Noticias Tenerife El proyecto ‘Base 25’ asegura el derecho a la vivienda de los tinerfeños

El proyecto ‘Base 25’ asegura el derecho a la vivienda de los tinerfeños

Se informó del mismo en el Consejo Insular de la Vivienda celebrado con la representación de todos los agentes implicados.

Al frente de la sesión estuvo el vicepresidente primero y consejero de Cooperación Municipal, Vivienda y Aguas, Aurelio Abreu, acompañado por la consejera de Gobierno Abierto, Coromoto Yanes; y las directoras insulares de Vivienda, Marta Arocha, y de Inclusión Social, Juana María de la Rosa.

 El Cabildo acogió recientemente la celebración del Consejo Insular de la Vivienda, en el que se informó, entre otros asuntos, sobre el proyecto ‘Base 25’, que se lleva a cabo junto a Cáritas Diocesana y trabaja con personas que están en riesgo de perder sus viviendas mediante la puesta a disposición de un equipo multidisciplinar que les acompañará durante todo el proceso hasta que consigan normalizar sus vidas.

Al frente de la sesión estuvo el vicepresidente primero y consejero de Cooperación Municipal, Vivienda y Aguas, Aurelio Abreu; junto a la consejera insular de Gobierno Abierto, Coromoto Yanes; y las directoras insulares de Vivienda, Marta Arocha, y de Inclusión Social, Juana María de la Rosa. También asistieron representantes de Cáritas Diocesana, la FECAM, el Colegio de Trabajadores Sociales, Aparejadores y Arquitectos, así como las plataformas de afectados por las hipotecas y los desahucios, sindicatos y entidades bancarias.

Aurelio Abreu destacó en su intervención “la necesidad de dignificar a las personas”, e hizo especial hincapié en que “el Cabildo siempre dará un paso al frente para dar respuesta a los problemas habitacionales de la Isla y garantizar el derecho a la vivienda de todos los tinerfeños”.

Por su parte, Marta Arocha dio a conocer las líneas generales del Proyecto ‘Base 25, por el que el  Cabildo, a través del Área de Cooperación Municipal, Vivienda y Aguas, concede una subvención a Cáritas Diocesana por importe de 304.000 euros para desarrollar esta iniciativa que pretende evitar que haya personas sin hogar.

Marta Arocha recordó que dicha iniciativa surge del proyecto ‘Ciprés’, que se puso en marcha hace más de dos años por parte del Cabildo y Cáritas Diocesana como recurso alojativo para personas sin hogar que se encuentran en una fase avanzada de normalización socio-laboral.

De igual modo, la directora insular destacó el carácter preventivo y de intervención del ‘Base 25’, y apuntó que “el aspecto preventivo es el que mejor resultado está teniendo con la paralización de los desahucios, aunque también con la intervención buscamos de manera activa alquileres sociales para personas que no pueden hacer frente a los pagos”.

La coordinadora de Acción Social de Cáritas, Úrsula Peñate, desarrolló los detalles del proyecto, y afirmó que “en esta materia, hay dos formas de trabajar por parte de las administraciones: aquellas que se limitan a conceder una subvención y aquellas como el Cabildo de Tenerife, que se coordinan, en todo momento, con todas las entidades implicadas, a través de Base 25”.

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna, Flora Marrero, quien también asistió al Consejo Insular de la Vivienda, resaltó la coordinación y la preocupación que manifiesta el Cabildo en materia de desahucios en su municipio y dijo que “existe contacto permanente entre el Cabildo y la entidad. Estamos coordinados en todo momento”.

Proyecto ‘Base 25’

A través de ‘Base 25’ se intervendrá en supuestos tales como la intermediación en procesos extrajudiciales y judiciales abiertos donde familias y/o personas estén en riesgo de perder su vivienda habitual; o la concesión de ayudas directas al alquiler en aquellos casos donde sin existir procedimientos judiciales abiertos.

Se incluye también en este proyecto la actuación cuando la unidad convivencial tenga dificultades para el pago de las mensualidades o con procesos judiciales abiertos pagando la enervación; así como también en la concesión de ayudas económicas para el pago de meses de alquiler por adelantado, en aquellos casos de unidades de convivencia que tras pasar por un recurso alojativo para personas en situación de sin hogar y teniendo ingresos mínimos, tenga dificultades para acceder a una vivienda normalizada por no disponer de fiadores.

Para poder beneficiarse del proyecto, es requisito imprescindible que no haya una alternativa alojativa y que acepte un proceso de acompañamiento e intervención a través de un equipo multidisciplinar para incidir en las causas que originaron la situación en la que se encuentra, con el objetivo de su subsanación o corrección. Es un este punto en donde entra en juego el protocolo conjunto que se ha realizado entre Cáritas y los equipos multidisciplinares de Servicios Sociales de cada municipio.

Plan de Rehabilitación de Viviendas

De igual modo, se dio cuenta del Plan Insular de Rehabilitación de Viviendas,  que con una inversión de más de 1,6 millones de euros para todos los municipios de la Isla, asegura la función social de la vivienda con subvenciones directas a los ayuntamientos para que las distribuyan entre los propietarios cuyas casas no tengan las condiciones mínimas de habitabilidad, y que estén en situación de extrema necesidad.

Dicho Plan cuenta con un presupuesto de 1.659.935,12 euros, que se distribuirán entre los ayuntamientos según el número de habitantes (los municipios de menos de 20.000 habitantes aportarán el 10 por ciento, los de entre 20.000 y 50.000 habitantes aportarán el 20 por ciento, y los de más de 50.000 habitantes aportarán el 50 por ciento).

En base a este documento, los ayuntamientos, mediante convocatorias públicas, conceden dichas subvenciones que, complementadas con su aportación, llegarán a los distintos beneficiarios y a los inmuebles. Las cuantías individuales a entregar por parte de las corporaciones locales no superarán los 6.000 euros, salvo casos excepcionales y justificados mediante informes técnicos.

Las obras a financiar por este Plan son, entre otras, aquellas que comprendan total o parcialmente la supresión de barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, que garanticen la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales, y que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad o protección contra incendios. De igual modo, la concreción de los trabajos se llevará a cabo por cada uno de los ayuntamientos, en base a los informes técnicos municipales, con el fin de adaptar este Programa a las necesidades de cada localidad.

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