Noticias Tenerife CC de Arona denuncia que pongan, de manera ilegal, un sobresueldo de 1500 euros a un técnico de urbanismo

CC de Arona denuncia que pongan, de manera ilegal, un sobresueldo de 1500 euros a un técnico de urbanismo

La medida, ha sentado como un jarro de agua fría a la gran mayoría de los trabajadores del consistorio aronero y a los propios representantes de los trabajadores, provocando una gran alarma y crispación que puede desembocar en la ruptura de paz social que debe reinar en cualquier empresa.

La decisión fue tomada en forma de resolución firmada por el concejal de urbanismo como alcalde accidental, a pesar de las advertencias de ilegalidad recogida en dos informes, uno de la propia Interventora y el otro de la jurista y Jefa de Sección de Recursos Humanos, estando el expediente CON REPARO DE ILEGALIDAD. Aún así el concejal de urbanismo hace caso omiso a las advertencias de la Interventora y jurista de urbanismo y a la propia ilegalidad ordenando el pago de los 1.500.€.

El concejal de urbanismo, don Luís García  argumenta en su propuesta que este sobresueldo de 1500 € en concepto de productividad obedece al incremento de funciones producido en el puesto de dicho funcionario a partir del 2 de febrero de este año, circunstancia que sorprende aún más a los nacionalistas si se tiene en cuenta que dicho funcionario al poco tiempo, causó baja durante 5 meses.

Coalición Canaria en Arona, al igual que muchos trabajadores del Ayuntamiento de esta localidad, no salen de su asombro al conocer la resolución que el concejal de urbanismo don Luís García firma como alcalde accidental asumiendo la grave responsabilidad  de ordenar que se conceda y abone una productividad mensual de 1500 € a un funcionario jefe de servicio del área de Urbanismo.

Igual de sorprendente resulta que lo haga como ALCALDE ACCIDENTAL, lo que resulta igualmente sospechoso, sobre todo teniendo en cuenta que para sustituir han tenido que ausentarse el Alcalde y los  3 concejales siguientes, que estarían antes que el Concejal de Urbanismo, por tanto, el edil de Urbanismo por acción y el resto de los concejales por omisión, podrían estar incurriendo en una presunta PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS.

Los nacionalistas declaran que    el abono de este plus de productividad de 1500 € se otorga, por incremento de funciones, a un funcionario que al poco tiempo  de producirse ese cambio en sus funciones (mes de febrero) , causó baja por 5 meses.  Aunque, según afirma CC Arona, lo más grave de este asunto está en el hecho de que a la resolución ordenando el abono de este sobresueldo le acompañan sendos informes desfavorables de la interventora y de la jefa de sección de personal que, advirtiendo sobre la ilegalidad de esta propuesta, deniegan y reparan esta medida por entender que no cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente relativos a la concesión de la productividad, asi como los objetivos asignados a la misma, no se dispone de un reglamento de productividad debidamente aprobado, al igual que se omite la obligación de negociación en mesa general.

Incumplimientos del gobierno local.

Coalición Canaria en Arona, por medidas como ésta, reprueba la nefasta gestión de los socialistas en el gobierno local, en lo que al personal se refiere a lo largo de todo este mandato. Los tacha de “insensibles y arbitrarios”, tal y como lo demostraron en el pleno de este pasado jueves al preguntarles por la  la situación laboral de las 19 trabajadoras que actualmente prestan el servicio del 010. En concreto,  los nacionalistas se interesaron por conocer en qué fecha este grupo de gobierno pretende acatar la sentencia judicial forzosa impuesta por el Tribunal Supremo a este Ayuntamiento el pasado mes de septiembre del año en curso, dónde resuelve que estás trabajadoras deben pasar a una contratación laboral indefinida. A lo que la concejal de Recursos Humanos, doña Yolanda Mendoza, no fue ni clara ni concisa, evadiendo la respuesta y generando, si cabe, aun más incertidumbre y preocupación a estas trabajadoras que ven como este gobierno incomprensiblemente elude la responsabilidad de acatar una sentencia  firme del más alto tribunal que se debería ejecutar sin más dilación.

 

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