Noticias Tenerife Las reuniones de el Cabildo y Tragsa no cuentan con la representación de los trabajadores

Las reuniones de el Cabildo y Tragsa no cuentan con la representación de los trabajadores

CCOO denuncia ante la autoridad laboral la opacidad en la reuniones de el Cabildo y la empresa Tragsa sin contar con la representación de los trabajadores.

Tragsa promueve la subcontratación de empresas de seguridad privada para la vigilancia de El Teide.

Comisiones Obreras lamenta que desde el Cabildo de Tenerife se anuncien y celebren reuniones con la gerencia de la empresa pública Tragsa, sin que hasta la fecha hayan atendido las peticiones de reunión, tanto de trabajadores como de sus representantes, peticiones que fueron lanzadas meses atrás ante la gravedad del asunto.

Tampoco ha sido atendida hasta la fecha la solicitud de reunión presentada por CCOO el pasado 21 de agosto.

La única información obtenida por trabajadores y representantes es la que están publicando los medios de comunicación, a través de la radio y la prensa escrita.

Comisiones Obreras ya ha denunciado ante la Autoridad Laboral la opacidad del proceso y la constante negativa a facilitar la información a la representación legal de los trabajadores.

Respecto a la noticia aparecida en prensa este pasado fin de semana, la consideramos una cortina de humo, y lo que parece indicar, es que Tragsa y el Cabildo insular están intoxicando a la opinión pública, para que admita como normal esta irregularidad de sustituir a trabajadores formados y con experiencia, por empresas de seguridad privada sin conocimientos, ni competencias para ejercer esta actividad.

Los trabajadores ya mantuvieron el pasado mes de julio un encuentro con el Subdelegado del Gobierno en Canarias y con mandos de la Guardia Civil quienes informaron que ya está elevada una consulta a la Secretaría Técnica, y ya les adelantan que el informe resultante será negativo a que Tragsa pueda desempeñar labores de seguridad privada, aludiendo a la literalidad de la propia ley de Seguridad Privada que, para el caso concreto de Tragsa y del Parque Nacional de El Teide, no permite interpretaciones libres, ni excepciones.

Los trabajadores tienen claro que tanto Cabildo Insular como la dirección de Tragsa son plenamente conscientes de la situación actual, de los errores cometidos y del destino final de los trabajadores perjudicados pero su prioridad parece estar en evitar reconocer abiertamente su mala gestión de estos últimos años.

CCOO quiere dejar patente su apoyo incondicional al personal de Tragsa, y pide que no se subcontrate el servicio de apoyo a la vigilancia en el Parque Nacional de El Teide, y que éste se siga desarrollando por parte del actual personal que lleva muchos años desempeñándolo.

La LSP define de manera indubitada que el Parque Nacional de El Teide no entra en el ámbito de actuación del personal de seguridad privada. Los marcos previstos por esta Ley que rige el sector, establecen las distintas especialidades, actividades y lugares, en los que los guardas rurales ejercerán sus funciones, siempre, y únicamente en la esfera del ámbito privado, así que no cabe la posibilidad de que estos servicios de seguridad privada puedan ser prestados en terrenos del dominio público, en sus vías de comunicación o en cualquier otro lugar que esté incluido en el ámbito de este dominio público, ya que la seguridad en estos espacios es competencia exclusiva de los empleados públicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,  y Agentes de Medio Ambiente.

El Parque Nacional de El Teide recibe cerca de 4 millones de visitas al año y tanto sindicatos como trabajadores están de acuerdo con el Cabildo en que existe una problemática añadida ante los frecuentes hurtos que se han venido produciendo en los miradores, lo que evidencia la necesidad de proveer de herramientas y recursos adecuados, como un reglamento que desarrolle el PRUG permitiendo ejercer las acciones adecuadas, y más personal que informe, y advierta realizando una importante labor disuasoria, función que ya desempeña con bastante efectividad el personal de Tragsa.

La solución pasaría por incorporar aún más personal de apoyo que preste una labor de información, y a la vez una vigilancia disuasoria con presencia constante y aumentada durante las 24 horas además de fomentarse el necesario y obligatorio respaldo de las fuerzas de orden público: guardia civil, policía nacional, autonómica y policías locales pues tienen plenas competencias en este ámbito, cuestión que puede incentivarse desde las propias instituciones públicas.

 

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