombramiento del Consejo Rector”, la situación se ha agravado desde el pasado mes de junio, momento a partir del cual se ha negado la entrega de la documentación requerida por la consejera “bajo diferentes excusas”.

En concreto, en relación con la ‘convocatoria pública’ anunciada por RTVC para la presentación de proyectos para el diseño de la nueva programación de Televisión Pública de Canarias, la consejera asegura que no se le ha entregado la documentación requerida en tiempo y forma, según el personal adscrito a la Presidencia del Consejo, “para evitar una contaminación del proceso”.

“Resulta especialmente grave que se hable públicamente de un procedimiento transparente cuando el Consejo Rector no tiene ningún conocimiento previo de dicho procedimiento. Nada de lo anunciado ha sido comunicado ni debatido en el seno del Consejo y cuando he pedido la información se me ha negado su acceso aludiendo a una posible contaminación del proceso”, señala la consejera.

En este contexto, María Lorenzo lamenta “ahondar en la preocupación que desde diversos sectores se ha expresado” sobre el devenir de la Radio y Televisión Públicas de Canarias. “No se trata sólo de ocultación de información o del ejercicio unilateral de facultades por parte de presidente, sino de algo más grave aún: se ha entorpecido la puesta en marcha de la Ley 13/2014 de Radio Televisión Pública de Canarias y todos los mecanismos de control y contrapeso que la misma Ley preveía a fin de evitar errores del pasado”.

En este sentido, la consejera indica que “nada se sabe de las Directrices de Contratación para las nuevas producciones audiovisuales, a pesar de las insistentes solicitudes realizadas en sede del Consejo Rector y que las actas del Consejo acreditan, y también fuera de él, tras más de año y medio desde nuestro nombramiento”, por lo que ya ha advertido en varias ocasiones al presidente del ente que “contrata bajo las mismas formas y sistemas que lo hacía su antecesor, que se encuentra respondiendo por ello en un Juzgado de Instrucción con no se sabe qué resultado”.

“Es preocupante pensar que en el caso de que se formalicen contratos con cargo a dicho anuncio, en ningún caso han contado con el legítimo respaldo del Consejo, pues este debía haberse adoptado con base a documentos previamente aprobados, circunstancia que no se ha producido. Nos encontramos ante dinero público de una televisión pública que debe cumplir un servicio público. No es posible pensar que se pueda contratar como si estuviese hablando de una sociedad cotizada en el Ibex 35”, dijo.

La consejera añade que en este año y medio de funcionamiento del ente tras la entrada en vigor de la Ley 13/2014 de Radio Televisión Pública de Canarias “no se han puesto en marchar las principales herramientas ordenadas por la normativa, como las Directrices de Programación, Publicidad y Producción, el Reglamento Orgánico, el Consejo Asesor o el Consejo de Informativos”.

 

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