El Ayuntamiento de Granadilla destina 135.840 euros en ayudas para Educación Infantil y Primaria

Yanira González, responsable de la Concejalía de Educación de Granadilla.

Las cantidades económicas están dirigidas a sufragar gastos educativos como libros, material y transporte escolar.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de Educación cuya responsable es Yanira González, ha concedido un presupuesto total de 135.840 euros en ayudas para Educación Infantil y Primaria que se han repartido entre un total de 1.132 solicitudes.

González explica que estas cantidades económicas están dirigidas a sufragar gastos educativos como la adquisición de libros y material y transporte escolar; favoreciendo el acceso a la enseñanza reglada de los estudiantes del municipio en entornos familiares con dificultades económicas. En cuanto a los requisitos para acceder a estas ayudas figuran la renta económica y el número de hijos e hijas, así como estar inscrito al menos seis meses en el padrón municipal, entre otros.

 

La edil asevera que son “conscientes” de las necesidades de las familias granadilleras, por lo que se trabaja para dar prioridad a la política de becas y cubrir las necesidades reales de la población estudiantil más necesitada, independientemente de que reciban otro tipo de ayudas del Ministerio de Educación o de otras instituciones, pues son un complemento para cubrir el coste del material y el transporte.

Agrega que “la continuidad y la mejora significativa en la financiación de ayudas al estudio fortalece el compromiso del Ayuntamiento con la educación y la formación como servicios fundamentales para los granadilleros y las granadilleras”. Hay que tener en cuenta que el municipio posee una importante población estudiantil repartida en 14 Centros de Enseñanza de Infantil y Primaria y 4 Institutos de Enseñanza Secundaria.

 

Agrega que en el presupuesto general para 2017 se ha incrementado en 320.000 euros las cantidades para este fin durante el presente ejercicio económico. La educación, apunta Yanira González, “es un derecho fundamental consagrado en la Constitución pero también es una responsabilidad de la comunidad educativa. E independientemente de los niveles de renta de las unidades familiares, se debe trabajar para propiciar que todos estén en igualdad de condiciones en materia educativa”.

 

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